El primer ministro húngaro, el autoritario Viktor Orban, denunció ayer con energía el "chantaje" al que, en su opinión, somete la UE a su Gobierno en represalia por su política de línea dura con los migrantes. Esta política le ha llevado a reforzar las fronteras, rechazar las cuotas y encabezar junto a Italia el bloque de países que se oponen a las políticas migratorias comunitarias.

La denuncia fue pronunciada en el curso de una sesión del Parlamento Europeo, que hoy votará si pone en marcha el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión, que podría desembocar en la privación de voto a Budapest en los consejos europeos si se estima que está violando los principios comunitarios recogidos en el artículo 2.

"Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que nuestra patria no iba a ser un país de inmigrantes", dijo el dirigente a los eurodiputados. "Hungría no va a ceder al chantaje. Hungría va a proteger sus fronteras", agregó. La situación de los derechos de los inmigrantes y refugiados es, no obstante, sólo una de los doce "preocupaciones" que recoge el informe de la ponente Judith Sargentini, entre otras relativas al "funcionamiento del sistema constitucional y electoral", "la independencia del poder judicial" y diversas libertades individuales. Junto con Polonia, a la que se le activó el procedimiento el pasado diciembre, Hungría es el estado miembro que más preocupa a Bruselas por su deriva autoritaria.

La sesión de ayer registró un duro enfrentamiento entre el político magiar y Manfred Weber, el del líder del PPE, el eurogrupo en el que se integra Fidesz, el partido de Orbán. Weber se dirigió directamente a Orbán para recriminarle que, si bien "se pueden tener ideas distintas sobre la inmigración", lo que "no se puede es decir que hay que tener miedo a los musulmanes, porque eso abre aún más la brecha, y creemos en una Europa con libertad de religión y separación entre Iglesia y Estado". Mientras, las fuerzas euroescépticas aplaudieron a Orbán cuando aseguró que no piensa tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo sobre la salud de su democracia.