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Análisis

Madrid, una capital que se traga al resto del país

Madrid como una “gran succionadora” económica. ¿Qué efectos está causando la privilegiada situación de la capital española, alimentada por la concentración de capitales, la nueva era tecnológica, la economía del conocimiento y la cercanía de los centros de decisión? El economista josé luis marrón jaquete analiza en este artículo, de manera pormenorizada, cómo madrid ha alcanzado ese estatus y cuáles son las consecuencias de este movimiento centrípeto en favor de la comunidad capitalina mientras se acelera el despoblamiento en el territorio de influencia directa y en parte del resto del país

MADRID COMO CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

MADRID COMO CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

“El decreto de 1761 sentó las bases de un mapa radial con sus ejes principales que se corresponden con otras tantas carreteras generales. Por medio de una red de esas características, los legisladores borbónicos intentaron satisfacer objetivos administrativos (correo e información), militares y de orden público (abastecimiento de Madrid). Dejaron de lado cuestiones de índole puramente económica como las baraturas y regularidad de los acarreos. Dando la razón a quienes entonces criticaron el plan por ser excesivamente ambicioso, la penuria presupuestaria del Estado prolongó su ejecución más allá de lo esperado. (….). Resulta innecesario reproducir aquí un mapa de carreteras en torno a 1900 pues su configuración era casi mimética en trazado de la red férrea”.

Gómez Mendoza, Antonio, “Madrid, centro de la red de comunicaciones”. “Arbor”. CLXIX (Junio, 2001; pp. 343-358).


“Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio”.

Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cadena Ser (Transcripción literal) (21-09-2020).

La persistencia de la mentalidad radial como constante histórica

Madrid es el resultado de un largo y lento proceso de construcción política una vez elegida Corte, pero su consolidación como capital se produce en el siglo XVIII, cuando la nueva dinastía borbónica, muy alejada de las veleidades descentralizadoras de los reinos preexistentes, abducida por el ejemplo de Francia, emprende la construcción de un Estado caracterizado por el desarrollo de las infraestructuras, la potenciación de la Corte y el fortalecimiento de una Administración fuertemente centralizada.

En 1720, Felipe V establece el Reglamento General de Postas, precedente de la futura estructura de caminos reales como ejes viarios que unirán la capital del reino con los centros restantes periféricos: seis itinerarios que saliendo de Madrid configurarán el sistema radial que habrá de imponerse definitivamente más tarde a través de los proyectos de Bernardo Ward, bajo el reinado de Carlos III.

Una imagen del Madrid Central de Manuela Carmena

“Se impuso así un modelo de eficacia comunicativa con la Corte, a todo el sistema de movilidad e intercambio a escala nacional, con los tantas veces denunciados problemas que acompañaban al paso obligatorio por Madrid para una gran parte de la comunicación interurbana por muy ajena a Madrid que estuviera la necesidad de la comunicación”. (Fernando de Terán, 1984).

Una mentalidad radial que se prolongaría durante más de tres siglos y que impregna, salvo, quizás, el corto interregno de la II República, la acción de todos los gobiernos de diferente signo hasta épocas muy recientes.

El crecimiento económico y demográfico de la capital ha sido constante, particularmente en las décadas de los 50 y los 80 del pasado siglo, pero su despegue más rotundo se produce en la última década, alcanzando hoy un peso demográfico y económico mayor que en cualquier momento del pasado. Un proceso que ya anticipó con lucidez Pascual Maragall en 2002 con su conocida expresión: “Madrid se va”.

Madrid, 1,6% del territorio de España, genera el 19,2% del PIB y alberga el 14,2% de la población española con un total de 6.685.471 habitantes

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Madrid, 1,6% del territorio de España, genera el 19,2% del PIB y alberga el 14,2% de la población española con un total de 6.685.471 habitantes. Su renta per cápita se sitúa en torno a los 35.000 euros (un 36% superior a la media española y un 16% por encima de la media europea); parámetros que expresan con gran expresividad el extraordinario proceso de mutación experimentado por la capital y el conjunto de la comunidad autónoma, caracterizado por un intenso proceso de terciarización (los servicios representan hoy un 85% del empleo, mientras que la industria no llega al 10%). Aunque quizá lo que mejor define la metamorfosis de la ciudad lo constituye la intensidad de las Economías de Aglomeración y de Especialización y su correlato de concentración de talento e intangibles de todo tipo, factores decisivos en el desarrollo económico actual.

