El jurista asturiano Rafael Arenas (Vegarrozadas, Castrillón 1967), catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), es el expresidente de Sociedad Civil Catalana, organización contraria al nacionalismo catalán y a la secesión. En 1990 se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, en la que se doctoró. En 1996 pasó a ser profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Autónoma de Barcelona, ciudad en la que reside desde entonces. Es colaborador habitual en medios con artículos de temática jurídica y sigue ligado como asociado a Sociedad Civil Catalana, organización que presidió durante poco más de un año.
-En agosto de 2016, en una entrevista a este periódico, aseveró: "Cataluña está dividida desde el Gobierno hasta las asociaciones de vecinos". ¿Y cómo está ahora entonces?
-Fracturada en dos grupos y con muchas dificultades de comunicación. Vemos la realidad de forma totalmente diferente. Le pongo ejemplos. A los independentistas lo único que les preocupa es lo que haga Puigdemont y a nosotros si el Gobierno va a saber dar una respuesta o no. Para unos el discurso del Rey fue nefasto, pero yo considero que para mucha gente en Cataluña fue maravilloso. Hay gente indignada por la detención de Jordi Sánchez (de ANC) y de Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y hay gente muy contenta por que se haga algo de justicia. Hay posiciones totalmente antagónicas y cada día que pasa se agrava más.
-Usted es de los contentos por la detención...
-Contento no es la palabra, a nadie le gusta que acabe gente en prisión, pero en Cataluña se han roto los consensos y por tanto sólo queda la ley, que es lo que tenemos en común para organizarnos socialmente. Los no nacionalistas vemos que la ocupación de colegios del 1 de octubre y el modo de actuar de Sánchez y Cuixart fueron actos ilegales. Se cometieron ilegalidades. Si no hay ningún tipo de sanción cuando se actúa al margen de la ley, lo que nos queda a los que estamos aquí en Cataluña es someternos o actuar también al margen de la ley. Por eso nos parece muy importante que se restaure la legalidad. Si la ley actúa, no nos sentimos indefensos. Nos están amenazando con convertirnos en extranjeros en nuestro país, con sus consecuencias. Lo único que nos puede proteger es la ley.
-En aquella conversación, en un 2016 de elecciones, decía usted que los resultados en las urnas hacían indicar que la idea de ruptura unilateral estaba perdiendo apoyo en la sociedad catalana. ¿Se confundió en el diagnóstico?
-Creo que no. Ahora mismo la sociedad catalana, en su mayoría, es bastante contraria a la ruptura unilateral, más que en 2016. Le pongo ejemplos. El 2 y el 3 de octubre fueron los días más duros porque vimos el carácter totalitario del régimen nacionalista. El 3 de octubre estaba convocada una huelga patriótica, una parada de país. No fue una huelga general, sino que las administraciones se sumaron a la huelga. Mi Universidad canceló toda actividad académica para unirse a la huelga de país. El departamento de Educación dijo a los profesores que podían no trabajar sin ver mermado el salario porque el departamento se sumaba a la huelga. Eso me parece de un totalitario absoluto. ¿Cómo queda tu derecho a secundar la huelga cuando tu propia Universidad, tu Gobierno te están diciendo que debes unirte? Es estremecedor vivirlo aquí. Mi mujer es maestra y en su colegio fueron a trabajar veinte profesores de un claustro de treinta. Otros colegios cerraron directamente.
-¿Conclusión?
-Desde el verano, lo que vivimos en Cataluña es que el Gobierno de Puigdemont, con la CUP, ha dejado de intentar ampliar la base social y ha querido radicalizar a los que ya tienen. Creo que ésa es la política que han seguido, porque si no es imposible la respuesta que tuvo la manifestación que hicimos el 8 de octubre, con un millón de personas, más que en las últimas Diadas. Así que yo creo que, al revés, ahora hay más gente en contra de la secesión, más aún después de la fuga de empresas y de la posibilidad de corralito financiero. La táctica de la Generalitat es la revolución. Su objetivo es ocupar la calle. Y para eso no necesitas la mayoría de catalanes, sino que los que tienes estén dispuestos a ocupar aeropuertos, a rodear los edificios del Estado en Cataluña como ya se vio el 20 y el 21 de septiembre.
