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Restricción de las libertades

La ley del silencio y el miedo se imponen en Rusia

Las librerías rusas tapan con cubiertas y plásticos los libros pertenecientes a autores indeseados, mientras una atmósfera de psicosis y temor a hablar de política, incluso en el seno de las familias, se extiende por todo el país

Oficiales de policía rusos detienen a un hombre durante una manifestación.

Ojeando en una librería cualquiera de Moscú, se pueden ver libros que vienen protegidos con un plástico y acompañados una etiqueta de +18. Una dependienta de una tienda, cuando se le pregunta por la razón de semejante envoltorio en libros que no son de contenido erótico ni del género de terror, responde lo siguiente: "Es por el autor, nuestro Gobierno no quiere que lo leas". Mientras, señala con el dedo el nombre del escritor de uno de los libros marcados: se trata de Mijaíl Zygar, documentalista, periodista y escritor, autor de libros como 'Todos los hombres del Kremlin', un compendio de entrevistas realizadas hace unos años en el círculo más cercano del presidente Vladímir Putin.

Entre los autores marcados también se hallan el antiguo oligarca y fundador de la organización Open Russia Mijaíl Jodorkovski, la reconocida politóloga Ekaterina Schulmann e incluso escritores de ciencia ficción como Dmitri Glujosvki. Su famosa saga Metro 2033 –que se ha traducido a decenas de idiomas y ha sido la base para unos videojuegos también conocidos mundialmente– lleva ahora un +18, pero no por razón de su contenido sino por la marca que arrastra el autor debido a sus posicionamientos políticos. Aunque lo habitual en las librerías es un plástico transparente estándar, hay establecimientos que han ido más allá y han tapado la cubierta totalmente con papel y han escrito "agente extranjero" en él, para remarcar que la persona que escribió ese libro tiene ese estigma otorgado por las autoridades rusas.

No es el único ejemplo del clima de sospecha y miedo que se ha enseñoreado de Rusia en los últimos meses. Hablar de política en el país euroasiático hace años que no es cómodo para mucha gente, pero desde el inicio del conflicto con Ucrania puede rozar ya la paranoia. Este tema tan espinoso ha desaparecido de las conversaciones de mucha gente, que prefiere no mojarse ni siquiera cuando se encuentra en espacios privados o con gente de confianza. Uno de los rumores que alimenta esta ley del silencio es que la policía puede leer, con aparatos especiales, todos los mensajes que se envían y reciben en un rango determinado, aunque no está confirmado que esté utilizando esta tecnología.

El tabú también es rígido dentro las familias, debido a un mayor apoyo al Gobierno entre las generaciones mayores, más proclives a consumir medios estatales, que choca con la mentalidad de los rusos más jóvenes, que nacieron con Putin ya al mando del país y que prefieren el ámbito de internet para informarse. En mayo, algunos medios rusos ejemplificaron este choque generacional con la noticia de una madre que denunció que su propio hijo no había hecho el servicio militar, una falta que en la actualidad puede significar acabar en primera línea del frente ucraniano. No todos los que hacen la mili actualmente van a luchar, pero sí reciben presiones para firmar contratos con el Ejército. En el caso de que acaben rubricando estos contratos, sí están obligados a formar parte de la ofensiva.

Debido a sus críticas al Gobierno o al Ejército, periodistas y activistas críticos han visto escritas en sus puertas pintadas con la "Z", símbolo de la denominada "operación militar especial", y expresiones como "traidor" o "colaboracionista", entre otros términos parecidos. El periodista Dmitri Muratov, premio Nobel de la paz y redactor jefe del diario Novaya Gazeta, fue recientemente atacado mientras viajaba en tren. El atacante gritó "por nuestros muchachos" antes de rociar al periodista con acetona y pintura roja.

Duras consecuencias

Hace años que Rusia está experimentando una regresión en lo que respecta a la libertad de prensa, pero 2022 ha supuesto una verdadera hecatombe en este ámbito. A lo largo de este año se han promulgado nuevas leyes que censuran toda crítica o debate sobre las Fuerzas Armadas, incluida la movilización, su composición, la ofensiva rusa en Ucrania y cualquier batalla, bombardeo o supuesta matanza durante la misma. La fiscalía rusa pide para el opositor Ilya Yashin una pena de hasta nueve años de cárcel por culpar al Ejército ruso de la matanza de Bucha, cuya sentencia se hará pública este viernes. El exalcalde de Yekaterimburgo Yevgeny Roizman ha sido sancionado con numerosas multas por criticar el conflicto. A día de hoy está bajo arresto domiciliario y tiene prohibido el uso de internet.

También se ha impulsado una ley más dura contra la "propaganda LGBT", firmada este lunes. Esta nueva provisión considera ilegal presentar homosexualidad y transexualidad –legalmente equiparadas con la pedofilia– en películas, anuncios, series, medios de comunicación o libros. Las librerías también han empezado a retirar libros que traten temas relacionados con el colectivo LGTBI, tal y como apunta Novaya Gazeta Europe. La editorial LitRes ha pedido públicamente a los autores con los que trabaja y puedan ser acusados de impulsar "propaganda LGTBI" que reescriban sus libros para modificar su contenido y poder ponerlo a la venta de nuevo.

También se ha limitado aún más el derecho a manifestarse. Este lunes, Rusia aprobó prohibir las manifestaciones cerca de edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, aeropuertos y puertos, estaciones de tren y territorio próximo a iglesias, además de permitir a las regiones añadir sus propias limitaciones específicas si así lo consideran.

Los extranjeros no son inmunes a estas restricciones, tal y como advierte la misma ley. Según el texto legal, éstos estarán sujetos a las mismas sanciones económicas que los ciudadanos rusos y podrán ser expulsados del país. Este mismo año la policía rusa detuvo al colombiano Alberto Enrique Giraldo, acusado de "difundir mentiras sobre las Fuerzas Armadas rusas" en las redes sociales para desacreditarlas. Afronta una posible multa de hasta 60.000 euros o 10 años de cárcel. Aquellos que se hayan nacionalizado y tengan pasaporte ruso deben cumplir estas leyes -y aceptar ser movilizados si son llamados a filas- si no quieren perder la nacionalidad. Esta amenaza va dirigida principalmente a los centroasiáticos naturalizados, y puede afectar no solo a los hombres, sino también a sus familias.

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