El salario social básico es la ayuda que da el Principado a quienes no tienen unos ingresos que les aseguren la supervivencia. El año pasado lo cobraron 18.000 personas y se calcula que beneficia a unas 40.000. El mínimo son 442,9 euros para una persona sin otro ingreso, y el máximo, 767 para una unidad económica de convivencia independiente (familia u otras formas de unión en domicilio) numerosa. Son 101 millones de euros anuales del Presupuesto autonómico, diez veces más que cuando se puso en marcha esta ayuda, promovida por Izquierda Unida, hace 10 años, cuando aún no había empezado la sucesión de crisis económicas que asuela el país. Este reportaje cuenta cinco casos de personas que han recibido o reciben el salario social. Todas han pedido distintos grados de discreción, desde el anonimato a no ser fotografiados. Han contado las circunstancias que les llevaron al estado de necesidad y han hablado de cómo se sienten al depender de un ayuda básica y cómo es un día a día en lucha sin tregua contra el precio de las cosas.
"Dejaré de pagar la comunidad, mi hija y yo tenemos que comer"
I. M. M. es avilesina, tiene 50 años y vive con su hija de 18 años en un buen piso en el que durante la entrevista entra la luz. Este marzo en esa casa no se comió carne ni pescado y se pasó frío porque la caldera está averiada. I. M. M. cobra el salario social desde hace un año, hasta marzo con unos atrasos de 300 euros que le elevaban la percepción hasta los 800. "Ahora, con 540, dejaré de pagar los 65 de la comunidad porque mi hija y yo tenemos que comer y el piso tengo que pagarlo o me lo quitan".
La hipoteca son 335 euros, que suben a 350 euros con los intereses que le cobra el banco porque el salario llega tarde. Más el gas, el agua, la luz.
El año pasado le dieron 700 euros en una paga única para la niña, por ser menor, antes de cobrar el salario social. Este año no tiene ni beca para libros. Su exmarido le ayuda con la niña o si no llega a fin de mes. Su pareja, que no vive con ella, cobra 400 euros y a veces le presta dinero.
I. M. M. sabe cómo es vivir así. En febrero de 2014 dejó de cobrar los cuatro meses de paro que le generaron cuatro meses de trabajo y quedó sin ningún ingreso. Ninguno. La Fundación San Martín, que depende del Ayuntamiento, "me pagaba el piso y la comunidad y un par de veces el agua y la luz, pero no tenía para comer. Lo peor era pedir a la familia y los amigos. Fueron meses de lentejas, fabes, garbanzos, arroz y patatas, sin tomar un café ni echar una quiniela, sin esperanza de nada, deprimida. El psicólogo me dio pastillas, las tomé, me provocaron como calambres en la cabeza, y las dejé. Soy antipastillas porque arreglan una cosa y estropean otra".
Esto fue después de que su segundo hijo marchara de casa. Sus dos hijos mayores, de 30 y 23 años, viven con sus parejas.
I. M. M. se casó con 20 años y se separó hace 14. Dejó de estudiar en segundo de Bachiller y trabajó en la tienda de sus padres. Muchos años de casada los dedicó a criar a los hijos. Tiene siete años cotizados, "aunque trabajé algunos más". Hizo la ESO en la escuela de adultos del Nodo y en el Centro Integrado de Suanzes logró un grado medio de técnico en instalaciones eléctricas. Acaba de terminar un cursillo de informática básica y ha hecho otro de 180 horas de atención al público. Siempre trabajó de cara al público, de camarera, vendiendo material eléctrico, en una tienda de cuadros... Ya ha pedido hacer otro curso.
Pasó casi dos años esperando a cobrar el salario social. Cuando se lo concedieron, su hijo empezó a trabajar, cobrando más de 600 euros y lo paró. Reanudó la petición cuando marchó su hijo, pero luego trabajó unos meses.
Mira siempre Trabajastur e Infojobs a ver si sale algo y acude a la orientadora para hacer cursos. Pero no le será fácil trabajar. Tiene una invalidez del 42% por una distrofia miotónica de Steinert, una enfermedad muscular congénita y degenerativa, que la debilita, le agarrota las manos y le produce cataratas. Desde hace tres años ve borroso pero aún no se pueden operar. De los siete hermanos que son, cuatro tienen esa enfermedad y tres ya están jubilados por culpa de ella. Su hija, que estudia primero de Bachiller, tiene el 40% de invalidez.
"La enfermedad quita las ganas de hacer cualquier cosa, pero me obligo porque estoy más activa cuando lo hago. Además, prefiero ganar 1.000 euros y trabajar que 500 y pasar hambre, pero hay personas que si les ofrecen un empleo por dos meses dudan en aceptarlo por si después tardan un año en volver a recibir el salario social. Ahora sé por un amigo que tardan menos en darlo". (El Principado reforzó el número de funcionarios que lo tramitan ante el aluvión de demandas de la crisis).
