El dilema de los "baby boomers" asturianos: les va a costar jubilarse por los incentivos del gobierno

¿Quiénes son los “baby boomers”?

Los ciudadanos nacidos entre las décadas comentadas son considerados, a efectos del sistema de pensiones, una bomba demográfica de relojería: desde ya y hasta mediada la centuria se jubilarán millones de individuos que ahora tienen, aproximadamente, entre 44 y 64 años, cohortes potencialmente formadas en Asturias por unos 200.000 trabajadores con empleo y otros 40.000 en situación de paro. El 54% de todos los asturianos en activo.

Son los hijos de un auge de natalidad registrado en Occidente con la expansión económica que siguió al final de la II Guerra Mundial y que en España empezó algo más tardíamente, cuando, tras el fracaso de las fantasías autárquicas del primer franquismo, el régimen del dictador evitó la ruina y apuntaló su continuidad con el apoyo de EE UU y el pilotaje económico de los “tecnócratas”.

Hijos en buena medida de las nuevas clases medias que emergieron desde entonces y en parte también del veto nacionalcatolicista a los anticonceptivos y de los fallos del método Ogino, los “baby boomers” suponen un gran desafío para el Estado del bienestar: son muchos, generan derechos de pensión mayores que los de sus padres (gracias a menudo a su más alta formación) y por regla general serán más longevos que ellos. Los países se enfrentan por tanto a un gran aumento del gasto, reto agravado por la baja natalidad de las décadas más recientes, que ha cercenado el número de trabajadores jóvenes, sobre quienes pesa el sostenimiento de las pensiones de sus antecesores en los modelos llamados de reparto. Dos datos que ilustran cómo ha sido de intenso el giro demográfico en Asturias, acentuado en su caso también por las reconversiones iniciadas en los años 80: en 1975 nacieron más de 17.000 asturianos, ahora apenas lo hacen 5.000 al año.

¿Qué quiere hacer ahora el Gobierno?

Los “baby boomers” serán los primeros a quienes se aplicarán por entero las reformas que de manera progresiva entraron en vigor desde 2013 para retrasar la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027, salvo para las carreras laborales más largas) y la ampliación del período de la trayectoria laboral que se tiene en cuenta para el cómputo de la pensión (25 años desde 2022). Ambas medidas tienden a reducir la generosidad del sistema: como criterio general, se cobrará la pensión durante menos tiempo y su cuantía será a menudo menor cuanto mayor sea el número de años de trabajo que entren en el computo. Por ahora, la opción de actuar de nuevo sobre ese último parámetro (pasar de 25 a 35 años) no se ha discutido, aunque podría revivir en los próximos meses.

El primer objetivo definido por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá es “acercar la edad real de jubilación (en torno a 63 años ahora) a la edad legal (66 años en 2021; 65 si se tienen cotizados al menos 37 años y 3 meses)”. Escrivá se echa está cuenta: el sistema se ahorraría a largo plazo una cantidad equivalente a hasta el 1,2% del PIB (unos 13.000 millones anuales si se considera el producto bruto actual) aproximando la edad efectiva a la legal. El punto de partida es el siguiente: casi el 40% de las nuevas jubilaciones se producen antes de los 65 años y en la mitad de los casos se trata de personas acogidas a la modalidad de retiro anticipado voluntario. Si se extrapolan a Asturias, los números son estos: más de 3.000 asturianos se jubilan antes de la edad legal cada año y 1.500 de ellos lo hacen por iniciativa propia.

El Gobierno intenta moderar tales datos con dos reformas: revisando las penalizaciones en la cuantía de la pensión para quienes se retiran prematuramente y mejorando los incentivos para aquellos dispuestos a demorar la jubilación.

¿Cómo resultarán afectados los “baby boomers” que estén pensando en anticipar su jubilación?

Cuenta Marcos Martínez, decano de los graduados sociales asturianos, que últimamente menudean en los despachos las consultas de trabajadores preguntando qué pasará con las jubilaciones anticipadas. Generalmente lo hacen personas que tienen de 59 años en adelante.

Según los documentos que se han intercambiado por ahora el Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos, los ajustes en ciernes se concentran en la modalidad voluntaria de jubilación anticipado. La vía forzosa, posible cuando media despido y hasta con cuatro años por debajo de la edad ordinaria, no se endurecería.

Jubilarse voluntariamente es factible hasta dos años antes de la edad legal cuando se acreditan al menos 35 de cotización. El peaje que se paga por ello es una merma en la pensión que ahora se calcula por trimestres y que varía según el historial de cotización: desde un recorte mínimo del 1,6% (alguien que adelante su jubilación tres meses) hasta un máximo del 16% (adelanto de 24 meses). El tajo se aplica sobre la llamada base reguladora (promedio de las bases de cotización del trabajador, sobre el que luego se calcula la pensión según los años de trabajo). Cuando se ha cotizado lo suficiente para cobrar el 100%, la base coincide con la pensión, salvo en los casos de quienes tienen cotizaciones más altas.