El apalancamiento ejercido históricamente por las “carreras de postas”, la Corte y la concentración administrativa se ha transmutado, aunque estos siguen conservando aún cierta prevalencia, en otros requisitos que han funcionado como incentivos decisivos para la consolidación de la capital como una ciudad global, que al tiempo que se consolida como motor de su desarrollo se convierte en un gran succionador de gran parte de los recursos demográficos del resto del país, particularmente aquellos de estatus socioeconómico más alto y una mayor formación tecnológica.

Aproximadamente una quinta parte de la población madrileña actual residía anteriormente en otra comunidad autónoma. El porcentaje se eleva a un tercio si contamos los extranjeros.

Los datos impresionan por su magnitud y obligan a reflexionar si la continuidad de un proceso de este signo y proporciones no acabará por generar un problema insoluble para el necesario reequilibrio territorial del país y una distribución geográfica más justa de la renta y la riqueza.

Las imágenes de Madrid nevado del pasado fin de semana

Un análisis que trate de desvelar –más allá de la idónea ubicación geográfica de la capital en el centro del país, de la gran dotación de infraestructuras acumuladas históricamente o de la capacidad, competencia y honestidad de los regidores madrileños y de lo acertado de sus políticas (?)– las razones sobre las que descansa la extraordinaria atracción de la capital constituye un ejercicio saludable y obligado.

Por suerte, contamos hoy con un excelente soporte estadístico que constituye una aportación de extraordinario valor para la construcción de un nuevo relato soportado por una exigente y específica información cuantitativa.

La capital, cuyo despliegue más rotundo se produjo en la última década del siglo actual, tiene un peso demográfico mayor que en cualquier momento del pasado

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El IvieLAB (Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas) creado en 2018 en el seno del IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica), en una feliz conjunción del rigor académico de la Universidad de Valencia con el apoyo de la Generalitat, está realizando una serie de meritorios informes y estudios en los que temas de claro interés estratégico para la institución política, y para la sociedad valenciana, se muestran a la luz de una precisa y rigurosa información “ad hoc” que avala la verosimilitud de sus resultados.

De su último trabajo: “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, utilizamos una parte importante de nuestra información estadística en la medida en la que cuantifican y exploran parte de los insondables secretos del éxito de Madrid y de su indiscutible efecto imantador sobre aquellos recursos necesarios para la consolidación de su liderazgo, tratando de huir de cualquier tentación de “madrileñofobia” o de emponzoñamiento del necesario debate público.

Madrid, ciudad agradable, acogedora y abierta, se merece una aproximación objetiva y respetuosa y obliga a efectuar con sumo celo y rigor cualquier análisis sobre la configuración de su realidad actual, tratando de deslindar los potenciales méritos propios de la nunca desaparecida “mentalidad radial”, que en su versión más centralizadora ha atravesado transversalmente idearios, dictámenes, campañas mediáticas y acciones de gobierno de diferente signo.

Una estrategia ferroviaria al servicio de la centralización

Si bien lo que denominamos “mentalidad radial” se expresa con nitidez en las estrategias de las diferentes formas de transporte: carretero, aéreo portuario, marítimo, eléctrico, etcétera, quizá los ejemplos más expresivos los podemos encontrar en el ámbito del ferrocarril.

La gran expansión ferroviaria de la segunda mitad del siglo XIX se inicia a partir de la nueva Ley General de Caminos de Hierro de 1855 y se caracteriza, entre otros muchos aspectos, por la presencia de una notoria inobservancia a la lógica de las razones económicas, productivas o de humanización de las áreas del trazado a fin de favorecer la riqueza agraria, industrial, comercial, o a la simple mejora de la comunicación entre las ciudades, que permanecieron preteridas y subordinadas al objetivo de lograr una supuesta cohesión del país a través de la centralización en la capital de la mayoría de las líneas.

La comunidad capitalina acapara el 38,8% del empleo público de españa la capital se ha convertido en gran succionadora de los recursos demográficos del resto del país

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Lo que asombra es la persistencia de esta perspectiva y la inmutabilidad del obsesivo objetivo estratégico más de siglo y medio después.

Algunos ejemplos expresivos: Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, según figura en el acta de la reunión de la Comisión Nacional de Infraestructuras para las Comunicaciones de 29-09-1997 del Partido Popular, señala textualmente: “... creo que en los últimos 30 años el país se ha ido desequilibrando hacia el Mediterráneo y esto, que no tiene a corto plazo una importancia decisiva, puede llegar a tener una importancia política estable”.

