“Efectivamente, la polémica está servida, más en un momento comunicativo en que la rapidez es un plus y la argumentación y el debate decaen”. Lo dice la asturiana Nuria Capdevila-Argüelles, catedrática de Estudios de Género de la Universidad de Exeter (Reino Unido), a propósito de la polémica que rodea en España a la llamada “ley Trans” del Ministerio de Igualdad.
El departamento de Irene Montero (Unidas Podemos) anunció días atrás la apertura del trámite de consulta pública previo a elaborar la norma, que no gusta al llamado feminismo clásico o histórico. Ocho reconocidas feministas del movimiento en España respondieron con una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar un “debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza”. Porque, advierten, “bajo la etiqueta de la identidad de género, lo que pretenden es un imposible: la autodeterminación del sexo”. Además, cuarenta colectivos feministas agrupados en la Confluencia Movimiento Feminista han hecho pública su oposición a una norma que, al permitir la autodeterminación del género, “daña la lucha por los derechos de las mujeres”.
El debate está servido: identidad de género frente a sexo. Las feministas históricas consideran que reconocer la identidad de género en la “ley Trans” sería como negar el sexo biológico, y, por tanto, puede acabar con las llamadas leyes de género, por las que tanto han luchado históricamente las mujeres.
Por supuesto, no es una polémica fácil de entender, y mucho menos se presta a un análisis rápido que llegue a la calle y pueda generar un amplio y fructífero debate. Todo lo contrario. De ahí la advertencia inicial de la profesora Capdevila-Argüelles, quien añade: “Para empezar, dejar claro que estar en contra de esta ley, como están muchas feministas de diferentes generaciones, no es estar en contra de los derechos de las personas trans. Esto tiene que estar claro. Y, lamentablemente, no lo está”.
Entre las ocho firmantes de la carta abierta (entre las que figuran las filósofas asturianas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares) se prefiere no abundar más sobre el tema de momento y creen que queda bien definido en su texto reciente. Algunas se dicen “hartas y cansadas” de los ataques que reciben por simplemente cuestionar y abrir debate en torno a la ley. Las veteranas activistas, curtidas en mil y una batallas, con reconocida formación y solidez intelectual, son pasto de las críticas feroces y, en gran parte, tergiversadas del colectivo transgénero, que las tacha, cuando menos, de homófobas, sin profundizar más en la cuestión de fondo.
La tramitación de la ley ha evidenciado la división del feminismo en dos corrientes en las que, por otro lado, muchos ven correspondencia con la división del Gobierno: una, la liderada por el PSOE, más cercano a los postulados clásicos, y otra, por Podemos, alineado con la identidad de género basada en la “teoría queer”, definida como “conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social, que varía en cada sociedad” .
Una lucha fratricida en el seno del Ejecutivo que, en el fondo y para muchos –aunque ese es otro debate–, esconde la lucha por el voto que siempre atraen las atractivas políticas de igualdad y, en última instancia, por el dinero que llevará aparejado la ley de salir adelante.
Con todo, el debate está ahí. Y fue ya en Asturias, hace más de un año, cuando se pudo ver lo que se avecinaba. Fue concretamente en Gijón en julio de 2019, cuando Amelia Valcárcel y la exdiputada del PSOE Ángeles Álvarez, entre otras, fueron boicoteadas por el colectivo transgénero queer en la Escuela Rosario Acuña al grito de “¡transfóbicas!”, entre otros insultos y ataques. Aquello, de alguna manera, “fue positivo” para que la cuestión comenzara a llegar a la sociedad, considera la parraguesa Alicia Miyares, doctora en Filosofía y militante de izquierdas, que reclama un debate sosegado, amplio, profundo y con representantes de distintas materias y disciplinas. “No pueden decidir unos pocos de cuestiones que afectan a toda la sociedad”, avisa.
En su caso, ve positivo que el debate salga a la calle y se extienda, se conozca, se popularice, aun a coste de recibir ataques. “No todo es sencillo y lleva su tiempo comprenderlo. Pero la gente debe conocer que no todo lo que venden es tan bonito como parece y que detrás de esa ley hay algo en juego muy importante”, señala Miyares, quien tiene claro que “desde planteamientos feministas la identidad de género es un freno al avance en la igualdad”. Sus reflexiones en torno a las posiciones queer/transgénero (ojo, que no transexuales, un término, advierte la filósofa, que se desdibuja intencionadamente) no encuentran al otro lado sino insultos y críticas feroces.
Todo se mezcla y se aborda de forma superficial, sin profundizar, lamentan muchas. La asturiana Paloma Uría, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo y una de las feministas más destacadas de sus corrientes más críticas, cree necesario separar uno y otro debate, diferenciar dos aspectos: la justa reivindicación de las personas transexuales de que desaparezca la patologización de su opción y, por otro lado, la polémica en torno al concepto de género.
