Elon Musk asoma a EEUU a una crisis constitucional

El historiador Timothy Snyder ha hablado de un "golpe". El premio Nobel de Economía Paul Krugman ha optado por "intento de autogolpe". El politólogo de la Universidad de Michigan Don Moynihan ha empleado la expresión "toma hostil de la maquinaria del Gobierno". E Incluso entre quienes mantienen aún cautela ante el uso de ciertas palabras, hay un consenso de alarma: las agresivas incursiones en el Gobierno de Estados Unidos de Elon Musk y su equipo, que cuentan con el beneplácito de Donald Trump, asoman al país, y para muchos ya lo han sumido, en una grave crisis constitucional.

Al dueño de Tesla, Space X, Starlink y X, el hombre más rico del mundo que donó más de 250 millones de dólares a la campaña de Trump, el republicano le ha encomendado la misión de desmantelar buena parte de la burocracia federal con recortes de presupuesto y reducciones de personal. Y lo ha hecho con una entidad creada en el primer día en el Despacho Oval y bautizada como Departamento de Eficiencia en el Gobierno (DOGE por sus siglas en inglés) pero que en realidad no es ministerio ni parte de los organigramas tradicionales de la Administración, lo que la deja fuera de mecanismos de control y supervisión.

En solo 20 días, Musk ha empezado a cumplir, a una velocidad, escala y efectividad mucho mayores de lo que se podía anticipar, y de forma controvertida, el encargo. Lo está haciendo con un nivel de autonomía que prácticamente nadie puede controlar. Y su embestida de impacto ya tiene graves y visibles consecuencias.

Acometida contra agencias y funcionarios

Instalado en el edificio Eisenhower, sede junto a la Casa Blanca del antiguo Servicio Digital ahora rebautizado como DOGE, y con un equipo de unas 40 personas que incluye al menos a seis jóvenes de entre 19 y 21 años sin experiencia alguna en el Gobierno, Musk ha puesto en marcha el desmantelamiento de agencias con una beligerante intervención en al menos 17 de ellas. La primera y más radical diana ha sido USAID, la agencia de ayuda al desarrollo internacional con la que Washington ha desarrollado desde 1961 el "poder blando".

El desembarco de su equipo allí llegó con duelos por el acceso a información clasificada, castigo de baja administrativa a quienes se resistieron a facilitarlo al equipo de Musk, el cierre de la sede, el apagón de la web... Para este fin de semana, la misión había culminado, pese a críticas, protestas y una decisión judicial frenando los despidos de 2.000 de los trabajadores de la agencia, que ha quedado en una raquítica sombra de lo que fue.

Los empleados de USAID no son los únicos en la diana. Como ya hiciera cuando compró Twitter, Musk se ha lanzado de forma furiosa al esfuerzo por aplicar recortes en todo el cuerpo de funcionarios. Desde la Oficina de Gestión de Personal, donde su equipo también se ha instalado, se envió un mensaje a dos millones de funcionarios con el mismo título que tenía el que recibieron los empleados de Twitter: "Fork in the road", encrucijada. Y lo que les planteó fue lo mismo que en la red social: quedarse y entregarse en cuerpo y alma a la agenda y los objetivos del presidente Trump o acogerse a bajas anticipadas con sueldo hasta septiembre, un compromiso que Musk no puede garantizar cuando no hay presupuesto federal asegurado para después del 15 de marzo.

Pese a deccisiones judiciales como la de USAID que han obligado a retrasos de los plazos inicialmente planteados por Musk, se han extendido la incertidumbre, el caos y el miedo.

Acceso a datos

Uno de los elementos más problemáticos de la acometida de Musk es el acceso que él y su equipo están teniendo a todos los datos que acumula el Gobierno. Ha sucedido en la oficina de Gestión de Personal, donde está la información de los 2,1 millones de funcionarios. Ha sucedido con acceso a la información sobre deuda estudiantil. Y ha sucedido, en el episodio que más alarmas ha hecho saltar, con el sistema de pagos y recursos humanos del Tesoro, que tiene información personal de los estadounidenses al ser el que paga las prestaciones de la seguridad social, devoluciones de impuestos o beneficios de Medicare.

Este sábado un juez federal, en respuesta a una demanda de 19 fiscales generales de estados demócratas, restringió de forma temporal el acceso de Musk y su equipo a esos datos y ordenó la destrucción de los que hayan conseguido. A la hora de escribir estas líneas no estaba claro si el equipo de DOGE acataría la orden.