Por ello el Ministro señala como “eje prioritario de su política el poner en marcha una serie de inversiones que tengan en cuenta lo que podemos denominar los 200 km a la redonda de Madrid y la conexión de ciertas regiones de España con el centro peninsular”.

José María Aznar, presidente del Gobierno de España, enfatiza el objetivo de lograr “una red ferroviaria de Alta Velocidad que sitúe a todas las capitales de provincia en diez años a menos de cuatro horas del centro de la Península”. (Debate de investidura del 25-04-2000).

Se produce el cambio de Gobierno. El presidente Rodríguez Zapatero presenta como gran prioridad que “España tenga en 3 años la mayor red de AVE del mundo” (“El País”, 15-02-2007) y José Blanco, ministro de Fomento, en declaraciones a “El Economista” (01-06-2010) manifiesta que “con lo construido hasta la fecha ya hemos avanzado mucho en la conectividad entre la mayoría de las comunidades autónomas”.

La duda es si estamos a tiempo de evitar que la reflexión premonitoria de Antonio Gómez Mendoza en su artículo “¿Del ferrocarril al AVE: los mismos errores históricos?” (“Clío. Revista de historia”, 2005), se pueda cumplir.

Como nos recordó hace ya una década Germà Bel, “140 años después de 1870 la cohesión ferroviaria en España sigue significando estar conectado con Madrid”.

Y esta persistencia en la continuidad de la política de transporte se produce cuando, simultáneamente, la conexión intermodal entre transporte marítimo y ferroviario es prácticamente inexistente.

Así, y a pesar de que en un ejercicio de sensatez la Unión Europea (UE) se ha decantado por el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico-Cantábrico en España como prioritarios para la Red Transeuropea TENT-T, no resulta impensable que pueda reaparecer la tentación de reverdecer el denominado Corredor Central: Algeciras-Madrid-Zaragoza-Pirineos-Francia, defendido por José María Aznar y presentado en 2012 en Bruselas por Ana Pastor, su ministra de Fomento. Entre otras razones podría ser un proyecto distorsionador, por razones financieras, para un calendario de ejecución razonable del Corredor Atlántico-Cantábrico.

El Sector Público Estatal (SPE): apalancamiento y centralización en Madrid

La consolidación creciente de Madrid como nodo hegemónico se ancla es tres ejes : concentración de infraestructuras (entre 1985-2015 el 55% de las inversiones aeroportuarias se realizaron en la Comunidad de Madrid); la ubicación de la mayoría de la amplísima red de entidades y organismos de carácter público y la concentración de los centros de decisión y regulación pública, que sientan las bases para el fortalecimiento de la Economía del Conocimiento, crucial para la atracción de talento y las sedes sociales de las empresas.

La expresividad cuantitativa de los datos resulta manifiesta: el Sector Público Estatal (SPE) emplea en España a 659.000 personas (un 29% trabajan en Madrid) y la Comunidad capitalina acapara el 38,8% del empleo público en España.

La comunidad capitalina acapara el 38,8% del empleo público de España la capital se ha convertido en gran succionadora de los recursos demográficos del resto del país

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El 72% de la contratación pública se sustancia por órganos de contratación pública de la Comunidad de Madrid y el 64,4% de las licitaciones del SPE las reciben empresas con domicilio social en la capital.

Pero más allá de la elocuencia de los datos, la radicación en la capital de agencias estatales, organismos de regulación, centros académicos y de investigación, etcétera, resulta clave para las decisiones de localización de empresas españolas y extranjeras, particularmente en el sector financiero, medios de comunicación y toda la amplia tipología de empresas encuadradas en lo que se denomina economía del conocimiento (entre 2008-2019 se crearon en Madrid 133.820 empleos de servicios intensivos en conocimiento, el 17,5% de todos los creados en España en el mismo periodo).

Esta concentración en la capital de toda suerte de instituciones públicas contrasta con la realidad existente en algunos países como Alemania y EE UU, y en menor medida Italia, que muestran unos mapas de distribución geográfica de las instituciones federales o regionales con una gran diseminación territorial en sus lander, estados o regiones.

El uso indebido de la autonomía fiscal

El federalismo fiscal, en sus versiones más recientes, suele inclinarse por un uso más matizado de la autonomía fiscal en las denominadas entidades subcentrales. De hecho, esto es lo que se produce en la mayoría de los países descentralizados de nuestro entorno.

