La Audiencia Territorial de Münster (oeste de Alemania) ordenó este miércoles el retorno al país del presunto yihadista tunecino Sami A, quien presuntamente sirvió como guardaespaldas al líder de la red terrorista Al Qaeda Osama Bin Laden y que tras un largo tira y afloja fue expulsado hace un mes de forma irregular a Túnez.
El tribunal dictaminó que la ciudad de Bochum, donde residía Sami A., deberá gestionar su retorno al país, aunque dejó abierta la puerta a que sus autoridades presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El presunto yuhadista tunecino, de 42 años y fichado como peligroso por los servicios de seguridad, vivía en Alemania desde hace más de 20 años y había presentado en 2005 una solicitud de asilo, que le fue rechazada.
Tras sucesivos recursos contra su orden de expulsión, Sami A. fue finalmente entregado a las autoridades tunecinas a mediados de julio.
En el momento de ser ejecutada esa orden había un dictamen de un juez de Gelsenkirchen, en el "Land" de Renania del Norte-Westfalia como Bochum, en contra de su entrega por considerarse que estaba amenazado de sufrir torturas en su país de origen.
Esta decisión no fue cursada a su debido tiempo a las autoridades de Bochum, sino que cuando la recibieron el tunecino se encontraba ya en un avión en dirección a su país.
A partir de ahí se presentó en Gelsenkirchen un nuevo recurso contra la expulsión irregular, a lo que ahora respondió la Audiencia Territorial.
Este caso se convirtió en ilustrativo para la prensa más popular y también para la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de las dificultades de las autoridades alemanas para ejecutar una expulsión, inclusivo en presuntos islamistas fichados como peligrosos.
Sami A. llegó a Alemania hace 21 años con un visado de estudiante, residía en los últimos tiempos en Bochum junto a su mujer y sus dos hijos y recibía un subsidio de 1.167,84 euros mensuales.
La Fiscalía Federal había abierto diligencias contra él en 2006 ya que se sospechaba que entre 1999 y 2000 había recibido formación militar en un campamento de Al Qaeda en Afganistán y que, durante un tiempo, había sido guardaespaldas de Bin Laden.
Además, se le imputaban vínculos con círculos salafistas tras su regreso a Alemania.
Su caso fue archivado en 2007 por falta de pruebas y además un tribunal estimó que no se le podía expulsar por peligro de sufrir torturas, pero tras una nueva serie de recursos, las autoridades migratorias ordenaron que se ejecutara su expulsión e ingresó en prisión preventiva, a la espera de su deportación, lo que finalmente ocurrió en julio.
