La fiscalía venezolana ratifica la orden de captura contra Edmundo González y dice que se ha agravado su situación judicial

El fiscal general Tarek Willam Saab ratificó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia después de haberle remitido una carta en la que justificaba su decisión de no acatar la citación en la causa que se le sigue por presuntos delitos electorales cometidos a partir del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro fue proclamando de manera oficial, aunque sin datos fehacientes el ganador de los comicios presidenciales. Según Saab, una de las espadas más importantes del madurismo en el sistema judicial, el mensaje que el abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) no hizo más que agravar su situación. González Urrutia, sostuvo el fiscal, intenta "hacer justicia por mano propia". A su criterio, con esa misiva busca desempeñarse a la vez como "tribunal, fiscal, defensa" en una causa que ha sido objeto de rechazo por parte de la UE, Estados Unidos y parte de América Latina. "¿Si es inocente por qué no vino a las citaciones? ". Para Saab, el mensaje de González Urrutia que le llegó a través de su abogado José Vicente Haro "marca un precedente negativo para el derecho venezolano" porque un sector de la oposición se cree "por encima de todos y el resto de las personas" y "por encima de la ley". A su vez aseguró que sectores del antimadurismo que no identificó personalmente le habían prohibido al exdiplomático presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pesar de sus intenciones de asistir.

Horas antes, González Urrutia había llamado a Saab  Saab a "ensanchar el campo de la política democrática" en lugar perseguirlo judicialmente. "Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz", se señala en la comunicación divulgada luego a través de X.

De acuerdo con González Urrutia, su presentación ante el fiscal a cargo de la investigación ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al validar la victoria de Maduro, "solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política". El exdiplomático ha sido acusado de los delitos de "usurpación de funciones", "asociación, sabotaje, conspiración", "forjamiento de documentos públicos" e "instigación a la desobediencia de las leyes". Su proceder, aseguró sin embargo, siempre estuvo apegado a "la legalidad"

Riesgo de mayor conflictividad

Su carta esta vez no ha sido dirigida a la sociedad sino al propio Saab. Las acciones en su contra, señaló el exdiplomático, "no hacen, sino incrementar el riesgo de la alteración del orden público, de la puesta en peligro de la seguridad personal y del quiebre de la convivencia pacífica que todos deseamos preservar".

González Urrutia rechaza haber usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al haber cuestionado los resultados oficiales. Remarcó al respecto que "el sistema y la normativa electoral de Venezuela contemplan como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación", algo que no ha sucedido y, para la PUD, desencadenó la crisis, las protestas y la posterior represión estatal.

El abanderado de la principal fuerza opositora insistió en la necesidad de una "verificación imparcial" de las actas electorales, un reclamo que ha sido formulado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y la UE, con distintos énfasis. Esa solicitud nunca fue aceptada por las instancias estatales ni por el Palacio de Miraflores.

La PUD asegura que González Urrutia ha obtenido el 67% de los votos, un número que el madurismo ha desacreditado. El Gobierno le reprocha a la oposición no haber entregado las pruebas de su triunfo frente al TSJ después de que el presidente presentó ante esa instancia un recurso de amparo para que dirimiera la controversia.