Sigue resultando teóricamente convincente su invocación a que una práctica razonable de esta autonomía puede permitir un mejor control por parte de los votantes (los sujetos pasivos) sobre el gasto público: su cuantía, evolución y epígrafes de gasto); en definitiva, cuánto y cómo se gasta el dinero recaudado de los contribuyentes. Una mayor cercanía a los responsables de las decisiones de gasto y una mayor capacidad para evaluar los resultados de lo gastado. En definitiva, un mayor control sobre los que deciden el buen uso dado al dinero de los contribuyentes.

También resulta razonable pensar que esta posibilidad de control pueda permitir un mayor y mejor control sobre el gasto público y ayudar a fortalecer la disciplina fiscal.

Se explicitan menos algunas de las premisas necesarias para el cumplimiento de esa función disciplinaria y algunos de los potenciales efectos perversos que puede acarrear una utilización de la autonomía fiscal no orientada precisamente a la búsqueda de esos efectos benéficos reseñados.

Solo una redistribución geográfica del poder político será capaz de transmutar la histórica mentalidad radial a la de carácter circular o transversal que puede contribuir a que empiece a cambiar la situación

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Una premisa que goza de reconocimiento académico sostiene que la aplicación de autonomía fiscal exige, para su buen funcionamiento, un marco de gran igualdad entre las unidades subcentrales (las comunidades autónomas en nuestro caso) porque “cuanto mayor es la heterogeneidad y la desigualdad entre los territorios, más complejo resulta compatibilizar los objetivos de autonomía y la equidad” (Bosch Roca, N, 2019; RFAF) lo que ha conducido a que “muchos países federales fuertemente descentralizados han ido introduciendo elementos de coordinación y armonización en los impuestos que disfrutan los gobiernos subcentrales” (ob. cit. anterior).

Un planteamiento coincidente con el que recoge en sus conclusiones el “Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación económica” (julio, 2017) que propone la armonización para los impuestos de patrimonio e impuesto sobre sucesiones y donaciones dotándolos de unos tipos mínimos que eviten la distorsión en la eficacia y la eficiencia tributaria (una horquilla con un tipo mínimo y un máximo a decidir).

Además, se puede producir potencialmente un efecto sobre la movilidad de las bases imponibles, fundamentalmente sobre figuras impositivas que graven la riqueza y las rentas de capital, lo que podría alimentar un proceso de competencia fiscal nociva a la baja, muy conveniente para determinados sujetos pasivo, pero que puede dar lugar a desplazamientos ineficientes tanto para el conjunto de la economía como para las entidades subcentrales (comunidades autónomas) más desfavorecidas económicamente a través de la deslocalización de las bases tributarias hacia las más ricas. Algo que se conoce en la jerga profesional como “votar con los pies”).

La Comunidad de Madrid como ejemplo

La síntesis de la información estadística elaborada específicamente por el IVIE permite disponer de una información cuantitativa relevante sobre los efectos de un uso indebido de la autonomía fiscal y su incidencia no solo en la minoración en el conjunto de los ingresos sino, también, en la disminución en el gasto social y a la postre en el acrecentamiento de la polarización social y la desestructuración de la cohesión dentro de la sociedad madrileña (Ver figura 1).

Esto supone un 20% menos en la recaudación de lo que se obtendría en ausencia de bajada de tipos (año 2017) y sitúa a la Comunidad de Madrid en última posición en ingresos por habitante.

En el caso del IRPF, el 7% de los contribuyentes con ingresos declarados por encima de los 60.000 euros se beneficiaron del 42% de las reducciones.

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En el caso del IRPF, el 7% de los contribuyentes con ingresos declarados por encima de los 60.000 euros se beneficiaron del 42% de las reducciones.

No se dispone de información precisa sobre los niveles de ingresos de los contribuyentes beneficiados en impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones y donaciones, aunque se supone que pertenecen al estrato de rentas altas, estimándose que el 7% de los contribuyentes concentran el 93% de los beneficios fiscales por esos tres impuestos.

Los ingresos no financieros homogéneos, debido a la baja imposición, alcanzan en la Comunidad de Madrid los 2.515 euros por habitante frente a la media española de 3.147 euros. Sin minoración fiscal Madrid pasaría de situarse en penúltimo lugar por recaudación a estar por encima de la media española.

Según la Agencia Tributaria y referido al año 2019, la Comunidad de Madrid tiene el menor porcentaje de cuota líquida autonómica en IRPF de contribuyentes que declaran entre 60.000-150.000 euros y la segunda más baja entre rentas entre 150.000-600.000 euros.

