El relator especial de Naciones Unidas en Birmania, Tom Andrews, ha acusado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Ejército del país de cometer crímenes contra la humanidad en la "brutal respuesta a las protestas" e incluso antes del golpe.
"La brutal respuesta de la junta de Birmania ante manifestantes pacíficos reúne probablemente los requisitos legales para considerarse crímenes contra la humanidad", ha señalado Andrews en un comunicado que acompaña su informe.
El relator especial ha asegurado que los habitantes del país asiático no necesitan únicamente palabras, sino "ayuda de la comunidad internacional" y ha llamado a actuar a los estados miembros ante la dificultad de una acción coordinada por el Consejo de Seguridad, donde hay varios miembros reacios a ir más allá de la condena emitida este miércoles.
Andrews ha llamado a formar una "coalición de emergencia para las personas de Birmania" y ha recomendado cinco "acciones" que deberían llevarse a cabo "inmediatamente.
Entre ellas se encuentra cortar los fondos para las empresas de los militares y la compañía de Petróleo y Gas de Birmania, la mayor fuente de ingresos estatal, imponer un embargo de armas y usar la jurisdicción universal para lograr que los militares rindan cuentas si el Consejo de Seguridad no deriva el caso al Tribunal Penal Internacional.
El relator también ha pedido negar el reconocimiento a la junta militar, a la que ha descrito como "un régimen asesino", como Gobierno del país e intentar trabajar en materia de ayuda humanitaria directamente con la sociedad civil.
"Sinceramente espero que la comunidad internacional se levante para este momento de la historia y siga el liderazgo y la inspiración de las gentes de Birmania para llegar en su ayuda", ha asegurado.
Más muertos y arrestos
La intervención del relator especial llegan en una de las jornadas más sangrientas desde el golpe de estado del 1 de febrero con al menos 12 muertos durante las manifestaciones de este jueves.
Entre las acusaciones que hace Andrews se encuentran las de "asesinato, asalto y detenciones arbitrarias", todas parte de un "plan organizado" contra la población que conoce el liderazgo de la junta.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves un nuevo recuento en el que calculan que más de 2.000 personas han sido detenidas desde el golpe de estado y la gran mayoría de ellos siguen bajo arresto o imputados por algún delito.
El Gobierno militar además ha dado a conocer nuevos cargos de corrupción contra la antigua 'líder de facto' del país, Aung San Suu Kyi, el presidente, Win Myint, y otros cargos públicos ligados a la Liga Nacional para la Democracia que continúan arrestados.
