Valdés exigirá fianza a empresas madereras para garantizar el buen estado de las infraestructuras municipales

El Ayuntamiento de Valdés da un paso decisivo para ordenar uno de los pilares de su economía: el sector forestal. Con la aprobación inicial de una nueva ordenanza municipal, el Consistorio busca compatibilizar la intensa actividad maderera con la conservación de las infraestructuras públicas, en especial las carreteras y caminos que soportan el tránsito diario de maquinaria pesada.

La concejala de Montes, Patricia Neira, fue clara en su diagnóstico: el peso del sector en el concejo es incuestionable. Más de la mitad del territorio, es decir en torno al 51%, tiene potencial forestal, y a ello se suma un tejido industrial consolidado," con aserraderos punteros a nivel nacional y una red de pequeñas empresas que sostienen la actividad económica loca"l. Sin embargo, ese mismo dinamismo ha traído consigo nuevas tensiones.

En los últimos años, la mecanización de las labores de corta y transporte ha elevado la capacidad productiva, pero también el impacto sobre las vías públicas. "Se utiliza maquinaria cada vez más potente y especializada, que a veces interfiere en el uso de las vías y compromete su seguridad", explicó Neira.

Autorización obligatoria y reglas claras

La clave de la nueva ordenanza reside en someter estas actividades a autorización municipal. A partir de ahora, todas las empresas, tanto las ocales como las foráneas, que realicen trabajos de corta, saca, acopio o transporte de madera que afecten a vías públicas deberán solicitar permiso al Ayuntamiento.

El procedimiento no será meramente administrativo. "La solicitud deberá incluir la autorización autonómica para la corta, planos detallados de las zonas de actuación, rutas previstas, puntos de acopio y un calendario estimado de los trabajos", señaló la edil. Además, se exigirá un seguro de responsabilidad civil y, como principal novedad, el depósito de una fianza económica.

Quedan fuera de esta obligación las actividades de carácter doméstico o aquellas de pequeña escala que, por su volumen o dimensiones, no supongan un riesgo para las infraestructuras.

La fianza, eje de la normativa

El elemento más distintivo de la ordenanza es precisamente esa fianza, concebida como garantía frente a posibles daños en carreteras, puentes o elementos estructurales.

El sistema contempla dos modalidades. Por un lado, una fianza anual, pensada para empresas que operan de forma habitual en el municipio, cuya cuantía se calculará en función del volumen de madera movilizado en años anteriores. Los tramos establecidos van desde los 3.000 euros para explotaciones de hasta 3.000 toneladas, hasta los 12.000 euros para aquellas que superen las 9.000, detalló Neira.

Por otro lado, se habilita una fianza individual para actuaciones puntuales, especialmente dirigida a empresas que trabajan de forma esporádica en Valdés. En este caso, el importe dependerá del volumen de madera, los kilómetros de vías utilizadas y las características de las infraestructuras afectadas.

La normativa también fija condiciones estrictas: si la fianza es ejecutada por daños, la empresa no podrá acogerse al sistema anual durante tres años y deberá reponer la garantía en un plazo de diez días.

Consenso con el sector

Lejos de plantearse como una imposición, el texto nace, subrayó la concejala, del diálogo con las propias empresas y asociaciones del sector. "Puede parecer un trámite más, pero todos coinciden en que es necesario", señaló.

El objetivo es evitar agravios comparativos: que quienes cumplen con las normas no terminen pagando por las malas prácticas de otros. En palabras de la edil, se trata de garantizar "el buen uso y la convivencia" entre actividad económica e interés público.