La actual Política Agraria Común (PAC), significó la casi total desregulación del mercado de la leche y de los productos lácteos e instauró un sistema de ayudas a la renta de los productores basado en derechos históricos, que no tiene en cuenta las fluctuaciones de los precios de la leche percibidos, ni los costes de producción de los productores. Por ello, la única forma de intentar dar una más que necesaria estabilidad para este sector, sería corregir y enmendar las medidas aprobadas. Los mecanismos de garantía de precios van a tener graves dificultades para su implantación. Sólo un profundo cambio de la PAC, con un sistema de ayudas a la renta sensible a las variaciones del mercado permitiría dar una posible salida a la actual salida de esta crisis y podría evitar otras futuras.
La desregulación del mercado ha sido justificada y avalada por las instituciones europeas y los responsables políticos de muchos estados miembros, incluidos el español, ya que se fiaba a que una teórica posición de fortaleza de la industria láctea en el mercado mundial y un incremento de la demanda interna, serían capaces de estabilizar los precios en el sector. En este teórico escenario el acuerdo entre partes (productores-industria-distribución) sería capaz de permitir una estabilidad sectorial, algo así como que el mercado todo lo arreglaría sin ninguna medida política ni intervención ni de regulación, pero como en otras muchas ocasiones todos los análisis y previsiones de la Comisión y de los estados miembros saltaron por los aires a las primeras de cambio.
Para poder obtener un acuerdo entre partes, en cualquier sector incluido el lácteo es necesario el equilibrio de las partes, pero si hay un ejemplo de sector en desequilibrio este es el lácteo. La leche es un producto altamente perecedero y con una producción altamente atomizada y con un sector transformador que depende de una distribución que tiene una situación de dominio casi absoluta. Con este panorama podría parecer que los responsables políticos no pueden hacer nada. Todo lo contrario. ¿Acaso el sector eléctrico no tiene unos precios de la energía publicados en el BOE, o no hay industrias de aluminio a las que se les subvenciona el precio de la energía por artilugios administrativos, o no está regulado donde se puede instalar una farmacia? Y como estos hay muchos más ejemplos.
Los que piensan que el mercado lo es todo y que la competencia pone a cada uno en su sitio, deberían reflexionar sobre lo que ocurre en un sector como el lácteo. Por ejemplo, podría hacerse una mejor regulación del papel de los primeros compradores, o una decidida apuesta por fortalecer el sector industrial a través de una política de fusiones, para hacer viables las empresas con problemas. De lo que no cabe duda es que no harían falta tantos recursos como los consumidos por el sector bancario español, para llevar a cabo las fusiones necesarias.
Pero de la actual situación no sólo son responsables los políticos españoles, que no tienen ni han tenido en su agenda, ni al sector lácteo ni al sector agrario en general. Los sindicatos sectoriales también tienen su parte. Los ganaderos deben reflexionar sobre el elevado grado de individualismo en el que están sumidos. En muchos casos, se piensa más en intentar conseguir un mejor precio a su producción del día que en intentar establecer estructuras colectivas que mejoren y defiendan su producción de forma estructural. Tienen seguramente, un amplio margen de mejora para hacer más competitivas sus explotaciones, pero esa es otra cuestión que igualmente requiere una amplia reflexión. La industria láctea atomizada y con alto grado de dependencia de la leche líquida, y la distribución que ejerce de forma aplastante su situación de dominio, son otras cuestiones claves.
La clase política española no sólo puede favorecer el acuerdo entre partes, puede y debe de realizar otras muchas políticas activas, cuyo objetivo sea dar una salida a esta crisis de la que no se visualiza su final. ¿Acaso se prohíben los apoyos a la recogida de la leche en zonas con dificultades naturales? ¿No podría hacerse un decidido apoyo a zonas en grave peligro de abandono de la producción sin otra alternativa productiva? ¿No podría favorecerse el pleno autoabastecimiento energético de las explotaciones o destinar los recursos presupuestarios necesarios para favorecer la necesaria mejora tecnológica de las explotaciones?
Lo que sí parece más que evidente es que sin una profunda transformación de la PAC, una mayor implicación de los políticos españoles, otras nuevas formas de abordar la situación por la que pasa el sector por parte de los sindicatos agrarios, un necesario cambio de la forma de hacer de muchos de nuestros ganaderos y un nuevo comportamiento de la industrias transformadoras y de lo distribución, que expliciten un acuerdo entre partes con resultados inmediatos y no con intenciones, no parece fácil una salida a la actual crisis.
