Trump tensa su enfrentamiento con la Justicia con las deportaciones de inmigrantes

La visión expansiva del poder ejecutivo con que Donald Trump ha vuelto a la presidencia de Estados Unidos lleva ocho semanas poniendo a prueba a la democracia estadounidense y muchas de sus acciones han sido retadas con más de 100 demandas en los tribunales. La gran pregunta es si el republicano va a dejar de acatar las órdenes judiciales en su contra, lo que hundiría al país en una crisis constitucional. Y el interrogante y la tensión con la Justicia se han disparado desde este fin de semana, cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (usada antes solo tres veces en la historia y siempre en tiempo de guerra) para acometer deportaciones de inmigrantes y los envió a El Salvador pese a una orden judicial bloqueando temporalmente esas expulsiones.

Aunque la Administración asegura que está “acatando la ley”, e iba a defender esa posición en una vista prevista para este lunes que no se había iniciado a la hora de escribir estas líneas, hay dudas sobre la veracidad de esa afirmación. Y miembros del Gobierno, incluyendo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el zar de inmigración, Tom Homan, han estado poniendo en cuestión en las últimas horas que los jueces tengan autoridad para limitar el poder de Trump, un argumento que ha entrado desde su retorno al poder en el discurso de muchos de sus más estrechos aliados y colaboradores, incluyendo el vicepresidente JD Vance. 

El caso

La última y potencialmente grave crisis se inició el sábado. Ese día, a las 16.20 horas en Washington, el presidente dictó una proclamación en la que se arrogó autoridad bajo la ley del siglo XVIII para deportar a cualquier venezolano de 14 años de edad o más que la administración considere miembro de Tren de Aragua, una banda violenta que Trump designó como organización terrorista en febrero.

Poco antes de esa proclamación, y anticipándola, los abogados de cinco venezolanos que estaban en custodia de EEUU presentaron una demanda alegando que su expulsión violaría las garantías constitucionales de proceso debido y las leyes federales y un juez federal en Washington DC, James Bosberg, dictó una orden frenando su expulsión. 

Horas más tarde, los abogados volvieron ante el tribunal y dijeron al juez que dos aviones con otros venezolanos estaban “volando”. A las 18.47 horas, de viva voz, Bosberg ordenó al Gobierno que hiciera volver a los aviones y no permitiera el despegue de más. A las 19.26 horas, publicó una orden escrita que impedía al gobierno de Trump usar la ley de 1798.

Nada de eso impidió que tres aviones con 238 inmigrantes volaran el sábado desde EEUU hasta El Salvador. Dos de ellos salieron de Texas, según registros de vuelos citados por ‘The Washington Post’, cuando en Washington se estaba celebrando la vista. Uno despegó a las 17.26 y otro a las 17.45 (horas de Washington) y el tercero despegó también de Texas 10 minutos después de la publicación de la orden judicial.

Autoridad presidencial y poderes de guerra

En la vista de este lunes, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward buscaban que el juez forzara a la Administración a explicar bajo juramento si ha incumplido sus órdenes. Hay además otra vista prevista sobre el caso ante un tribunal de apelaciones a partir del miércoles.

Los argumentos de la Administración, según un escrito judicial presentado por los abogados del Gobierno el domingo, es que la orden de Bosberg es “una imposición enorme y no autorizada sobre la autoridad del ejecutivo”. Según ellos, las acciones de Trump “no están sujetas a revisión judicial” porque el presidente, en su visión, tiene autoridad inherente para decidir en asuntos de seguridad nacional y de política exterior y los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre el ejercicio de sus “poderes de guerra”. 

Son argumentos que repetía el domingo y el lunes Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que ha asegurado que los tribunales “carecen de jurisdicción”. Y aunque el domingo por la noche en el Air Force One Trump dejó en manos de los abogados explicar sus acciones, sí se atribuyó tener los cuestionados poderes que le da la ley de 1798. “Este es un momento de guerra. Es una invasión y son criminales”, dijo.

El Salvador

En los vuelos del fin de semana había 137 miembros de Tren de Aragua deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, otros 101 venezolanos expulsados bajo el Título 8 del Código de EEUU, que cubre materias migratorias. Había también 23 personas acusadas de pertenecer a la banda salvadoreña MS-13.

Todos fueron recibidos en El Salvador y, en virtud de un acuerdo sellado en febrero entre el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por el que el líder centroamericano recibirá unos seis millones de dólares por aceptar deportados de EEUU, ingresaron en Centro de confinamiento de terrorismo. En esa cárcel con capacidad actual para 20.000 presos y potencial de 40.000, que Bukele abrió en 2023, grupos como Human Rights Watch han denunciado torturas, desapariciones y violaciones de los derechos legales de los reos.

Bukele publicitó poco después de las ocho de la mañana del domingo un vídeo editado con la llegada y el traslado a la cárcel de los deportados, que Trump replicó horas después mostrando su agradecimiento al líder salvadoreño, algo que también hizo Rubio, el secretario de Estado.

Antes incluso de ese vídeo Bukele había compartido una noticia del tabloide 'New York Post' que informaba de las decisiones del juez Boesberg contra los vuelos y las deportaciones acompañándola de un mensaje: “Ups, demasiado tarde”, y un emoticono llorando de risa.

"Serias" acusaciones de desacato

Los tribunales de EEUU también están examinando otro caso que crea sombras de desacato sobre la Administración Trump. Se trata de la deportación de Rasha Alawieh, una nefróloga y profesora de la Universidad Brown que estaba en EEUU legalmente con un visado y fue deportada el viernes al Líbano aunque un juez había dictado una orden la víspera requiriendo ser notificado con al menos 48 horas de anticipación. El magistrado había dado de plazo al Gobierno hasta este lunes para responder a las “serias” acusaciones de haber “desobedecido voluntariamente” su orden.