Las posibles filtraciones de datos de refugiados ucranianos en Portugal han provocado una fuerte polémica. Ayer la Policía Judiciaria (PJ) hizo registros en el Ayuntamiento de Setúbal, cerca de Lisboa, después de que saliera a la luz hace algunas semanas que las personas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo de los refugiados ucranianos tienen vínculos con el gobierno de Rusia.
En el punto de mira está el matrimonio formado por Igor Khashin y su esposa Yulia Kashina, ambos relacionados con diversas asociaciones de acogida de inmigrantes, entre ellas la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este (Edinstvo), que trabajaba con el Ayuntamiento de Setúbal. Tras conocerse el escándalo, revelado por el semanario Expresso, el alcalde decidió apartar al matrimonio, ambos con doble nacionalidad rusa y portuguesa y vinculados a la ciudad desde antes de la guerra en Ucrania.
La Comisión Nacional de Protección de Datos ha iniciado una investigación para aclarar si la pareja ha vulnerado las leyes de protección de datos y ha filtrado información a las autoridades rusas, tanto de las personas recién llegadas al país -algo más de un centenar- como de sus familiares en Ucrania. Así lo denunció a principios de abril la embajadora ucraniana en Portugal y lo han repetido en varias ocasiones las asociaciones de ucranianos en el país, que apuntan a que esta situación se puede estar produciendo también en otros municipios.
El escándalo tiene en el punto de mira al alcalde de la ciudad, André Martins, de la coalición CDU, formada por el Partido Comunista Portugués (PCP) y los Verdes. El hecho de que Martins pertenezca a la CDU ha avivado más la polémica, ya que los comunistas han mantenido una posición poco clara respecto al conflicto en Ucrania.