"Me formé, busqué empleo, trabajé en lo que me dejaron, pero hay una barrera"
Cuando corre por la orilla de la ría de Avilés Manuel P. L., una vez o dos a la semana, se olvida de que lleva siete años y tres meses vapuleado por la crisis y de que, en julio, es muy posible que ni tenga trabajo ni cobre nada. Solicitará, de nuevo, el salario social y tardará más de un año en empezar a cobrar.
Manuel es un economista avilesino de 35 años que viene de una familia de clase media trabajadora, empezó a trabajar con 23 años en banca, alcanzó grado de subdirector y llego a ganar 2.000 euros al mes. Está casado, tiene un hijo y vive de alquiler en un piso del centro. Sale a correr después de trabajar, ahora en una empresa de la economía social, con una jornada de ocho horas que pueden ser diez o doce si hay tarea. Cobra 800 euros netos más dos pagas extra.
En diciembre de 2008, después de cinco años trabajando, el banco le ofreció una baja incentivada. "Se llama así a un despido algo mejor remunerado".
Tres días después, tenía un contrato indefinido como administrativo contable en una empresa de ingeniería. Cuando llevaba cinco meses, supo de una oferta mejor -responsable comercial en una gran constructora metálica- dudó, se informó sobre la empresa y cambió. Era a mediados de 2009.
En 2010 se casó con una oficiala de peluquería en paro. En mayo de 2011 nació su hijo.
Cuando empezó el plan de recorte público, dejó de llegar a tiempo el dinero de las grandes constructoras y la empresa, que estaba excesivamente endeudada, cascó. Manuel quedó hasta el final. Lo despidieron en noviembre de 2011 con muchas nóminas pendientes de pago. Dejó de cobrar 7.500 euros porque no podía esperar a que llegara el dinero del Fondo de Garantía Salarial. Tenía dos años de seguro de desempleo durante los cuales acabó las tres asignaturas que le quedaban de la carrera de Económicas, las más duras para él, corriendo para que no le alcanzara el "plan Bolonia". Logró la titulación superior e hizo un certificado de profesionalidad nivel uno de financiación de empresas, 700 horas. También tuvo contratos de formación. "Se llama así a trabajar gratis para las empresas".
En 2012 cogió el directorio de empresas de Asturias, lo miró polígono por polígono y envió currículos a todas las que necesitaran un empleado con un perfil administrativo comercial. Le llamaron pocas veces. Tenía 32 años. Las empresas reciben subvenciones por contratar a menores de 30 años.
En 2013 el pediatra del ambulatorio detectó un retraso en el lenguaje de su hijo. Necesita clases de logopedia. Dos por semana. Cada sesión vale 20 euros. Unos 2.000 euros anuales. Una beca cubre 913 euros. En noviembre de 2013 solicitó el subsidio por desempleo. Son 426 euros. El alquiler de la casa eran 450 euros. También solicitó el salario social hasta cumplimentar el salario máximo de subsistencia: 200 euros más. El salario social tardó un año y pico en cobrarlo. "Lo pedí en un momento de necesidad, pero me lo dieron a medio plazo".
"Tenía que vivir con 600 euros. Una familia de tres miembros no puede gastar menos de 1.100 euros".
Los ahorros se acabaron pronto. Pidió dinero a sus padres.
Estaba pagando el coche, una cuota de algo más de 200 euros: "Si lo vendía, no liquidaba el crédito. Además, mi idea era trabajar y en mi trabajo me exigen un coche. Lo dejé parado, pero tiene gastos de seguro, impuesto, mantenimiento, garaje".
Tomó medidas drásticas. No tuvo teléfono móvil, no compraron ropa, no tomaron un café fuera de casa, midieron el gasto en luz, no hubo calefacción ese invierno. El agua son 100 euros y no se puede comer por menos de 200.
"¿Hice algo mal? Creo que hice todo lo que tenía que hacer: formarme, buscar trabajo, trabajar en todo lo que me han dejado, pero hay una barrera".
Está dispuesto a trabajar por debajo de los salarios de su formación, a viajar. Sigue las ofertas de los portales de empleo: "No sirven para nada. Son trabajar como autónomo, para ONG. Quieren que por cuatro duros trabajes ocho horas, pagues los seguros sociales y pongas el coche, el teléfono y el culo si hace falta. Está muy de moda que no te paguen y quedas atrapado: no te puedes ir porque pierdes tus derechos sociales".
