El PP de Llanera acusa al gobierno municipal de "limitar la labor de control de la oposición denegando el acceso a expedientes"

Duras críticas del portavoz municipal del PP en Llanera, Silverio Argüelles, al gobierno municipal y, en concreto, a la alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), por "limitar la labor de control de la oposición denegando el acceso a expedientes". Según Argüelles, se les deniega en el caso de Lucus Asturum.

"Cuando una información incomoda, se intenta ocultar; cuando una pregunta molesta, se retrasa la respuesta; cuando un expediente genera dudas, se impide el acceso. Es un patrón que cada vez se repite más en Llanera", asegura. Afirma además que "el problema ya no es un expediente: es una forma de gobernar". No descarta acudir a la vía penal "para velar por los derechos de vecinos y de la oposición de Llanera a contar con un Ayuntamiento transparente".

El portavoz popular incide en que se dificulta a los partidos de la oposición puedan realizar su trabajo como concejales y en que este caso de Lucus Asturum "no es un hecho aislado", pues existen "otros episodios en los que no pudieron acceder a información municipal que, por normativa, debería estar a disposición de todos los concejales en el plazo de 5 días, sin excepción, para facilitar el buen hacer de su labor como representantes públicos".

"Esta nueva negativa es un paso más del PSOE en Llanera en una forma de gobernar basada en impedir el acceso a la información, dificultar la labor de la oposición y ocultar documentación municipal". Ante esta práctica cada vez más habitual por parte de los socialistas en Llanera, desde el Partido Popular señalan que ejercerán todas las acciones necesarias, llegando incluso a la vía penal si fuese necesario, para "defender los derechos de la oposición y el derecho de los vecinos".

Nueva solicitud

Argüelles ha hecho hoy estas declaraciones tras registrar nuevamente en el Ayuntamiento de Llanera la solicitud para acceder a los expedientes de los trabajos arqueológicos en los que figuren los convenios firmados con el propietario de la finca en la que realizan las excavaciones de Lucus Asturum. Recuerdan que la solicitud inicial se hizo el 9 de junio "y a día de hoy todavía no se ha permitido el acceso, creemos que ya ha pasado un tiempo suficiente". "Desde la llegada de Eva Pérez a la Alcaldía se han multiplicado los problemas para acceder a expedientes municipales. Lo que antes era un procedimiento ordinario se ha convertido en una carrera de obstáculos en la que, de forma reiterada, las solicitudes permanecen pendientes de autorización política o simplemente no se facilita la documentación solicitada", apunta Argüelles.

Según el portavoz del PP, también se han encontrado recientemente con la negativa del Gobierno "a facilitar el borrador del convenio que el Ayuntamiento está negociando con el Principado para el uso de las instalaciones de La Morgal". “El propio equipo de gobierno había confirmado públicamente que ese documento existía. Sin embargo, cuando finalmente pudimos consultar el expediente, el borrador no aparecía incorporado”, señala Argüelles.

Normalidad democrática

“Cuando un gobierno dedica más tiempo a impedir que la oposición vea los expedientes que a resolver los problemas de los vecinos, el problema ya no es un expediente: es una forma de gobernar”, lamenta el portavoz del PP para quien “lo verdaderamente preocupante es que un Ayuntamiento utilice su posición para decidir qué información puede conocer la oposición y cuál no”. Y recuerda que “la transparencia en la actividad política es una obligación legal y una garantía democrática y, por tanto, no puede depender de la voluntad de la Alcaldesa”.

“Han acabado con la normalidad democrática en Llanera. Documentos que no se incorporan a los expedientes, retrasos injustificados en el acceso a la información, vecinos que no son recibidos cuando plantean asuntos incómodos y respuestas contradictorias cuando el Partido Popular ejerce su labor de control", señala Argüelles.

“Durante los años en los que Gerardo Sanz fue alcalde nunca tuvimos que vivir una situación semejante. Podíamos discrepar políticamente, pero jamás se cuestionó el derecho de los concejales a acceder a la documentación necesaria para ejercer su labor”, concluyó.