El comienzo del éxodo de 700.000 miembros de la minoría rohingya a Bangladesh cumple hoy un año sin que se den las condiciones de seguridad y acogimiento para su regreso al oeste de Birmania (Myanmar).
Las autoridades birmanas no han organizado ningún acto oficial para recordar esta crisis humanitaria provocada por una operación militar en respuesta al ataque de militantes rohingya a un treintena de puestos policiales en el estado Rakáin el 25 de agosto de 2017.
Los soldados han sido acusados de cometer asesinatos, violaciones y quemar casas en una operación de "limpieza étnica", según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero el Ejército y el Gobierno birmano niegan cualquier abuso contra esta comunidad de mayoría musulmana.
La autoridades insisten en que el problema principal es el riesgo de "terrorismo" debido al grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), responsable de sendos ataques en 2016 y 2017 en el norte de Rakáin (antiguo Arakan).
En un comunicado, ARSA afirmó este sábado su intención de continuar con la lucha para permitir el regreso de los rohingya a Rakáin y acusó a las autoridades birmanas de buscar la destrucción de su pueblo.
"Tenemos el derecho legítimo bajo las leyes internacionales a defendernos en conformidad con el principio de autodefensa", subraya la nota del grupo guerrillero colgada en Twitter y donde niega las acusaciones de asesinato de decenas de hindúes supuestamente comedidos en agosto del año pasado.
Muchos birmanos budistas banalizan los estragos sufridos por los rohingya, como las violaciones y asesinatos de menores que han denunciado decenas de refugiados, y culpan de la situación a ARSA, al tiempo en que insisten en que los rohinyás son "extranjeros bengalíes".
Las autoridades birmanas, incluido el actual Ejecutivo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, han negado durante décadas la ciudadanía a los rohingya, que viven en una especie de "apartheid" sin libertad de movimiento en Rakáin.
El rechazo a los rohingya proviene sobre todo de sectores ultranacionalistas budistas que ven a los musulmanes como una amenaza, a pesar de representar solo entre el 4 y el 10 por ciento -según diferentes estimaciones- de la población del país.