En enero de 2015 se presentó al plan de empleo local de Avilés. Salió elegido para una plaza de economista en el Ayuntamiento asesorando a emprendedores. Empezó a trabajar en julio. Ese mes se dio de baja en el salario social. El contrato expiró en enero de 2016. A continuación entró a llevar la secretaría técnica de una empresa de la economía social con personas de situación muy difícil en las que se les da formación y competencias laborales.
"Necesito trabajar por orgullo personal y autoestima. Tengo contratos en prácticas, lo que significa cobrar el 60% del salario de convenio. Gano ochocientos y pico euros, 200 euros más que cobrando el salario social. Si no sigo, y es lo que seguramente me pase dentro de tres meses, tardaré más de un año en cobrarlo. Dejar el salario social está desincentivado por esa espera, pero yo trabajo porque si no estaré fuera del mundo laboral y es muy difícil reengancharse". "Venden una falsa expectativa de salida de la crisis. Se tardará años en salir de este bache. Lo que hay es una recuperación económica con contratos temporales y salarios muy bajos que crean una enorme desigualdad. Voy a seguir siendo pobre, en exclusión social, de por vida. Tengo muchos conocidos y amigos como yo, trabajando para subsistir malamente".
Si pierde su trabajo, dentro de dos meses y medio no cobrará nada. Intenta no acordarse de eso cuando sale con la familia al parque, o si llueve, a pasear por un centro comercial sin gastar nada.
"Me agobia depender de mi hijo de 20 años, pero somos una familia"
Quiere ser llamada Sara. Es castellana, vive en Avilés, tiene 53 años, está divorciada y vive con sus dos hijos, de 23 y 20 años. El mayor acabó una Ingeniería y hace un máster. El pequeño es repartidor desde hace tres meses y gana entre 650 y 700 euros. Parece que le van a renovar. Sara ha advertido que entra ese dinero y en cuanto una carta reconozca esa situación tiene que devolver el dinero del salario social cobrado desde el mismo primer mes de paga de su hijo.
Solicitó el salario en noviembre de 2014 y empezó a cobrarlo ocho meses después. Entretanto la ayudaron su madre y su hermana, con 800 euros. Cobra 584 euros del salario social desde septiembre de 2015, pero desde hace tres meses ya no lo gasta.
Estuvo casada durante 23 años. Su marido le impedía trabajar, pero al final limpió casas, cuidó una niña, hizo transporte escolar... Se divorció hace tres años. "Me sentía menospreciada, maltratada psicológicamente. No podía salir a la calle salvo que mi cabeza dijera: ´Tienes dos hijos a los que dar de comer´. No era yo".
Busca trabajo activamente desde hace dos años y medio. Hizo cursos de peluquería, de camarera de pisos y está apuntada a uno de catering y a otro de carretillera. "Supongo que es para conducir una carretilla elevadora". Hace muñecas de goma EVA para sacarse un extra.
Le quedó una pensión alimenticia de 500 euros por los hijos. Le cuesta cobrarlos. Vive en el piso del matrimonio. Su exmarido paga la hipoteca hasta que se venda el piso y hagan la separación de gananciales.
Su hijo ingeniero ha estudiado con beca. Recibe clases de inglés para mejorar su acento (15 euros por clase) porque se relaciona con gente de empresas anglófonas. Su padre colabora en el transporte y en el inglés. Come de "tupper" todos los días. Tiene novia y Sara distrae 10 euros para que no vaya sin dinero en el bolsillo.
Los gastos de comunidad, agua, luz y gas están entre 230 y 250 euros. Con los 550 euros tiene que pagar la comida, la ropa, las salidas, el tratamiento de acné para el pequeño -50 euros cada mes- y gastos inesperados como la solicitud del título universitario.
Paga 65 euros de teléfono porque necesita internet en casa. Es la opción más barata. Su teléfono sale gratis y el de cada hijo cuesta 10 euros y no hacen llamadas. Busca ofertas, compra barato y congela. "Intento no deber. Si voy a comprar tengo que tener el dinero. Si esta semana tenemos que tirar con 60 euros, se tira. No quiero seguir pidiendo ayuda".
Su hijo pequeño tiene un contrato de 4 meses. "Si no le renuevan, volveré a pedir el salario social". Que su salario interrumpa la ayuda "me parece un poco injusto porque siempre les he animado a que se busquen la vida y salgan de casa. Me da un poco de rabia que no pueda irse porque quiere ayudar y me agobia depender de él, pero lo hablamos: seguimos siendo una familia y hay que hacer frente con lo que podamos nosotros. Me da el equivalente al salario, que es lo que tengo que devolver, y lo que sobra es suyo".
