“Cuando dejo a mi hijo en el colegio tengo miedo. No sé qué hacer”. Así se sienten las familias cuando los protocolos contra el acoso escolar se quedan en papel mojado porque quien los tiene que aplicar niega que exista un problema. Las palabras entre comillas son, en este caso, de Mario Rodríguez, padre de un niño escolarizado en el colegio de Santolaya de Cabranes, pero podrían ser de cualquier otra persona adulta que haya visto cómo el sufrimiento de un menor da “negativo” en los marcadores del “bullying”. La Unesco estimó en 2018 que “uno de cada tres adolescentes en el mundo sufre acoso escolar” y lo hizo sin protocolos: evaluó mediante encuestas la salud física y emocional de jóvenes de 11 a 17 años de más de 42 países. En esta franja de edad está la hija de la ovetense Vanesa F. Álvarez, que abandonó el curso pasado el IES Pando (en la capital), donde cursaba 2.º de ESO. Lo hizo ante las “devastadoras” consecuencias de otro protocolo contra el acoso negado por la dirección del centro, cuya gestión califica de “nefasta”.
“Hay mucho que reparar: en primer lugar el dolor de la víctima, paralizada por la amenaza y el sentimiento de culpa, indefensa, insegura, y por ello necesitada de nuestra protección”, enumera Álvarez, que además es docente en Secundaria. Esta madre reclama también que se dé la voz de alarma “para evitar que episodios tan lamentables y de tal magnitud vuelvan a suceder. Hemos de tener la tranquilidad como padres de que nuestros hijos están en buenas manos, libres de agresiones y amenazas”.
La ansiedad y el pánico no parecen a veces mensurables a ojos de quienes tienen que frenar la violencia. En el caso del menor cabranés, la lista de hechos que no son suficientemente objetivos a ojos de los adultos responsables es larga y lamentable: articulaciones amoratadas, marcas de cuerdas en el cuerpo, tijeras en el cuello que finalmente cortan la ropa y dibujos en los que un menor –o el maestro– muere a manos de otras niñas. “Si estos no son hechos objetivos que prueban que existe acoso, ya no sabemos qué tiene que pasar”, se pregunta Mario Rodríguez, que lleva meses escuchando que en el colegio “no ven nada”.
Víctor Fernández, el director del CRA (Centro Rural Agrupado) La Coroña, al que pertenece el aula de Santolaya, explica que “el caso está abierto, no cerrado” y añade que recientemente “han pasado nuevas cosas” que pueden modificar las conclusiones del protocolo de acoso, abierto en abril. El docente asegura que se tomaron medidas con independencia “del nombre” (acoso o no), aunque no consiguieron mejorar el “mal funcionamiento de la clase”, reflejado en uno de los informes. Reconoce, además, que en los protocolos existen “parámetros muy difíciles de demostrar en edades muy tempranas” y lamenta “la lentitud” de la escuela como institución para atajar estas “dramáticas” situaciones. Se da la circunstancia de que en la misma aula del CRA (Santolaya) se cerró este curso otro protocolo de acoso, esta vez en positivo gracias a la existencia de mensajes escritos a través de internet.
Mario Rodríguez y su pareja comunicaron al tutor de su hijo que algo no iba bien el pasado mes de diciembre. El docente, cuya versión se ha intentado recabar sin éxito para este reportaje, les reconoció la existencia de “juegos muy brutos” que consistían, por ejemplo, en arrastrarle con una cuerda o golpearle la cabeza contra el suelo. Pero “la palabra agresiones molestaba”, subraya el padre, quien vio cómo en los meses siguientes la situación continuó y empeoró: las mismas tres niñas daban al menor patadas en el gimnasio o le amenazaban en la biblioteca. Desde el centro, como relata la familia, ven “respuestas desmedidas” de las presuntas acosadoras al tiempo que trasladan a la familia que “las relaciones son sanas y armoniosas”. Para ese momento y con un resultado “negativo” de la existencia de “bullying”, las actuaciones se habían limitado a cerrar el gimnasio y la biblioteca (donde se producían las mismas agresiones que estaban relativizando) y a “extremar” una vigilancia que no da resultado, según denuncian los padres.
El protocolo de acoso se abre en abril y pese al negativo (no existe) concluye que hay “una serie de problemas de convivencia”. El pasado 10 de junio esta familia recogió a su hijo del colegio con una lesión en la cabeza porque le habían arrojado un rastrillo de huerta (madera y metal), algo que fue calificado por el tutor de “incidente fortuito”. Así consta en la nota manuscrita que otro docente entregó a la familia por toda explicación de parte del primero. Llegan entonces los partes médicos y la visita a Salud Mental, donde reconocen que el menor “relata los hechos con tensión y miedo”, que se muestra “tenso y asustado” y que el proceder del centro no está siendo el correcto. La familia, que veía la lista de agresiones crecer, se pregunta: “Si esto no es acoso, ¿qué es acoso? Te ves esperando a ver si llega una lesión física seria en tu hijo para poder demostrarlo y esto es terrible”, explica Isabel Arranz, la madre del menor, quien ve en el informe derivado del protocolo “un sí pero no”: evidencia “problemas de convivencia y descontrol” que afectan a la víctima “con más frecuencia” pero elude calificarlo como acoso y lo deja en “una repetición de puntualidades”.
“Las agresiones físicas paran, pero el acoso empieza a volverse sutil”, narra el padre. Relatos de asesinatos, pistolas láser que hacen mucho daño, dardos que sacan ojos y ahorcamientos del único muñeco varón de una conocida marca de juguetes se suceden con otros incidentes y siempre topan con el mismo muro. “Siempre hay un pretexto para todo y todo es fortuito”, lamenta Rodríguez, cuyo hijo “se despierta con miedo por la noche, pasa días metido en su cuarto y no quiere entrar solo al colegio. La madre del pequeño explica, además, cómo en este tiempo se han perdido entre la confusión y el dolor que esta situación les provoca, pero tienen un “centro” muy claro: “Quiero que la escuela sea un lugar seguro física y emocionalmente para mi hijo –¡y para los de los demás!– y que pueda acceder a su derecho a la educación en un entorno sano y amable”.