-Quiere elecciones...
-Sí, claro. No quiere elecciones el Gobierno de Puigdemont. Rajoy hizo la oferta de paralizar el 155 si convocaba elecciones autonómicas. Pero ellos no están en esa fase. Intuyo que en caso de elecciones los resultados de los nacionalistas serían malos. El pasado martes por la noche se hizo en la Diagonal una manifestación con velas para protestar por la detención de Sánchez y Cuixart, con 200.000 personas según la Guardia Urbana, de la que por cierto no me puedo fiar. Como dejaron las velas en la calle, al día siguiente la cera derretida se convirtió en una trampa para los peatones y hubo que cerrar la Diagonal para poder limpiarla. Le aseguro que la gente no decía nada bonito de los independentistas. Mi sensación en la Universidad es que las clases transcurren con más normalidad que en los últimos años. Veo a la gente más desconectada del proceso secesionista. Los más radicalizados, los que están dispuestos a todo, son los menos, pero podemos llegar a un conflicto de orden público de primera magnitud.
- ¿Qué opina de la postura del Gobierno en el conflicto?
-Creo que en estos momentos hay que apoyar al Gobierno y es muy importante que el PSOE vaya con el PP. Los partidos constitucionalistas tienen que mostrar un frente unido. Eso lo valoro muy positivamente. Pero también es cierto que nunca debíamos haber llegado a esta situación. El Gobierno ha minusvalorado desde hace años el riesgo que representaban los nacionalistas. Ya en 2014 se tenía que haber percibido que el desafío podía llegar al punto en el que estamos ahora. Y fue un error no haber actuado el 6 y 7 de septiembre.
- ¿Qué debería haber hecho Mariano Rajoy entonces?
-Aplicar ya entonces el artículo 155. Vivimos en un golpe de Estado desde esa fecha, cuando en el Parlamento de Cataluña se aprobaron la ley de referéndum y la de transitoriedad de forma ilegal. La indignación era máxima entonces por parte de todos, incluso Catalunya Sí que es Pot estaba contra lo que estaban haciendo Junts pel Sí y la CUP. El Consejo de Garantías manifestó que lo que estaba pasando en el Parlamento no se ajustaba a derecho. En aquellos días ya se hizo evidente que estábamos ante un golpe de Estado y se podía haber evitado que la Generalitat utilizase su poder público para cometer un delito tras otro. La legitimización del Gobierno para actuar entonces era inmensa. Recuerdo el comunicado que suscribieron todas las asociaciones de jueces. Decía que la Generalitat ya no se podía considerar autoridad porque se había alejado de la ley. El Gobierno central debería haber explicado entonces la crisis institucional al país y a la comunidad internacional.
- Pero...
-Pero al no hacerlo así se ha producido una socialización del conflicto. Si se hubiese aplicado el 155 los actos irregulares y delictivos se habrían ceñido a los miembros de la Mesa del Parlament y al Gobierno de la Generalitat de los días 6 y 7 de septiembre, a nadie más. A partir de ahí hay más gente afectada, alcaldes que dieron su apoyo al referéndum; miles de ciudadanos catalanes han cometido delitos graves, aunque ya no se puede actuar contra ellos porque el Código Penal tiene límites. Las personas que ocuparon las escuelas el 1 de octubre para impedir que la Policía entrara cometieran sedición, eso es el artículo 544 del Código Penal. Lo dice claramente: "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Haber llegado a esa situación es gravísimo. Y tampoco se debería haber llegado a la internacionalización del conflicto. Ahora nada de lo que pase en Cataluña podrá hacerse al margen de la comunidad internacional.
- ¿Era lo que buscaba Puigdemont?
