Todo pareció ser una broma, o quizá la consecuencia de una realidad que suele desdoblarse. Las Mercedes, en una de las zonas más acomodadas del este de Caracas, tuvo el Starbucks más efímero de la historia de esa cafetería asociada a la multinacional Nestlé. Al lado del supermercado Yeet!, donde se compran los productos que muy pocos venezolanos consumen, se exhibió el cartel de la famosa sirena sonriente que representa a la franquicia. El cartel era engañoso: no venía acompañado del nombre propio que lo distingue.
La apertura del Starbucks fake provocó, no obstante, furor en una de las zonas donde se ha dinamizado el consumo, al calor de la dolarización de hecho de la economía. Ellas y ellos formaron largas colas bajo el sol pensando que, finalmente, Venezuela, azotada por las sanciones de EEUU, se ponía en sintonía con los gustos globales.
Pero muy pronto vino el desmentido desde el exterior. "Podemos confirmar que no tenemos el programa de café We Proudly Serve Starbucks® en Venezuela", dijo la firma para terminar con las confusiones. YEET Marketplace reconoció que "no somos una tienda Starbucks". Apenas habían adquirido equipos para preparar el café y el producto. Como colofón de la pantomima, este lunes se quitó el cartel de la sirena.
Un problema más profundo
El caso de la cafetería se revela sin embargo sintomático de un problema más profundo que ocurre en Venezuela, donde un exlegislador, Juan Guaidó, reclama todavía su condición de "presidente encargado", y donde los diputados de la Asamblea Nacional (AN) que estuvieron en funciones hasta finales de 2019, aún se consideran parte de un Parlamento legítimo que “sesiona” en un hotel. Pero, además, Luisa Ortega se llama a sí misma fiscal general en el exilio.
Hace casi dos años que Guaidó se autoproclamó jefe de Estado interino muy cerca de donde funcionó el falso Starbucks. De inmediato contó con el respaldo de la administración de Donald Trump y más de 150 Gobiernos. Guaidó no cumplió los objetivos que propuso en Las Mercedes de desplazar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Su figura, en cambio, se erosionó con el correr de los meses. Solo le queda el apoyo internacional, como lo ha demostrado días atrás el Tribunal Supremo de Reino Unido, al otorgarle la custodia de 1000 millones de dólares en oro de Venezuela que están depositados en el Banco de Inglaterra.
Si bien la causa judicial no está por completo resuelta, ese es el único triunfo político que puede atribuirse el ex legislador. Su "ministro de Exteriores", Julio Borges, decidió abandonar el "Gobierno interino" con un sonoro portazo. Borges, dirigente de Primero Justicia, uno de los partidos opositores que participó de las recientes elecciones regionales, estimó que el experimento que aun lidera Guaidó debe "desaparecer completamente" porque carece de "legitimidad" y su objetivo se ha "deformado" por completo, entre otras razones, por hechos de corrupción relacionados con el control de activos venezolanos en el exterior.
Ser y parecer
El caso Starbucks no hizo más que poner en escena la distancia entre las cosas como parecen ser y como realmente son en Venezuela. Casi a la par de la apertura de la cafetería tuvo lugar un caso similar con "Amazon Depot". Las colas se formaron también las inmediaciones del negocio que no era otra cosa que un depósito con cajas de productos que nunca fueron retirados de los almacenes centrales de Amazon en EEUU y que los dueños del pícaro comercio decidieron importar desde Caracas como baratijas. Piruetas, en definitiva, de una economía que cayó un 80% en los últimos ocho años de un conflicto interno sin horizonte de resolución a la vista, donde el dólar funciona como factor de regulación de los precios por encima de la moneda nacional, el bolívar.
El país cierra el año con una inflación de 576,3%, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. El Banco Central debe inyectar dólares en la banca pública y privada para contener el precio del dólar y no deteriorar más la capacidad de compra de los ciudadanos. Se espera que durante 2022 la hiperinflación comience a quedar atrás y la mayoría de la población salga de la pobreza a la que ha sido condenada por la combinación de una crisis política y otra económica, con el agravante de la pandemia. Por el momento, el salario mínimo, recibido por buena parte de los trabajadores estatales, equivale a tres dólares, un poco menos de lo que cuesta un capuchino en Starbucks, 3,25 dólares.