Madrid habría ganado más de 103.035 contribuyentes en IRPF entre 2005-2018, desde que decidió establecer beneficios fiscales en sus impuestos personales.

Efectos sobre el gasto público

En el campo educativo los datos que aporta el “Informe sobre el gasto educativo”; BBVA Research” (2015) realizado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, resultan también concluyentes: (ver figura 2)

La capital ocupa en todos los tramos el último lugar entre las comunidades autónomas en gasto por estudiante.

La Fundación BBVA que evalúa en un 26,8% del PIB el gasto en los denominados Servicios Públicos Fundamentales (SPF) en educación, sanidad y protección social señala “las diferencias educativas 2010-2016 sitúan a la Comunidad de Madrid entre las últimas comunidades en gasto por alumno y la considera con el nivel más alto de segregación escolar y la segunda con el porcentaje (58%) más bajo de alumnos en la escuela pública”.

El interior de la Bolsa de Madrid

El índice DEC que elabora la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes en Servicios Sociales la puntúa con un 3,5 sobre 10 frente a la media española de 5,22 sobre 10.

Se configura así un escenario aparentemente paradójico: la comunidad autónoma más rica de España se encuentra en los puestos de cola en el gasto en servicios públicos esenciales (SPE).Este hecho produce diferencias notables en el nivel de bienestar de los ciudadanos según su condición socioeconómica, dado que los beneficiarios de las rebajas fiscales usan poco los diferentes servicios públicos al disponer de servicios privados alternativos (un 40% de los madrileños disfrutan de servicios médicos privados que suelen utilizar de forma complementaria o subsidiaria de la sanidad pública) y la educación privada acoge ya al 45,2% de la población estudiantil (año 2017) con un brutal contraste entre el gasto público por alumno y el gasto privado.

Una realidad que no dejará de influenciar la naturaleza de la acción política canalizando las inversiones hacia aquellos sectores más interesantes para su reconocida y estable clientela política.

Así que si en el pasado, las inversiones en infraestructuras, la centralización administrativa y la existencia de la Corte resultaron decisivos en la creación de evidentes ventajas para el proceso de construcción política de la capital, en la actualidad, en un marco de un Estado muy descentralizado, con competencias fiscales relevantes y una razonable aunque perfectible arquitectura de financiación territorial, según muestra el análisis de las Balanzas Fiscales y el Fondo de Nivelación, entre otros instrumentos, y aunque siguen prevaleciendo ciertas ventajas históricas, y muy particularmente el hecho de que el diseño estratégico de las grandes infraestructuras aún pueda tener capacidad para modificar la futura redistribución geográfica de la riqueza y la actividad económica, por su influencia en la ordenación del territorio y la recanalización de los flujos materiales, las nuevas variables son hoy los intangibles de la nueva era tecnológica; la concentración del capital, la cercanía a los centros de decisión, la economía del conocimiento y la inversión en I+D+i. Estas son, entre otras, las que conforman la atracción de Madrid como polo indiscutible del país.

La cuestión, según señala Ernest Reig, director del informe realizado por IvieLAB es que “parte del poder de atracción de Madrid es fruto de decisiones políticas y eso tiene un coste”.

¿Es razonable defender la acción implacable de la gran succionadora (aproximadamente unos 16.000 contribuyentes cambian su domicilio fiscal cada año) al tiempo que se produce un despoblamiento en el territorio de influencia directa de la capital y en parte del resto del país?

¿Resulta compatible con el mantenimiento de una supuesta estrategia de lucha contra el proceso de vaciamiento rural?

¿Hacia dónde nos lleva la extrapolación a futuro de este proceso centrípeto, jaleado por una parte muy poderosa de los poderes económicos y políticos?

El informe de McKinsey Global Institute (2020) señala que una gran parte de los 235 millones de trabajadores europeos se enfrentan hoy a algún tipo de cambio en sus ocupaciones al que tendrán que adaptarse. Esta excepcional situación tendrá que ver tanto con cuestiones ocupacionales como geográficas y puede ser el gran desafío para las próximas décadas.

¿No habrá una oportunidad para el logro necesario de una relación territorial más equitativa?

Aunque suelo pensar con Keynes en la enorme influencia de las ideas para mejorar el mundo, me parece que en el caso que nos ocupa creo que únicamente una redistribución geográfica del poder político que sea capaz de transmutar la histórica mentalidad radial a la de carácter circular o transversal puede contribuir a que empiece a cambiar la situación.

Tal y como están las cosas la posible solución se encuentra inexorablemente en el seno de la política.

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