-Es lo que buscaban y lo han conseguido. Ha habido declaraciones de primeros ministros, de la Unión Europea, el Gobierno alemán ha exigido esta misma semana a Puigdemont que acate la Constitución. Esto tenía que haberse mantenido en el ámbito puramente interno. Se tenía que haber resuelto antes la situación y haberse mantenido en el ámbito puramente interno. Creo que la gestión de la crisis nos ha llevado hasta ahora a un resultado indeseado. Espero que la cosa cambie.
- ¿Es cierto que hay adoctrinamiento en las escuelas catalanas?
-Tan taxativamente, no. En las escuelas hay injerencias nacionalistas, no en todas y no con la misma gravedad, estamos hablando de decenas de miles de maestros. Ni siquiera ocurre esto en la mayoría, pero vuelvo a los ejemplos. Esta misma semana he presentado una queja en el instituto de mi hija porque el 2 de octubre nos llegó un comunicado de la dirección del centro en el que hablaba de la brutalidad de la Policía.
- ¿Lo tiene a mano? ¿Me lo puede leer?
-Dice así: "La represión tan brutal e imágenes tan horrorosas de cuerpos policiales estatales contra una sociedad catalana completamente pacífica, agravada porque muchas de las actuaciones policiales se han producido en escuelas e institutos, lugares donde se enseña democracia, a ser ciudadano, derechos y paz, nos lleva a condenar estos hechos". Está firmado por la dirección del centro. Esto es un ejemplo de adoctrinamiento. Da una visión sesgada de lo que pasó el 1 de octubre. Negar que en las escuelas catalanas hay adoctrinamiento en algunos casos es negar la evidencia. Eso no quiere decir que sean todas, pero hay bastantes casos.
- ¿Se está entendiendo bien el conflicto fuera de Cataluña?
-La verdad es que no lo sé. Aquí te das cuenta de muchas más cosas. Es normal que los medios de comunicación y la opinión pública tuviesen una visión desenfocada hasta hace poco, puesto que el propio Gobierno de España se equivocó en el diagnóstico. Se ha comprado demasiado el relato nacionalista y es difícil hacer entender que la mayoría de los que vivimos en Cataluña no lo somos. Los catalanes no nacionalistas somos los grandes olvidados, no nos hicimos visibles hasta el 8 de octubre. Se ha asumido que Cataluña era de los nacionalistas, que podían hacer lo que quisieran y que el resto nos teníamos que acomodar. De aquellos polvos, estos lodos.
- ¿Y por qué no un referéndum pactado, si tan seguro está de la pérdida de apoyo al independentismo?
-Ahora mismo tendríamos que cambiar la Constitución. Podemos hacer ese debate, claro que sí. Se puede plantear un referéndum que recoja el derecho de secesión de las comunidades autónomas. Yo no lo defenderé. Si todos los partidos sostienen que no existe posibilidad de secesión, que la integridad territorial no puede ser afectada, por algo será. El referéndum no sería la solución. Los propios nacionalistas dicen que si el referéndum supone un no, eso no significa que no se pudiera plantear de nuevo y se habrá reconocido que Cataluña es un sujeto político. Y además, lo que tenemos en Cataluña es un problema de fractura social entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Si gana el sí a quedarse en España, ¿van a desaparecer los nacionalistas? Pues no, y al revés tampoco. Un referéndum no resuelve un problema de convivencia. Los referéndum vienen después de un gran acuerdo, y aquí no lo hay. Lo único que haría es aumentar la crispación y la división.
- ¿Cómo cree que va a acabar todo esto?
-Creo que o muy mal o peor. La situación peor sería que los nacionalistas consigan su propósito, que no creo que sea imposible, que haya revuelta en las calles con el apoyo de los Mossos y que el Estado español sea incapaz de asumir el control y tenga que reconocerlo. En ese caso quedaríamos en un Estado paria, como la República Turca de Chipre del Norte, y las consecuencias serían horrorosas, peor que Kosovo. La muy mala es la aplicación del 155, el Estado asume el control de determinadas competencias autonómicas y se reconduce la situación. Quizás en quince años la situación sea de normalidad, pero mientras la tensión social será enorme. A una parte importante de la sociedad catalana esto no le gustará en absoluto.
