El Tribunal Oral Federal de Argentina ha condenado al expolicía Miguel Etchecolatz, junto con otras 15 personas, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de San Justo, una sentencia que supone la octava cadena perpetua de una de las figuras más representativas de la represión de la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1983).

Etchecolatz, comisario general de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años de represión, ha asistido a la sentencia desde la cárcel de Campo de Mayo, desde donde ha sido declarado culpable como coautor de la privación ilegítima de la libertad de 54 víctimas, agravada por la violencia e imposición de torturas y por tratarse de perseguidos políticos, siete de los cuales fueron asesinados.

Al sentenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad, el tribunal ha considerado que los actos de los condenados como imprescriptibles, y los ha sentenciado por los secuestros y torturas que tuvieron lugar en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de la Policía bonaerense en San Justo como parte de las dependencias de la Comisaría 1 de la Policía Bonaerense.

Tras poco más de dos años de juicio, los jueces también han condenado a los acusados por secuestros seguidos de muerte y los abusos sexuales sufridos por las personas que pasaron por ese centro clandestino.

El documento presentado por la acusación también detallaba que San Justo supuso "un centro de apropiación y distribución de bebés y niños, ya que en la Brigada hubo detenidas desaparecidas embarazadas que luego dieron a luz en cautiverio y niños que permanecieron secuestrados junto a sus padres", tal y como recoge 'Página12'.

Además, el documento lo califica como "campo de concentración y exterminio" que se caracterizó por "gozar de una impunidad absoluta durante su período de vigencia".

Es más, "incluso después de haber finalizado su funcionamiento como campo de concentración, logró que se mantuviera sobre sí un manto de intriga que le permitió, hasta hace relativamente poco tiempo atrás, pasar inadvertida y no ser etiquetada socialmente".

Entre los acusados se encuentran miembros de la Policía de Buenos Aires, del Ejército y del Gobierno civil, de los cuales diez han recibido condenas a prisión perpetua, otros seis han sido condenados a 25 años de prisión y uno ha sido absuelto.

Los acusados enfrentaban un total de 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos, a lo que se ha sumado en el transcurso de la investigación delitos por abusos sexuales. Diecinueve de las 84 víctimas que pasaron por aquel centro clandestino de detención siguen desaparecidas.

Junto con la condena, la sentencia del juez insta a las autoridades a desmantelar el lugar donde funcionó el centro clandestino de tortura y represión para convertirlo en un "Espacio de Memoria", algo que reclaman los supervivientes, familiares de víctimas y organizaciones sociales.

Tras hacerse pública la sentencia, el colectivo Abuelas de Plaza de Mayo ha emitido un comunicado asegurando que "llegar a la sentencia demuestra claramente que el pueblo argentino tiene memoria. Que seguimos el camino de las Madres y de las Abuelas. Que no nos han vencido. Que los ideales de los 30.000 están más vivos y vigentes que nunca".

Por su parte, Etchecolatz, al escuchar la sentencia de los jueces, se ha puesto en pie para mostrar un cartel blanco que llevaba colgado del cuello en el que se leía "señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa".

Las organizaciones de Derechos Humanos de Argentina cifran en 30.000 las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura, en la que Etchecolatz, como director de investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1979, estuvo a cargo de organizar "grupos de tareas" que secuestraron y torturaron hasta la muerte a miles de personas en el llamado "Circuito Camps", formado por 29 centros clandestinos de detención en Buenos Aires.