Sara lleva 14 años a tratamiento por ansiedad y depresiones. Desde el divorcio bajó la dosis de ansiolíticos -mañana y noche- y está mejor. "Como cualquiera, me puedo quedar una tarde en la cama, pero a la mañana siguiente, me digo ´Píntate el ojo´. Hacía siglos que no me pintaba ni me arreglaba. Me repongo antes. Tengo el problema económico, pero no el otro".
"Tengo que apretar cada día y Cáritas me da vale y ropero"
María Teresa Familiar Briones es de Avilés y tiene 45 años. Tiene dos hijas con su pareja, un maderista de 62 años, con leucemia y sin trabajo. Las chicas tienen 24 y 18 años.
Cobra el salario social desde hace cinco años. Ahora son 529 euros. Trabaja una hora y 45 minutos, fregando, por lo que gana 200 euros, "pero tengo que pagar el bono del autobús de Carballedo hasta La Luz. Llevo 18 meses trabajando y no quieren que me vaya".
Paga 360 euros de alquiler por un piso en la calle San José Artesano del barrio de Carballedo. Más luz, agua, gas. "Hay que apretar del primer día al último del mes. Si no puedes comprar pescado, compras carne y si no lo que puedas. Me dan el vale de Cáritas, 85 euros al mes para comida. Cada dos meses puedo ir al ropero de Cáritas. Tengo que tener internet para los estudios de la pequeña. Me entra internet, televisión y móvil por 40 euros".
"Durante tiempo no pudimos pagar los muertos y estuvimos corriendo el riesgo de que nos pasase algo y luego ¿quién paga una muerte? Mi marido está enfermo; yo, mala... Llevo un año apuntada a los muertos otra vez". María Teresa tiene una minusvalía del 40% porque es epiléptica y está medicada también para la ansiedad desde 2009. Lleva cuatro años en busca de un diagnóstico para sus problemas digestivos. Sus hijas son asmáticas y tienen migrañas. La mayor hizo un curso para niños, trabajó en una panadería y ahora busca empleo. La pequeña hace un curso de estética.
María Teresa empezó a trabajar a los 14 años, interna, cuidando niños. Conoció a su hombre a los 18 años porque era vecino. Él tenía 34. No trabajó mientras criaba, pero luego sí: limpió casas y comunidades, cuidó niños y ancianos. "Hubo una temporada en que los dos trabajábamos y sobraba dinero". La crisis les llevó a esta situación.
Para salir adelante hizo un curso de atención sociosanitaria en Azvase, empresa de ayuda a domicilio, y prácticas en el asilo de San Cristóbal, en residencia y en domicilios.
"Son muchos problemas. Mi marido está amargado, las chica piden porque van para arriba, la salud de la pequeña me preocupa... En mis trabajos acabé bien. Tengo esperanza de encontrar algo más y que las crías se independicen. Si me llaman para cuidar un abuelo de noche, voy. Me da igual limpiar el culo a un niño que el de una persona mayor".
"Tendrían que dar más ayudas para los pobres"
Hernández y su familia cobran la cantidad más alta del salario social: 715 euros. Este ovetense de 33 años y su mujer, de 27, tienen cuatro hijos pequeños. Están de alquiler en una vivienda social de tres habitaciones, cocina, salita y cuarto de baño que les cuesta 124 euros al mes. Luz, gas y agua les llevan ciento y pico euros más.
Es por la mañana y viene a la entrevista con su hijo más pequeño (tres años y medio) después de haber llevado a la escuela a los otros tres -una niña de once años y medio y dos varones de nueve y cinco y medio- y de haber ayudado un poco en casa.
Cobra el salario social desde hace más de cuatro años. Nunca estuvo escolarizado ni trabajó. Hasta que se independizó vivía con sus padres, que cobraban pensiones no contributivas. Su hermano tiene 46 años, es ciego, no trabaja y cobra una pensión. Su hermana tiene 40 años, es obesa mórbida y tampoco puede trabajar. Él dice que tiene mal la espalda, pero sus lumbalgias no están reconocidas con ninguna invalidez.
Conoció a su mujer el verano de hace 12 años, cuando fue a Tarragona. Se casaron dos o tres meses después. Ella es ama de casa aunque va a que le sellen la cartilla del paro cuando toca y nunca "le piden nada". La asistente social "es muy buena".
Después de recoger a los hijos por la tarde, Hernández visita a su madre y más tarde va con sus amigos. "Están como yo". No ve la tele: "Los niños sí, todo el día con dibujos animados". Le gusta charlar y caminar. Acude a los cultos de la comunidad Bautista Evangélica. "Vamos tirando malamente con algo de ayuda de mi madre. Tendrían que dar más ayudas para los pobres. No veo que pueda cambiar nada".