“Sobre los transexuales es justo que no sean necesarias las actuales exigencias para cambiar su nombre y sexo en el DNI. Es evidente que apoyo esta reivindicación y no creo que el feminismo deba oponerse”, señala. Ahora bien, en cuanto a la identidad de género sí cree necesarios una reflexión y un debate amplio: “Mi opinión es que el género de una persona, es decir, la percepción que tiene de sí misma, de su personalidad, de su género, en definitiva, no tiene que venir determinado necesaria, exclusiva y fatalmente por factores de tipo biológico y/o fisiológico, y que la autodeterminación de género debe ser una prerrogativa de las personas en el ejercicio de su libertad. En resumen: una mujer trans es, para mí, una mujer”.
Por su parte, la ministra Irene Montero defiende que la futura norma cuenta con un amplio respaldo de los colectivos trans, sobre todo, porque les acerca derechos vetados históricamente y demandas muy necesarias, como la despatologización de su condición sexual. La norma, dice, “acomodará” la legislación española a “estándares internacionales” y tendrá un “amplísimo apoyo, ya que la sociedad es consciente de la deuda histórica” contraída con ese colectivo.
“Hay que dejar claro que estar en contra de esta ley, como están muchas feministas de diferentes generaciones, no es estar en contra de los derechos de las personas trans”, avisa la catedrática Nuria Capdevila-Argüelles
Y ante la oposición de una parte del feminismo, lo deja ahí: “Las personas trans existen, y no porque lo diga o no una ley. Y lo que debemos decidir es si queremos que vivan con derechos o sin ellos. De lo que se trata es de garantizar los derechos de las personas trans y acomodar la legislación a estándares internacionales, que hablan de que debemos acabar con el estigma de la patologización”. Más: “Es indudable que la realidad trans existe en niños o niñas, y se debe garantizar que esas realidades sean acompañadas, respetadas y cuidadas, para evitar el acoso, la incomprensión, la violencia y la estigmatización, que generan dolor y dificultad para desarrollar sus proyectos de vida”.
Nuria Capdevila-Argüelles trata de arrojar luz sobre por qué se han originado estos dos frentes, sexo frente a género, que es “una categoría cultural poderosísima. No es algo que somos, sino que usamos para hacernos inteligibles socialmente”. La catedrática explica que, a medida que ha ido pasando el siglo XX y ya entrados en el XXI, el género se ha desestabilizado: ahora está separado del sexo, y hace un siglo, no.
“En una cultura obsesionada por las esencias, a cada sexo correspondía una: al macho, la esencia masculina; a la hembra, la esencia femenina. Y todos y todas tenían que hacer su género bien so pena de indicar, al hacerlo mal, una patología (estamos en la época en la que todo lo que no fuese heterosexualidad y heteronormatividad era considerado malsano, patológico e incluso, dependiendo de la época y el lugar, ilegal)”, dice.
En julio de 2019, en gijón, amelia valcárcel y ángeles álvarez fueron boicoteadas por el colectivo queer
Pero las feministas no quieren esencializar el género. “Al contrario, lo exponemos, lo desestabilizamos, lo debatimos. Especialmente, las que tienen conocimientos históricos. En cuanto al sujeto histórico mujer, tiene una historia en la que sexo y género chocan y confluyen, biología y cultura. Una historia específica que desemboca en la violencia y discriminación de hoy”, añade la asturiana, que opina que “el debate actual borra esta historia”, y se muestra preocupada “por ver muy poca reflexión sobre las mujeres que transicionan a hombres y mucha y formulada con violencia sobre hombres que se sienten mujeres”.
Carta abierta al gobierno de españa: el texto que feministas históricas han enviado a Pedro Sánchez
Carta abierta al Gobierno de España ante su intención de poner en marcha leyes que, bajo la etiqueta de la identidad de género, lo que pretenden es un imposible: la autodeterminación del sexo. Ante la apertura, por parte del Ministerio de Igualdad, del trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo que denominan “ley Trans”, expresamos: Que consideramos urgente un debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza, dadas las previas proposiciones de ley similares (122/000097 de 2017 y 122/000191 de 2018), y las leyes aprobadas en diversas comunidades autónomas, que incluyen nociones problemáticas y evidentes colisiones con algunas otras normas superiores. Creemos necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos. Para el feminismo, el género ha sido siempre esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres. Observamos con preocupación cómo, en lugar de rechazar tales estereotipos, se pretende presentarlos como una opción elegible, sin impugnar el sustrato de poder que conllevan. La expresión “género sentido” o “sexo sentido” alude a algo esencializado y subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno. El respeto a la diversidad es condición necesaria para una justa convivencia, pero no suficiente para resolver la desigualdad estructural entre los sexos.
