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Investigación

Assange & Trotsky, México y los intentos de asesinato

Un juez investiga una demanda por el espionaje de la CIA a los visitantes del director de Wikileaks en la embajada de Ecuador en Londres

Defensores de Julian Assange, en una concentración en Londres contra su extradición el pasado 24 de abril. REUTERS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), urgió al presidente Joe Biden en su visita a la Casa Blanca, a mediados de julio pasado, a dar una respuesta a su carta, enviada hace ahora más de un año, en la que ofrecía asilo político y protección al periodista australiano Julian Assange, director de Wikileaks, cuya extradición debe decidir en las próximas semanas el próximo gobierno británico, tras ser concedida la autorización judicial para acometerla. López Obrador volvió a entregar a Biden una segunda oferta de asilo.

¿Qué tienen en común Julian Assange, periodista al que Donald Trump primero y Joe Biden ahora intentan extraditar desde el Reino Unido, acusándole de delitos de espionaje que supondrían una pena de 175 años de prisión, y el antiguo líder de la revolución bolchevique León Trotsky, comisario de la guerra y ministro de Asuntos Exteriores del gobierno soviético?

En principio no tienen nada en común. Pero he aquí que el actual presidente de México está intentando a través de la solicitud de asilo para una personalidad de renombre internacional -Assange- repetir la experiencia del presidente mexicano, el general Lázaro Cárdenas, en 1937, cuando al concederle asilo acabó con lo que el líder expulsado de la URSS por Stalin en 1928 llamó el “planeta sin visado”.

Nadie quería recibir al revolucionario ruso, residente en condiciones sumamente precarias en Noruega, y cuyo gobierno, bajo presión de Stalin para expulsarle, consiguió el objetivo tras un atentado fascista en su domicilio. Sus amigos de Estados Unidos, después de las gestiones personales del pintor muralista Diego Rivera, le avisaron que el presidente Cárdenas le daba asilo.

Trotsky llegó al puerto de Tampico el 9 de enero de 1937. “Estoy sumamente agradecido al gobierno mexicano por concederme el derecho de asilo, habida cuenta de que la actitud intransigente del noruego me puso obstáculos para obtener la visa. Tenga el gobierno de México la seguridad de que no violaré las condiciones que se me han impuesto y que dichas condiciones coinciden con mis propios deseos: no intervención en la política mexicana y total abstención de todo acto que pudiera perjudicar las relaciones entre México y otros países”, declaró en rueda de prensa.

En manos de Priti Patel

Los jueces del Tribunal Supremo británico dieron luz verde a mediados de abril pasado a la extradición de Assange a Estados Unidos. La finalización del procedimiento judicial de extradición, pues, devolvió el caso a la esfera política.

La decisión final -en el caso Pinochet el comité judicial de la Cámara de los Lores, en funciones de Tribunal Supremo, concluyó, en marzo de 2000, tras mantenerle en detención domiciliaria londinense durante 503 días, que podía ser extraditado a España. Pero el ministro del Interior Jack Straw resolvió enviar al general exdictador de Chile a su país por razones de salud (demencia senil sobrevenida).

Ahora Assange está en manos de la ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, quien ha calificado las filtraciones periodísticas de Assange en todo el mundo de espionaje. La crisis gubernamental británica con la caída del primer ministro Boris Johnson ha retrasado la decisión final, aunque la defensa de Assange intenta un último recurso judicial.

El gobierno de Trump intentó montar una operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dirigida por Mike Pompeo, para asesinar a Assange en Londres, mientras se encontraba refugiado en la sede de la embajada de Ecuador con el apoyo del entonces presidente ecuatoriano, Rafel Correa

El pasado 15 de agosto, un grupo de abogados y periodistas presentó en Nueva York una demanda contra el exdirector Pompeo por “espiarles en violación de sus derechos privados cuando se reunieron con Assange”. La demanda narra que una agencia de seguridad española, UC Global, era responsable de la seguridad en la embajada ecuatoriana cuando Assange estaba protegido por el estatus de asilo. Según la demanda, sus derechos constitucionales de la cuarta enmienda (las investigaciones y detenciones ordenadas por una autoridad deben ser razonables) fueron violados a instancias de Pompeo.

Militar español imputado

La demanda sostiene que “más de 100 ciudadanos norteamericanos que visitaron a Assange en la embajada ecuatoriana” han visto violados sus derechos a la privacidad. “La operación de espionaje respaldada por la CIA empezó en enero de 2017 y duró hasta que el contrato de [la empresa española] Undercover Global expiró en abril de 2018”. La Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación contra el exmilitar gaditano David Morales Guillén, propietario de la citada empresa, que fue detenido e imputado. Según el juez Santiago Pedraz, a cargo de las diligencias, las grabaciones de UC Global pudieron ser entregadas a la CIA. La demanda norteamericana también está dirigida contra Morales Guillén.

La demanda contra Pompeo le ha tocado al juez federal del distrito sur de Nueva York, John Koelti, quien ya intervino en un caso sobre Wikileaks. En 2019, el juez falló en contra de la pretensión del Comité Nacional del partido Demócrata de sentar en el banquillo a Assange por difundir correos electrónicos de la campaña presidencial de la candidata Hillary Clinton. La sentencia de Koelti se apoyó en la de los Papeles del Pentágono sobre la implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam que empezó a publicar The New York Times en 1971.

La situación de Assange tiene otro punto común con la de Trotsky en 1937-40. Y es el de las amenazas e intentos de eliminarle. Hace pocos días se han cumplido 82 años desde que el asesino de origen catalán Ramón Mercader, enviado a México en una misión encomendada por Stalin, acabó con la vida de Trotsky. Fue el 20 de agosto de 1940.

Assange, con graves problemas de salud, espera su destino en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.

Lo que Julian Assange ha hecho -cumplir su actividad de periodista en una época de decadencia de la profesión - ha sido considerado por Trump primero y ahora por Biden un delito de alta traición.

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