La consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales castigará el fraude agroalimentario con multas de hasta 300.000 euros, según contempla el borrador del anteproyecto de la ley de calidad alimentaria. Esta norma, cuyo objetivo es cumplir los reglamentos comunitarios del sector, regulará por primera vez en Asturias la venta directa y creará la figura de "artesano alimentario" como apoyo a los pequeños productores locales. "Queremos garantizar a los consumidores que estas producciones son de calidad pese a no poder someterse a los mismos controles que la industria", explica el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas.
Para ello, los operadores tendrán que registrar su actividad en el censo de artesanía alimentaria y podrán utilizar tal denominación en el etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos que produzcan. El Gobierno regional impulsará asimismo las variantes de "artesano de montaña" en el caso de que la actividad se desarrolle en zonas de montaña, y "artesano casero" para los elaboradores que comercialicen las materias primas de su explotación. Estas figuras vienen a completar el concepto de venta directa, entendida como la comercialización sin intermediarios al consumidor final o a los establecimientos minoristas. "Hasta ahora se podía hacer venta directa, el problema es que no estaba regulada. Lo fundamental ahora es asegurar la trazabilidad del producto y determinar quién puede hacer venta directa, y en qué condiciones", aclara Casas.
Según el anteproyecto de la ley de calidad alimentaria, la venta directa se podrá realizar "en establecimientos de los que sean titulares el productor o la agrupación de productores alimentarios, en mercados municipales, lonjas, ferias, establecimientos minoristas y mediante las tecnologías de la comunicación". Entran dentro de este tipo de comercialización, los productos de origen agrícola, ganadero, forestal, cinegético, micológico, pesquero, de la acuicultura o del marisqueo. Para evitar el fraude, el director general de Agroalimentación asegura que la norma exigirá a los productores estar inscritos en la sección de venta directa del registro de operadores alimentarios del Principado de Asturias. Si aún así, se percibe fraude y falsificación, las multas estarán comprendidas entre los 3.000 y los 300.000 euros.
Todo ello demuestra que la ley autonómica, cuyo borrador se remitirá la próxima semana a los colectivos implicados para hacer alegaciones, busca un equilibrio entre la industria y los artesanos, a diferencia de otras comunidades autónomas que apuestan más por la agroindustria. El anteproyecto de la norma, según explica Jesús Casas, fue ampliamente consensuado con el sector. Como prueba, las reuniones previas celebradas con consejos reguladores, organizaciones de productores o agrupaciones sectoriales, así como la remisión del texto a la Mesa Sectorial de Industrias Agroalimentarias y a la Entidad Nacional de Acreditación. La redacción de la ley es necesaria, dice Casas, después de que la norma estatal desapareciese -ahora sólo existe una específica de organizaciones supraregionales como la Denominación de Origen de Los Beyos- al incidir la Unión Europea en que la calidad alimentaria es competencia exclusiva de las comunidades.
El anteproyecto de ley hace un "especial esfuerzo", indica el director general de Agroalimentación, por definir los Consejos Reguladores. "Antes eran órganos desconcentrados de la Administración en la que el Gobierno podía delegar ciertas funciones, como la promoción o el control de los operadores. Pero ahora la regulación comunitaria dice que son corporaciones de derecho público. Esto quiere decir que para hacer los controles, tienen que acreditarse como agentes de control y eso sólo lo podrán hacer algunos Consejos Reguladores, no todos tendrán esa capacidad", explica. Los que no puedan, serán entidades de gestión.
En este contexto, el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al Consejo Agroalimentario como órgano de asesoramiento de esta ley, que se une al Consejo Agrario ya aprobado este año.
