La presión judicial y la proximidad de las legislativas de medio mandato (6 de noviembre) desataron de nuevo ayer la agresividad del presidente de EE UU, Donald Trump, quien en apenas unas horas amenazó al departamento de Justicia y al FBI, a la vez que tachaba de "ilegal" la investigación de la trama rusa.
Trump inició su escalada calificando de "ilegal" la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta conspiración entre su equipo de campaña y Rusia para imponerse en las presidenciales de 2016 a Hillary Clinton. La ilegalidad vendría de que las pesquisas apuntan al círculo más íntimo del magnate, empezando por su hijo Donald junior, y le tienen a él mismo en el punto de mira. Mueller pretende interrogarle.
Para Trump, "grandes académicos" que no identificó consideran que no debería haber un fiscal especial investigando esos hechos. Sin embargo, Mueller cuenta con el respaldo del departamento que lo nombró, el de Justicia, cuyo responsable, el fiscal general, Jeff Sessions, lleva meses convertido en bestia negra de Trump. Hasta el punto de que en las últimas semanas ha ido creciendo el rumor de que el Presidente lo va a cesar ya.
Trump lo desmintió ayer, aunque se negó a precisar si mantendrá a Sessions tras las elecciones de noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de al menos una de las cámaras del Congreso. Sin embargo, poco después amenazó con intervenir el departamento de Justicia y el FBI, a los que acusó de "no hacer su trabajo", sin dar más precisiones.
En ese turbio ambiente, un sondeo del diario "The Washington Post" y la cadena ABC aseguró ayer que el 60% de los estadounidenses desaprueba el trabajo de Trump, cuatro puntos más que en la anterior oleada. Sólo un 36% le apoya. Un 49% de los encuestados defiende que el Congreso inicie un proceso de destitución ("impeachment"), mientras que un 46% se opone a poner en marcha ese tipo de juicio político.
