Un juez federal de California, Edward M. Chen, prohibió ayer a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, llevar a la práctica la expulsión de más de 300.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, que gozan en EE UU de un estatuto de protección temporal. El veredicto del juez, recurrible ante el Supremo, es respuesta a una demanda presentada por varios inmigrantes que gozan de ese estatuto, conocido como TPS. El TPS ofrece protección contra la deportación a inmigrantes que ya se encuentran en EE UU, incluidos aquellos que entraron de forma ilegal desde países afectados por desastres naturales, conflictos civiles y otras conmociones. El juez fundamenta su prohibición en que "el Gobierno no ha logrado establecer que amenace ningún daño real si el statu quo (de las dos últimas décadas) se mantiene".
La Administración Trump ha mostrado un profundo escepticismo hacia el programa TPS y ha movido sus tentáculos para revocar el estatuto otorgado a cientos de miles de inmigrantes de varios países, incluidos los cuatro mencionados en la demanda.
Entre tanto, la investigación del FBI sobre el juez Brett Kavanaugh, el candidato de Trump al Supremo, ha concluido que no hay "indicios de mala conducta" en el comportamiento del magistrado, acusado por hasta cuatro mujeres de abusos sexuales perpetrados en la década de 1980. Así al menos lo informaron relevantes senadores republicanos, la víspera de que hoy se vote, previsiblemente, la confirmación del juez en el Pleno del Senado. Los demócratas expresaron su malestar calificando la investigación de la Policía Federal de "incompleta" y "limitada".
Miles de personas se manifestaron ayer en Washington contra la confirmación de Kavanaugh, convocadas por organizaciones feministas y de defensa de los derechos civiles que llamaron a una jornada de movilizaciones.
