La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, pidió este viernes abrir una investigación en Palestina por supuestos crímenes de guerra, según informó el tribunal en un comunicado.

"Existe una base razonable para proceder a una investigación", dijo Bensouda, que explicó que ha reclamado a los jueces abrir las pesquisas en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

Las autoridades palestinas llevaban tiempo reclamando que la CPI investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron en 2018 y dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos.

Bensouda declaró este viernes que, tras abrir un examen preliminar en 2015, ha llegado a la conclusión de que "se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra" en territorios palestinos y "los posibles casos derivados de la situación serían admisibles" ante el tribunal de La Haya.

Israel ha rechazado que la CPI intervenga y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que la corte no tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados ya que sólo puede actuar en Estados soberanos y "nunca hubo un Estado palestino".

No obstante, Palestina es desde enero de 2015 un Estado Parte del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, por lo que la Fiscalía tendría potestad para investigar los supuestos crímenes, más allá de la nacionalidad de los posibles responsables.

En mayo de 2018, la Autoridad Nacional Palestina pidió de forma expresa abrir la investigación, lo que en un principio permitiría a la Fiscalía comenzar con las pesquisas sin permiso de los magistrados.

Cuestión preliminar

Sin embargo, Bensouda le ha pedido a una sala de cuestiones preliminares de la CPI que especifique "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

La aclaración serviría para "determinar la capacidad de la Corte para ejercer su jurisdicción" y es "una cuestión fundamental que debería decidirse ahora, y lo más rápidamente posible, en interés de las víctimas y las comunidades afectadas", dijo la fiscal jefe.

Está por ver cuándo se pronunciarán los jueces, pues el Estatuto de Roma no establece una fecha límite para dicha decisión, explicó una fuente del tribunal a Efe.

El examen preliminar abierto hasta ahora por la Fiscalía se basa en documentos enviados por terceros, como la Autoridad Nacional Palestina y diversas ONG.

Si los jueces dan luz verde a las pesquisas, la Fiscalía podrá acudir a territorios palestinos para recabar evidencias, recabar testimonios de víctimas y, eventualmente, emitir órdenes de arresto.

La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar dichas órdenes, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas. De momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en un informe de la Fiscalía hecho público hace dos semanas se nombra el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorios ocupados.