Un ejemplo intermedio de penalización: un trabajador con 35 años cotizados y que tuviera derecho a una prestación de 1.800 euros al alcanzar la edad legal (66 años en 2021), habrá tenido una merma de 288 euros si se jubiló voluntariamente con 64. Considerando una esperanza de vida de 20 años, la factura es de unos 81.000 euros en términos nominales.

La alternativa que se está negociando modifica la tabla de coeficientes y la forma en que se utilizan. El ajuste será directamente sobre la pensión, no sobre la base reguladora, y se calculará por meses, no por trimestres. La penalización para el jubilado variará en una horquilla que va del 2,81% al 21%, en apariencia más dura que la vigente. Pero en realidad no es así de manera generalizada. Los recortes son significativamente más duros que los actuales en los extremos (cuando alguien se jubila con 23 o 24 meses de antelación y cuando el adelanto no supera los tres meses), pero más livianos en el resto de plazos. En el ejemplo antes citado, la pensión de 1.800 euros se reduciría en 378 al mes, con una factura total de 106.000 euros considerando la misma esperanza de vida. En cambio, si esa misma persona adelanta un año su jubilación en lugar de dos perdería ahora más (144 euros) que con la tabla planteada por Escrivá (99 euros). Es un diseño pensado para frenar el número de jubilaciones acogidas al anticipo máximo autorizado, en la idea de que el resultado macroeconómico será un ahorro del gasto aunque se penalicen menos que ahora otras situaciones.

¿Qué pasa con los cotizantes “ricos”?

El momento en que entrarán en vigor esas nuevas reglas es una de las cuestiones por concretar, si bien se da por hecho que no afectarán a quienes en este momento están a las puertas de la jubilación anticipada . También es seguro que los cambios se aplicarán de manera gradual (entre 2024 y 2035) para un colectivo específico: aquellos que cotizan por encima de la pensión máxima y se acogen al retiro voluntario. Hasta ahora, este grupo (el 30% de quienes se jubilan anticipadamente) disponía de una ventaja aparente: como los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora y no sobre la pensión, tenían amplísimas posibilidades de seguir accediendo a una pensión muy cercana a la máxima del sistema aun después de la rebaja. Un ejemplo: alguien que haya cotizado por bases altas la mayor parte de su vida puede llegar a los 63 años con una base reguladora de 3.500 euros; con un recorte del 16%, el resultado aún excedería la pensión máxima (2.707 euros este año), de modo que en principio tendría derecho a ella; esa teórica inequidad del sistema se revisó hace unos años, aprobando para este colectivo una merma de hasta el 4% directamente en la prestación a cobrar, de forma que en el ejemplo citado la pensión quedaría en 2.599 euros brutos. Pese a tal ajuste, el incentivo para jubilarse anticipadamente en casos así puede resultar muy poderoso.

Por lo que se conoce de las conversaciones, el Gobierno ha desistido, bajo presión de los sindicatos, de hacer recortes drásticos a quienes cotizan por las bases más altas, algo que sí ocurriría si automáticamente se utilizara, como para el resto, la nueva tabla de reducciones sobre la pensión. A la gradualidad en la entrada vigor de los nuevos coeficientes reductores, el borrador de la reforma suma un compromiso para que las futuras subidas de la pensión máxima vayan absorbiendo el impacto negativo del nuevo sistema en estos individuos. Presumiblemente , ello irá acompañado de un aumento de las bases máximas de cotización que aún no se ha discutido. ¿Por qué ese trato especial a los trabajadores con salarios y bases más altas? Supone un reconocimiento al hecho de que esas personas (por ellas mismas y a través de sus empleadores) aportan al sistema recursos extra sin que les generen derechos de pensión: la base máxima de cotización es este año de 4.070 euros, mientras que la pensión máxima es de 2.707.

¿Saldrá cuenta demorar la jubilación?

En España no llegan al 5% los ocupados que retrasan la jubilación más allá de la edad legal, generalmente trabajadores autónomos o profesionales. El ministro Escrivá cree que un resultado así de modesto puede mejorar significativamente potenciando los incentivos que ya existen para prolongar la vida laboral y, con ello, favorecer nuevos ahorros futuros para el sistema. Desde 2011, quien demora la jubilación recibe como extra un aumento de la pensión que, según el historial laboral, varía entre el 2% y el 4% por cada año completo cotizado de más. La nueva reforma fija una tasa única del 4% para todos los trabajadores y ofrece como alternativa un pago único. Esto es, quien pudiendo retirarse a los 65 años lo aplace obtendrá un 4% más de pensión o un “cheque” que, según la cuantía de su prestación y también en función cómo haya sido de larga la trayectoria laboral, será de un mínimo de 4.786 euros y un máximo de 12.060 por cada año trabajado de más.

¿Qué opinan los “baby boomers” asturianos?

La encuesta antes citada, realizada por el BBVA en 2019, refleja que únicamente el 3% de los “baby boomers” asturianos querría seguir trabajando más allá de los 65 años. También, que su aspiración vital sería jubilarse con 60 años o menos, aunque al mismo tiempo creen que, como promedio, no podrán dejar el trabajo antes de los 66 años. No andaban descaminados quienes así respondieron.