La tensión por la guerra de Gaza lleva al Gobierno británico a impulsar medidas para frenar la radicalización

La tensión por el conflicto en Gaza se ha adueñado del debate político en el Reino Unido. Tanto el Gobierno británico como los miembros del Parlamento han alertado del aumento de los ataques y de las amenazas en los últimos meses por parte de grupos islamistas y de extrema derecha, algo que recientemente llevó al primer ministro, Rishi Sunak, a hacer una declaración poco habitual frente al número 10 de Downing Street con el objetivo de mostrar firmeza ante cualquier conducta que incite a la violencia o que ponga en peligro los "valores británicos". El Ejecutivo está preparando desde entonces un paquete de medidas para frenar la radicalización, con algunas propuestas que están generando dudas incluso dentro de su propio partido.

Una de las principales medidas es la ampliación de la definición de "extremismo" para incluir a todas las organizaciones que promuevan o fomenten la intolerancia, el odio y la violencia o que pongan en peligro el sistema liberal y los derechos democráticos en el Reino Unido, publicada este jueves por el Gobierno conservador. La medida, a cargo del ministro Michael Gove, prevé impedir que cualquier órgano gubernamental o representante público pueda involucrarse o financiar a las entidades que entren dentro de esta nueva definición, en la que también estarán incluidas las organizaciones o las personas que resten importancia al riesgo del extremismo, aunque no lo promuevan directamente. En los próximos días, el Gobierno difundirá una lista con las organizaciones que, aun siendo legales, considera extremistas y creará un centro de excelencia contra el extremismo en el Ministerio de Comunidades para analizar cada caso.   

Limitación de derechos

La falta de un criterio claro para definir lo que puede ser considerado extremismo, sin embargo, ha puesto en alerta incluso a miembros del Partido Conservador, quienes temen que los grupos contrarios al aborto o a los derechos LGTB+ también resulten afectados por la nueva medida. Una de las voces más críticas ha sido la de la diputada Mariam Cates, miembro del ala dura del partido, quien ha señalado que los planes del Gobierno son una "pendiente resbaladiza" hacia la limitación de derechos fundamentales y quien ha recordado que ya existen delitos como la incitación a la violencia o el enaltecimiento del terrorismo para perseguir este tipo de conductas. 

"En una sociedad libre y democrática con pluralidad de opiniones y creencias, es insensato y peligroso separar el extremismo de la violencia y el terrorismo", ha asegurado Cates a través de las redes sociales. "Si las opiniones extremistas son ilegales, entonces quien define el extremismo tiene el poder de coartar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Este es el camino hacia el autoritarismo", ha añadido. El Gobierno tiene previsto crear un nuevo organismo que controle las actitudes o los discursos que puedan entrar en la nueva definición y que alerte a las personas responsables antes de tomar medidas más contundentes. 

Organizaciones pacíficas

Existe el riesgo, sin embargo, de que organizaciones pacíficas como la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC, en sus siglas en inglés), acusadas de fomentar discursos antisemitas en las manifestaciones contra la guerra en Gaza convocadas regularmente en el Reino Unido, también entren dentro de esta definición. Esta situación limitaría su acceso a recursos públicos e impediría a los miembros del Parlamento más favorables a la causa palestina –como el exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn– involucrarse de forma activa en sus campañas.

Las principales organizaciones propalestinas han alertado de la necesidad de establecer una definición justa y de aplicar la misma vara de medir para todos los grupos políticos y religiosos. "El discurso de Sunak no sólo trató de desprestigiar a cientos y miles de manifestantes que pedían la paz en Gaza, sino que también estuvo salpicado de advertencias mal definidas sobre el extremismo de los islamistas y la extrema derecha", ha lamentado el Consejo Musulmán de Gran Bretaña (MCB) a través de un comunicado.

A pesar de las críticas, el Gobierno sigue determinado a aprobar medidas para frenar los ataques contra la "democracia multirreligiosa" británica, en palabras del propio Sunak –de confesión hinduista–. Además de la ampliación de la definición de "extremismo", el Ejecutivo también tiene previsto prohibir la entrada al Reino Unido de predicadores extremistas y frenar la propagación de discursos radicales en las universidades, a través de programas de prevención contra el terrorismo. El objetivo es ejercer un contrapeso a discursos considerados peligrosos y ofensivos –como el que propaga el recién elegido diputado izquierdista George Galloway, quien ha negado en repetidas ocasiones el derecho a existir del Estado de Israel– y frenar el fuerte aumento de los ataques contra las comunidades judía y musulmana desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás en octubre del año pasado.