El ministro del Interior alemán, el social cristiano Horst Seehofer, anunció ayer un acuerdo entre Berlín y Roma para devolver a los inmigrantes que sean interceptados en la frontera germana y que previamente hayan solicitado asilo en Italia.

"Acabo de saber que el acuerdo con Italia también se ha cerrado. Faltan todavía las dos firmas del colega italiano (Matteo Salvini) y la mía. Para ahorrar en gastos de viaje, intercambiaremos los papeles, así que igual llevará aún unos días", explicó Seehofer en una intervención ante el Bundestag (Cámara baja).

Calificó de éxito el acuerdo alcanzado con Italia y recordó que documentos similares ya han sido firmados con España y Grecia.

Los acuerdos suscritos hasta el momento se limitan a los casos en la frontera germano-austríaca, donde desde julio se llevan a cabo controles fronterizos, y a aquellas personas que hayan solicitado asilo en uno de los países comunitarios con los que hay un convenio.

El acuerdo con España, el primero de estas características que quiere cerrar Alemania con otros socios europeos, entró en vigor el pasado 11 de agosto.

El Ministerio del Interior alemán informó el miércoles de la firma de un acuerdo entre Alemania y Portugal basado en el convenio de Dublín que pretende acelerar las devoluciones de inmigrantes que están en territorio alemán pero habían sido previamente registrados en Portugal.

Entre tanto, Hungría planea presentar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una demanda contra el voto del Parlamento Europeo a favor de sancionar a Budapest por violar el Estado de derecho.

El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, adujo una razón ya aportada por las autoridades magiares la víspera: que la votación no fue válida porque no se contabilizaron las abstenciones. Gulyás adelantó que su país podría reclamar en la corte de Estrasburgo "la anulación de la decisión" de la Eurocámara.

Con más de dos tercios de los votos (448 a favor, 197 en contra y 48 abstenciones), los eurodiputados dieron el miércoles su visto bueno a un informe que supone la apertura de un proceso para aplicar el artículo 7 de los Tratados Europeos y sancionar a Hungría, que podría perder incluso el derecho a voto en las reuniones del Consejo Europeo.

Dos de sus aliados más estrechos, Chequia y Polonia, salieron ayer en defensa del Gobierno magiar. El primer ministro checo, Andrej Babis, afirmó que respaldará a su "aliado". El canciller polaco, Jacek Czaputowicz, fue más concreto y anunció que, en caso de sanciones contra Budapest, Varsovia las vetará.