Pensamos que ello solo será posible aboliendo el género, no con su perpetuación o diversificación. La diversidad elegible no subvierte nada por sí misma. Si bien la sexualidad está influida por la cultura, no podemos negar que el sexo es un dato objetivo en sus aspectos genético, gonadal, hormonal, anatómico y genital. No puede hablarse de “autodeterminación del sexo” como ejercicio de la libre voluntad. Abogamos por la libertad de sentimiento, de expresión, de elección sexual, estética o de comportamiento, y por la garantía del derecho a la no discriminación a causa de ello. Pero pretender que el ser mujer u hombre es una mera elección desdibuja la realidad material del sexo, justo aquello que determina el género en que se nos socializa. Minimizar los condicionantes que el sexo comporta, sobre todo de opresión para las mujeres, secularmente utilizadas como objetos sexuales y reproductivos (prostitución y vientres de alquiler), es hacerle el juego a la visión patriarcal y misógina, así como perpetuar dicha opresión. El feminismo es una teoría ética y política de cambio social que tiene por objeto aumentar las capacidades, derechos y libertades de las mujeres, y, como consecuencia, la calidad política y moral de la sociedad en su conjunto; no impide la adhesión de quienes sientan como propias sus reivindicaciones. El feminismo es un cambio global del que las mujeres constituimos la vanguardia por derecho propio. Creemos, además, necesario un acompañamiento psicológico a las y los menores disidentes de la normativa de género, que contemple acciones de apoyo y autoafirmación, sin necesidad de etiquetarlos previamente como “niños/niñas trans” y encaminarlos hacia los bloqueadores de pubertad. Es preciso investigar los efectos a largo plazo de la hormonación y medicalización, así como prever un posible cambio de parecer en el futuro, con el añadido de la imposibilidad de revertir acciones quirúrgicas y hormonales agresivas. En las proposiciones de ley ya citadas, y en muchas de las leyes aprobadas en las comunidades autónomas, no parece suficientemente garantizada la libertad de ayuda psicológica, sino que se los encamina a la transición, lo que se convierte en un proceso coactivo para la infancia y las y los profesionales de la salud.
El lenguaje inclusivo no consiste en la ocultación de las mujeres, como, por ejemplo, sustituyendo a las madres por el término “progenitor gestante”. Las mujeres no somos “cuerpos feminizados”, ni “cuerpos menstruantes”, ni es una ofensa para nadie que podamos hablar de nuestras vaginas, reglas y embarazos. Existe toda una neolengua que invisibiliza y borra a las mujeres con la excusa de la inclusividad. Negar la relevancia del sexo y encaminarnos hacia una supuesta autodeterminación de éste según el género elegido colisiona con las leyes de igualdad y de violencia de género, y condiciona aspectos y olvidos en las leyes de libertad sexual o de protección de la infancia, como algunos y algunas juristas vienen apuntando. La defensa de las mujeres, el mantenimiento de los espacios reservados, las cuotas, las ayudas, la diferenciación por sexos en competiciones deportivas, o los datos desagregados por sexo para analizar el comportamiento social o tomar medidas frente a las desigualdades entre los sexos son otros de los derechos conculcados si se sustituye sexo por género sentido. Todo lo que venimos señalando constituye un debate trascendental, ético y político, que no se puede hurtar a la opinión pública porque tiene graves consecuencias prácticas. El debate debe ser amplio, profundo, abierto y multidisciplinar. No queremos dar pasos en falso que, en realidad, ponen en peligro la garantía de los derechos LGTBI. El respeto a la diversidad sexual no implica olvidar nociones jurídicas elementales o vulnerar derechos reconocidos.
Las personas firmantes de este escrito nos posicionamos a favor de la libertad personal y de la libertad de expresión. Nunca es legítimo restringir esta libertad so pretexto de supuestos “delitos de odio”. En definitiva, reclamamos una reflexión seria sobre todos estos aspectos, y puesto que la ley que el Ministerio de Igualdad dice querer preparar alude a conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad, diferencia sexual, salud, derechos e igualdad. Instamos a que se convoque a asociaciones y personas expertas de todos los ámbitos implicados, asociaciones feministas, asociaciones LGTBI, profesionales de la psicología, la medicina, el ámbito jurídico…, abriendo al público la información precisa y contrastada. Estamos ante una situación grave que sin duda compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras.
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Ángeles Álvarez, Laura Freixas, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León, Juana Serna y Amelia Valcárcel
