EEUU se aboca a un cierre de Gobierno sin un presupuesto aprobado para operar los servicios públicos

EEUU se prepara para un inminente cierre de Gobierno que podría comenzar en la medianoche del martes al miércoles, tras el fracaso de las últimas negociaciones en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas y republicanos en el Congreso y el Senado. El bloqueo de los legisladores a la propuesta de Trump deja a su Administración sin dinero para seguir operando la maquinaria federal, ya que aunque los republicanos tienen una mayoría en las dos cámaras del poder legislativo, es tan estrecha, que no es suficiente para sacar adelante un presupuesto unilateralmente.

Que el pulso político llegue a provocar el cierre de Gobierno al entrar el nuevo año fiscal – que en EEUU comienza el 1 de octubre – no es algo nuevo, pero esta vez podría tener consecuencias de gran calado. En lo inmediato, cientos de miles de empleados públicos serán obligados a quedarse en casa sin sueldo o a trabajar sin cobrar hasta que haya un acuerdo. 

Pero mientras, más de 100.000 funcionarios han sido despedidos este martes, obligados por el plan de la Administración Trump con el que prevé deshacerse de 275.000 trabajadores públicos. El temor es que las medidas de emergencia que se produzcan en los próximos días bajo esta excepcionalidad, se conviertan en permanentes, eliminando puestos y funciones que no se alineen con la agenda e ideología de la actual Administración.

Impacto histórico

La previsión es que a partir de las 00.01 del miércoles en Washington (6:01 horas en España), queden paralizados todos los servicios públicos, excepto los considerados como “esenciales”. Estos son principalmente los que se considera que afecta a la seguridad nacional, incluido el control aéreo, y también algunos servicios como el correo postal o el cobro de las pensiones. 

El cierre más largo de la historia moderna de EEUU fue bajo el mandato de Trump, en 2018, y se prolongó 34 días. Entonces se registraron retrasos en aeropuertos, suspensión de inspecciones alimentarias y cierres de museos. Los ciudadanos estadounidenses que tengan que hacer gestiones con los servicios públicos se enfrentarán a mayores esperas o inoperancia. 

Impacto económico y para viajeros

Para los turistas que visiten EEUU, es posible que no puedan entrar en algunos de los reclamos más emblemáticos ya que hasta monumentos urbanos, como la Estatua de la Libertad en Nueva York o la Prisión de Alcatraz en San Francisco, están operadas por Parques Nacionales, un ente público. En cierres anteriores, algunos recintos más amplios, como el Cañón del Colorado, han permanecido abiertos pero sin el personal correspondiente. La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, que es una entidad independiente en defensa de estos parajes, ha alertado del riesgo que ello supone para el visitante y para la preservación de sitios históricos y naturales.

En el medio plazo, los analistas advierten de que los daños podrían ir más allá: frenar el crecimiento económico y alterar los mercados, al erosionar la confianza ciudadana en el funcionamiento del Estado y ahuyentar a inversores ante la enésima prueba de la inestabilidad económica del país bajo la batuta errática de Trump.

El sistema judicial federal podría mantener su actividad solo unos días gracias a reservas, pero después tendría que limitarse a casos de emergencia. Los contratistas del Gobierno también sufrirían interrupciones, sin garantías de recuperar salarios o pagos atrasados. Agencias como el FBI, la DEA o la Oficina de Inmigración seguirán operando con personal reducido y sin pagos inmediatos.

Polarizados y enrocados

Los últimos esfuerzos aparentes han resultado en fracaso. Trump convocó este lunes en la Casa Blanca a los líderes de las minorías demócratas en el Congreso (Hakeem Jeffries) y en el Senado (Chuck Schumer). No hubo acuerdo, y Schumer advirtió de que persisten "enormes diferencias" sobre la financiación sanitaria, mientras que el vicepresidente JD Vance aseguró que el país "probablemente se dirige a un cierre".

También acudieron los líderes republicanos de las mayorías en ambas cámaras – John Thune y Mike Johnson. Era la primera vez que los cuatro legisladores se encontraban con el presidente, en este segundo mandato de Trump marcado por sus acciones ejecutivas en solitario. 

Los demócratas exigen una prórroga de las subvenciones a los seguros médicos de las personas con rentas más bajas (Medicaid) y la revocación de los recortes en salud que sacó adelante Trump con su ley ómnibus a la que bautizó como La Ley Grande y Bella. Unos 15 millones de personas podrían perder su cobertura médica y otros 24 millones verían aumentar las primas de sus seguros de salud en un 75%. 

El acceso a la salud se ha convertido en el buque insignia alrededor del que empieza a articularse una oposición demócrata hasta ahora muy fragmentada, y los republicanos han tomado buena nota de ello. La desarticulación de Medicaid es una de las reformas más impopulares de Trump, que regresó al Gobierno con promesas de frenar el aumento del coste de vida pero con reformas como esta, la clase media y baja que le votó pierde sustancialmente poder adquisitivo. 

El pulso político

Los republicanos, conscientes de que los demócratas han dado por primera vez en esta legislatura un auténtico talón de Aquiles, se resisten a aceptar las condiciones de sus opositores y piden votar primero una prórroga de siete semanas sin concesiones.

El cruce de culpas es el resultado obvio de esta ecuación de suma cero. Los republicanos, con mayoría ajustada en ambas cámaras, responsabilizan a los demócratas de "tomar como rehenes" los presupuestos. Los demócratas replican que Trump intenta imponer recortes sociales sin negociación. Ambos partidos se culpan del inminente cierre, que, de producirse, pondrá a prueba la resistencia de millones de ciudadanos y trabajadores federales.

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