Oviedo, M. J. IGLESIAS
La nueva política agraria comunitaria (PAC), que se aplicará entre los años 2014 y 2020, vinculará las ayudas a la conservación del medio ambiente con la protección de los paisajes creados por la actividad agrícola y ganadera, según se desprende del texto con las propuestas que se debatirán en los próximos meses y presentado en Bruselas por el comisario de Agricultura Dacian Ciolos.
El documento plantea las bases para cambiar radicalmente el régimen de ayudas vigente en la actualidad, que dejan más de cien millones de euros anuales en Asturias. Las propuestas deben pasar ahora un largo proceso de debate y negociación. De momento, la Comisión Europea ya ha indicado que el objetivo es hacer una agricultura europea más «dinámica, competitiva y eficaz» para alcanzar los objetivos de un crecimiento «sostenible, inteligente e integrador».
El texto baraja tres opciones sobre las que se presentarán propuestas legislativas a mediados de 2011. En líneas generales, la nueva PAC será mucho más «verde», puesto que primará a los productores que cumplan exigencias medioambientales o relacionadas con el cambio climático, el agua, la biodiversidad y las energías renovables.
El documento de partida plantea tres escenarios posibles. Una de las opciones es mantener el sistema actual de reparto de la ayudas, pero introduciendo «más equidad» en la distribución de los fondos entre los estados que componen la Unión Europea.
La segunda opción plantea cambiar «sustancialmente» la concepción de la PAC. En este caso, los pagos constarían de una cantidad básica de apoyo a las rentas a la que se le fijaría un límite máximo que tendría en cuenta la contribución de las explotaciones al empleo rural. También incorporaría un nuevo régimen para las pequeñas explotaciones. Esa medida sería beneficiosa para Asturias, donde predominan las ganaderías de pequeñas dimensiones.
La tercera opción que se baraja aboga por eliminar progresivamente los pagos directos y sustituirlos por pagos limitados para invertir bienes públicos de carácter medioambiental. En la práctica supondría la desaparición de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos.
Las reacciones en Asturias no se han hecho esperar. Las cooperativas agroalimentarias, presididas por Eduardo Alba, consideran que la PAC debe reorientarse «y volver a implantar instrumentos de gestión que prevengan la volatilidad de los mercados». Por otro lado, ven necesaria una estructuración del sector «para reequilibrar la cadena de valor agroalimentaria», señala Alba. Las cooperativas estiman necesario mejorar la competitividad de los agricultores.
Además, reivindican más protagonismo «para concentrar la oferta y ganar poder de negociación». Alba estima además que solamente de esta manera se conseguirá que el productor pueda participar en mayor medida del valor añadido de la cadena de producción alimenticia.
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las comunidades autónomas han acordado crear un frente común para encarar la negociación de la nueva PAC. Tras la reunión, el pasado lunes, del primer consejo consultivo presidido por la ministra Rosa Aguilar y los representantes autonómicos, entre ellos el consejero asturiano Aurelio Martín, se acordó la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico para el que cada comunidad designará a sus representantes y donde empezará a perfilarse la postura de España en esta reforma.
La Ministra convocará a las comunidades a una primera jornada de trabajo en la que informará de las conclusiones del Consejo de Ministros del próximo día 29, así como de sus contactos con los comisarios. Después se celebrará otro encuentro al que, además de las comunidades, podrán asistir las organizaciones profesionales agrarias, las ONG, los grupos parlamentarios y los eurodiputados.
Por su parte, el sindicato ASAJA ha pedido que al menos se mantenga el actual presupuesto de ayudas comunitarias y que se evite una posible cofinanciación de las medidas por parte de los estados. «Traería desigualdades entre productores comunitarios y pérdida de competitividad del sector agrario europeo», señalan. La organización que preside Pedro Barato no ha ocultado su decepción ante el «desentendimiento» de la comisión del reparto de beneficios en la cadena de valor de los alimentos. Barato indica que el agricultor apenas recibe de media el 8 por ciento del dinero que paga el consumidor. ASAJA exige que los productos importados de países terceros cumplan las mismas condiciones de producción que se imponen a los productores europeos.