En operaciones rodeadas de falta de transparencia, nadie sabe hasta dónde ha llegado el acceso que consiguieron en los primeros días, antes de la última decisión judicial y de una previa de una jueza que también lo limitó temporalmente y lo restringió solo a lectura. Pero este viernes se confirmaba que uno de los aliados de Musk, Tom Krause, ha sido instalado como secretario fiscal asistente en el Tesoro, en relevo del funcionario de carrera que fue expulsado tras negarse a dar acceso al sistema (el otro miembro del equipo de Trump dimitió después de que se revelaran numerosos mensajes racistas que había escrito, aunque el vicepresidente JD Vance y hasta Trump han urgido a que sea readmitido y Musk ha dicho que lo volverá a contratar).

Se ha publicado, además, que el equipo de Musk está desarrollando herramientas de inteligencia artificial para manejar todos los datos.

Estatus y conflictos de intereses

Junto al derribo de potenciales mecanismos de control con el despido de al menos 17 inspectores generales en agencias, el estatus legal que tiene Musk es otra de las grandes preocupaciones. Ha sido designado, según la Casa Blanca, "empleado especial del Gobierno", una categoría que supuestamente limita su servicio a 130 días al año y le escuda de tener que dar informes financieros y otros requerimientos éticos.

No se sabe qué exenciones le otorgaría ese estatus ante leyes de conflictos de intereses, otra de las oscuras nubes que rodean al desembarco en el Gobierno de Musk, que lidia directamente con la jefa de gabinete del presidente, Susie Wiles. Trump alababa esta semana su trabajo, definiéndolo como "un gran recortador de gasto" y "un tipo inteligente" que "está haciendo un gran trabajo", y negaba que pueda representar problemas. "Si creemos que hay un conflicto no dejaremos que se acerque", decía el presidente, que aseguraba también: "No puede hacer nada y no hará nada sin nuestra aprobación. Se la daremos cuando sea adecuado, y cuando no lo sea no". 

Entre la información a la que ya ha tenido acceso Musk, no obstante, está por ejemplo la de contratistas del Gobierno federal, es decir, de compañías que están en competición directa con sus empresas. Trump anunció el viernes que quiere que también intervenga en el Pentágono, con el que Space X y otras de sus compañías tienen contratos de miles de millones de dólares.Y Tyler McBrien, editor de la publicación especializada 'Lawfare', ha escrito sobre Musk recordando el concepto de "captura del Estado": "Cuando intereses privados influyen en un gobierno hasta tal punto que pueden dirigir decisiones políticas y fondos públicos para su propio beneficio o el de sus compañeros de viaje ideológicos (o ambos)".

La crisis constitucional

Los temores son generalizados. Aunque los republicanos en el Congreso callan públicamente o, como el 'speaker' Mike Johnson, acusan a los medios de "estar exagerando”, una docena de senadores conservadores han contactado en privado a la Casa Blanca para objetar algunas de las acciones de Musk. Y entre demócratas y numerosos politólogos, expertos en Derecho o en separación de poderes e historiadores, no dejan de encenderse luces rojas.

"No hay escrutinio. No hay ni una sola entidad que le pueda hacer responsable. Es un presagio de la destrucción de nuestras instituciones básicas", le ha dicho a 'The New York Times' el historiador Douglas Brinkley. Mientras, Blake Emerson, profesor de Derecho Constitucional en UCLA, ha asegurado en 'Marketplace' que "la gran preocupación constitucional es que hay una especie de ejecutivo en la sombra que está existiendo, operando y ejerciéndoles poder fuera de los canales que autorizan la Constitución y los estatutos del Congreso".

"El peligro de lo que está haciendo Musk es que está desafiando abiertamente la Constitución de EEUU", subrayaba en CNN Corey Brettschneider, profesor de Derecho Constitucional y autor de un libro sobre cinco presidentes estadounidenses que amenazaron a la democracia. "Según la Constitución el Congreso tiene el poder sobre el presupuesto y el poder ejecutivo es el encargado de gastar el dinero asignado por dicho órgano pero Musk, con el aliento de Trump, está decidiendo por su cuenta qué dinero debe asignarse o no. Esto no solo supone un probable desacato a las órdenes judiciales que han pausado el intento de congelación (de entrega de fondos) por parte del Ejecutivo; es un desafío abierto al poder legítimo del Congreso".

"Estamos viendo en tiempo real cómo se pueden eludir los requisitos constitucionales fundamentales debido al enorme poder del Ejecutivo", decía también Brettschneider. "Puede que no sea un colapso violento del sistema, pero sí se asemeja al deterioro del Estado de derecho que vemos en países autoritarios".

"La crisis constitucional no es algo que pueda pasar hipotéticamente", escribía por su parte Krugman. "Es algo que está sucediendo conforme lees esto". 

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