Líbano conmemora este miércoles el primer aniversario de las explosiones registradas el 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos, sin que las investigaciones hayan esclarecido por ahora las causas ni se haya condenado a los responsables, en medio de un creciente resentimiento de los familiares de las víctimas.

Las explosiones estuvieron causadas por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto, principal punto de entrada de bienes y ayuda humanitaria, según las primeras pesquisas, si bien el juez que encabeza la investigación, Tarek Bitar, no ha descartado otras opciones.

Las explosiones dejaron más de 200 muertos y alrededor de 6.500 heridos, mientras que desplazaron a unas 300.000 personas y provocaron enormes daños materiales en la ciudad, cuyo puerto quedó destruido, provocando el traslado de las operaciones de importación al de Trípoli, mucho más pequeño y con menos capacidad.

El suceso provocó una oleada de protestas por lo que la población percibe como un reflejo de la mala gestión, la corrupción y la injerencia de los partidos en los asuntos del Estado, lo que derivó en la caída del Ejecutivo de Hasán Diab, quien permanece en funciones por las diferencias políticas para la formación del nuevo Gobierno.

Esta situación, que llevó al primer ministro encargado Saad Hariri a dimitir en julio y a la elección de Nayib Mikati como nuevo primer ministro designado, es reflejo del bloqueo sufrido por las investigaciones, marcadas por las dificultades para citar a declarar a altos cargos del aparato político y de seguridad libanés.

Bitar, que asumió el cargo tras el cese de su predecesor después de que pidiera declarar a Diab y varios exministros, ha reclamado la comparecencia de estas mismas personas, si bien hace frente a obstáculos en el Parlamento para la retirada de la inmunidad, lo que ha provocado un profundo malestar entre los familiares de las víctimas y los damnificados.

"Las explosiones en Beirut, una de las explosiones no nucleares más potentes en la historia, causó una devastación generalizada y causó un sufrimiento inmenso", ha manifestado la subdirectora para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Lynn Maalouf, quien ha criticado que las autoridades hayan "bloqueado de forma flagrante" los trabajos del aparato judicial.

Pruebas "aplastantes"

Así, ha hecho hincapié en que "el Gobierno ha fracasado de forma trágica a la hora de proteger la vida de su pueblo, igual que ha fracasado desde hace mucho para proteger sus derechos socioeconómicos básicos", en referencia a una crisis económica considerada por el Banco Mundial como una de las más graves en el mundo desde mediados del siglo XIX.

"Al bloquear los intentos del juez para citar a políticos, las autoridades han dado un nuevo golpe al pueblo de Líbano. Dada la escala de la tragedia, es sorprendente ver lo lejos que las autoridades están dispuesta a ir para protegerse de todo escrutinio", ha lamentado Maalouf.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha destacado que "las pruebas muestran de forma aplastante" que la explosión tuvo lugar a causa de las "acciones y omisiones" de altos cargos que "no comunicaron de forma precisa los peligros que suponía el nitrato de amonio, almacenarlo en condiciones inseguras y no proteger al público".

"Un año después, las cicatrices de ese día devastador siguen visibles en la ciudad mientras los supervivientes y las familias de las víctimas siguen esperando respuestas", ha valorado la subdirectora de HRW para Oriente Próximo, Lama Fakih.

En este sentido, Ibrahim Hoteit, representante de las víctimas, afirmó el lunes que daban un ultimátum de 30 horas al Gobierno para retirar la inmunidad de cualquier persona supuestamente implicada, después de que Hariri se pronunciara a favor de esta opción, respaldada por el presidente del Parlamento, Nabih Berri.

"¿Dónde estamos hoy, después de un año de paciencia con la esperanza de lograr justicia y que surja la verdad?", se preguntó Hoteit, quien advirtió de que la postura del grupo dejará de ser "pacífica" si no hay cambios, según la agencia alemana de noticias DPA.

Impacto humanitario

Por su parte, Najat Rochdi, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Líbano, ha destacado que las consecuencias de las "devastadoras" explosiones "aún reverberan un año después". "El país está luchando para lograr un camino a través del que emerger de la tragedia, que ha afectado a todas las personas", ha explicado.

Así, ha recordado que el país ya hacía frente antes del suceso a una profunda crisis económica y un aumento de la pobreza, ahondada por la prolongada crisis política y el impacto de la pandemia de coronavirus, una situación que "empeora cada día".

Rochdi ha subrayado que más de un millón de libaneses -de una población de casi ocho millones, incluidos más de dos millones de refugiados- necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 90 por ciento de los refugiados vive en una situación de pobreza extrema, un 55 por ciento más que un año antes.

"Líbano, que no hace mucho era un país con unos ingresos medios o altos, hace frente probablemente a la peor crisis financiera y económica de su historia moderna, con más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza", ha destacado, antes de argüir que la entrega de ayuda humanitaria "no es la solución".

Rochdi ha criticado la incapacidad de los políticos para formar un nuevo Gobierno, lo que ha retrasado la puesta en marcha de las reformas reclamadas por la comunidad internacional para abordar las múltiples crisis y articular una ayuda económica por parte de los organismos internacionales.

Por ello, ha subrayado que se trata de "un momento crítico" debido a la "magnitud, profundidad y multidimensionalidad" de las crisis, al tiempo que ha agregado que "la responsabilidad a la hora de evitar el colapso total recae principalmente en las manos de sus líderes".

Graves necesidades

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha dicho que da apoyo a una de cada seis personas, más que en cualquier otro momento de su historia, después de que la crisis haya provocado un desplome de la libra libanesa y de que los precios de los productos básicos se hayan disparado, quedando fuera del alcance de muchos.

"La explosión en el puerto de Beirut o es sólo un recuerdo de algo que pasó hace un año. Es una realidad que aún persigue al pueblo de Líbano en todos los aspectos de su vida", ha dicho el director del organismo en el país, Abdalá al Uardat.

En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha resaltado que las necesidades de las familias afectadas siguen siendo graves, mientras que siete de cada diez hogares necesitaron asistencia básica tras las explosiones.

"Un año después de aquellos trágicos hechos, las vidas de los niños se siguen viendo profundamente afectadas. Eso es lo que nos cuentan los padres", ha manifestado la representante del organismo en el país Yukie Mokuo, quien ha agregado que "las familias han estado luchando por recuperarse de los efectos de las explosiones en el peor escenario posible: en medio de una crisis económica devastadora y de una gran pandemia".

El director regional de UNICEF en Oriente Próximo y África del Norte, Ted Chaiban, ha reclamado a las élites políticas que "dejen de lado sus diferencias" para formar un nuevo Gobierno y ha alertado del riesgo que de colapso del sistema de suministro de agua en el país, que se sumaría a los constantes cortes de electricidad.

"Si el cambio, la recuperación y la responsabilidad no llegan ya, podrían no llegar nunca y llevar al país al abismo y a un punto de no retorno", ha explicado, antes de apuntar a una "triple crisis" económica, política y sanitaria que "amenaza con dejar a casi cada niño del país en situación de vulnerabilidad y necesidad".