09 de marzo de 2017
09.03.2017

El Principado contratará "de urgencia" los equipos para "levantar" cultivos de patata

El Gobierno usará el mecanismo "de emergencia" para empezar a controlar las plantaciones en cuanto delimite la zona infectada por la polilla

09.03.2017 | 01:44

La "emergencia" de la patata en el occidente asturiano aconsejó ayer al Principado el uso del mecanismo "de urgencia" para autorizar la contratación de equipos humanos y la habilitación de los créditos necesarios para emprender "de inmediato" la batalla contra la "polilla guatemalteca". De inmediato será previsiblemente a comienzos de la próxima semana, en cuanto la Administración autonómica acote definitivamente las áreas donde se prohibirá la siembra y el movimiento de patata. Al tercer día de vigencia del decreto del Ministerio de Agricultura que marca la estrategia de "control" y "erradicación" de la plaga, el Consejo de Gobierno dio de paso ayer el mecanismo que autorizará la actuación inmediata en cuanto una resolución de la Consejería diseñe oficialmente los límites de la zona infectada. La apertura de este "expediente urgente con tramitación de emergencia" permitirá a partir de ese momento, según explicó ayer la Consejera, María Jesús Álvarez, "iniciar el levantamiento de cultivos de patata donde esté prohibida la siembra". Se usa, en esencia, la prerrogativa que otorga la ley de contratos para declarar la emergencia, acelerar las contrataciones y poder disponer de inmediato de los equipos que acometerán sobre el terreno las tareas de revisión y recogida de muestras y de los créditos necesarios para hacer frente a todas estas eventualidades.

El encargo de ejecutar la vigilancia y en su caso el levantamiento de los cultivos lo recibirán dos empresas públicas, aunque todo pasará, no obstante, a partir de lunes. Para esa fecha está programada una reunión entre representantes del Principado y los alcaldes de los municipios afectados, que conocerán los planes del Gobierno justo antes de que el Ejecutivo cumpla el encargo del Ministerio de establecer un mapa de zonas "infectadas" -donde se prohibirá la siembra, se "desenterrará" lo plantado y se restringirá el movimiento de patatas- y de un área "tampón" aneja a aquélla y sometida a estricta vigilancia. Los planes del Principado, según aseguró ayer el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, no diferirán mucho de los expuestos en la resolución de principios de febrero en la que el Principado declaraba "zona afectada" los concejos de San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero y "de especial vigilancia" los limítrofes de Tapia de Casariego, Coaña, El Franco y Villayón.

El Principado no excluye matices dentro de los municipios, aunque precisa que "los limítrofes con Galicia", por donde entró la plaga en Asturias", tienen escasas opciones de poder abstraerse de su condición de zona infectada. "Tenemos que construir una barrera en el Eo", afirma Casas, que sí admite, no obstante, posibles descensos al detalle en algún concejo, sobre todo allí donde la presencia de la polilla haya sido menos virulenta, siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y sabiendo también que el propio texto del decreto ministerial habilita a ampliar las restricciones a todo un término municipal en aquellas áreas donce "el cultivo de la patata se realiza de forma mayoritaria en gran número de parcelas repartidas irregularmente por todo el territorio y por agricultores no profesionales", como sucede en Asturias de forma generalizada.

Aquí, de momento, Desarrollo Rural tiene constancia de unas 25 hectáreas plantadas, no demasiadas, en la zona concernida y no ha detectado nuevos casos de polilla pese a la inquietud generada en algunas áreas. En Villayón, donde no se había detectado ningún caso de polilla, unos sacos de patatas manchadas distribuidos en varios almacenes de las inmediaciones encendieron algunas alarmas, pero han resultado ser el efecto de un hongo que traían las patatas.

Las dudas, mientras tanto, no decrecen en la zona afectada ni en sus inmediaciones. Jarrio (Coaña) es territorio "de especial vigilancia", pero vecino de puerta del área "afectada", que comienza a apenas unos centenares de metros, al otro lado de la ría, en la frontera con el concejo de Navia. Aquí, Joaquín Méndez ha plantado ya unos 8.750 kilos de patata. Tenía que hacerlo. El tubérculo es el origen de la mayor facturación de su empresa, dice que estaba obligado mientras no hubiera una prohibición expresa. Ha plantado cruzando los dedos por lo que pueda pasar con tantas plantaciones de autoconsumo, a sabiendas de que los profesionales tienen un control estricto y con ciertas dudas por el efecto expansivo que puedan generar las patatas que crecen al margen de esa inspección. Consciente de que "a la polilla es difícil ponerle una frontera". Méndez encarna el riesgo más alto de la gestión de la plaga, el profesional que tiene en serio riesgo su negocio y al que además su propia experiencia le previene contra unas indemnizaciones que le ponen en lo peor, que amenazan con ser "manifiestamente insuficiente". Los baremos no se regulan con precisión en el decreto ni en las leyes a las que en ese punto se remite, pero por lo que sabe, dice, "la tasación es baja aunque quitemos el beneficio empresarial y sólo computemos los gastos". Eso sin contar que en una plantación de las dimensiones de la suya un hipotético levantamiento lleva una inversión en mano de obra de la que no se sabe nada.

Lo que sí sabe es lo que se hace clamor en todo su gremio, que el decreto "no podía haber llegado más tarde". Que "está muy mal hecho desde el principio. Se sabía que el problema se había declarado en Asturias en 2015 y que está en la Península desde 1999... Es cierto que el Principado ha sido la administración que más ha hecho para resolver el problema, que ni en Canarias -donde se declaró la plaga por primera vez- ni en Galicia se hizo absolutamente nada", pero también que al final "quien lo va a pagar va a ser el agricultor que vive de ello".

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