Asturias ha recibido este año 3.081 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica, mientras que la factura de la sanidad, la educación y la atención social ha subido a 3.414 millones. El cálculo es rápido y rotundo. Nueve de cada 10 euros de los servicios públicos esenciales del Principado se han abonado en este “año dos” de la pandemia con los dineros procedentes del régimen común, del que dependen todas las comunidades autónomas, a excepción de las forales: País Vasco y Navarra.
El coronavirus ha puesto negro sobre blanco las debilidades del Estado del bienestar y al Gobierno central no le quedó otra que habilitar 15.207 millones para compensar la caída de ingresos y la subida de los gastos derivados de la contratación de más personal y recursos.
La reacción, aún con el coronavirus en el aire, no se ha hecho esperar. Las autonomías apremian la reforma del modelo de financiación, aprobado durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2007-2011). Unas lo hacen con la voz más alta que otras porque cada vez que se toca el modelo se altera el reparto de la tarta, por grande que pueda llegar a ser.
Todavía no hay una fecha en la agenda política para que las autonomías se sienten con el Estado a diseñar el nuevo modelo de reparto. Tocaba revisarlo en 2014, pero entonces el ministro Cristóbal Montoro y el presidente Mariano Rajoy decidieron aplazarlo porque la Gran Recesión (2008-2014) no era el mejor escenario para inyectar los recursos adicionales que una reforma de este calado requiere.
. Nueve de cada 10 euros de los servicios públicos esenciales del Principado se han abonado en este “año dos” de la pandemia con los dineros procedentes del régimen común
Cuando llegue la hora de sentarse a esa mesa estarán en juego más allá de las megacifras millonarias, la realidad del día a día en la sanidad, la educación y los servicios asistenciales públicos; es decir, la cola para ser atendido por el médico de cabecera o el pediatra, las listas de espera para una consulta con un especialista o las ratios de alumnos en las aulas de los colegios y también la calidad de esos servicios en las alas de Asturias. Todo eso y mucho más.
Cada vez que se reforma el sistema de financiación autonómica están en juego los ingresos que corresponden al Principado y a las otras catorce autonomías del régimen común para la prestación, en condiciones de igualdad, de unos servicios públicos, que han sido transferidos por el Estado en aras a la descentralización.
Las reformas anteriores han estado ligadas a la presión ejercida por los gobiernos catalanes. Aunque el pulso independentista se tradujo en un apartamiento tan voluntario como premeditado de la Generalitat del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde están representados con voz y voto el Estado y todas las autonomías para tratar sobre las necesidades de financiación, la “mesa de diálogo” pactada por Pedro Sánchez y las fuerzas vivas del independentismo abre un nuevo escenario que, probablemente, se materialice en un cambio de estrategia del Govern.
De momento, el PSC ha lanzado su propuesta de una “Hacienda federal”, cuya aspiración no oculta: aumentar los ingresos de Cataluña y también los de Baleares y la Comunidad Valenciana, tradicionalmente una de las más infrafinanciadas, según los estudios elaborados por la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea), la “fabrica de ideas”, que más ha evaluado el sistema de financiación y que dirige el economista gijonés Ángel de la Fuente.
La “mesa de diálogo” pactada por Pedro Sánchez y las fuerzas vivas del independentismo abre un nuevo escenario que, probablemente, se materialice en un cambio de estrategia del Govern.
Los socialistas catalanes han anunciado el objetivo, mejorar el reparto que corresponde a esas tres comunidades, sin entrar en detalles. De ahí que De la Fuente evite entrar en valoraciones de lo que, hoy, no pasa de una declaración de intenciones, por inquietante que pueda resultar al resto de territorios. “Es difícil valorar algo que no se conoce”, sostiene el director ejecutivo de Fedea. “El criterio no puede ser simplemente dar más dinero a Cataluña, Valencia y Baleares. ¿En base a qué? Un criterio razonable podría ser la igualación de la financiación por habitante ajustado. En este caso, habría que dar más dinero a Valencia, dejar a Cataluña como está y quitarle algo a Baleares”, expone De la Fuente.
La parquedad del anuncio del PSC también es objeto de alegación por el economista Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. “No entiendo qué es lo que se define como un modelo de ‘Hacienda federal’ sin más precisiones. Los modelos de Hacienda federal son muy diversos. Por poner un ejemplo, no se parece en nada cómo funciona la Hacienda federal de Estados Unidos y la de Alemania”.
El economista ovetense alerta de una posible contradicción entre la iniciativa del PSC y la pretendida armonización para evitar la competencia fiscal de la que ha hecho bandera el PSOE, también en Asturias: “Si quieren decir que pretenden aumentar las competencias de las comunidades autónomas en materia de ingresos públicos, contradicen la postura del Gobierno central de limitar sus competencias en relación con los tributos cedidos para evitar las bajadas de impuestos de Madrid”.
El impacto económico de la pandemia del coronavirus ha marcado un punto de inflexión que nadie discute. Todas las comunidades han tenido que subir sus gastos sanitarios, educativos y asistenciales mientras veían caer sus ingresos, sobre todo en 2020, por efecto del largo confinamiento en la actividad económica. El Gobierno central tuvo que activar urgentemente un fondo covid de 15.207 millones, del que a Asturias le correspondieron casi 299, distribuidos así: unos 170 para sanidad, 32,5 para educación, casi 18 para compensar el descenso en el transporte público y 78,3 por la caída de ingresos.
El economista Ángel de la Fuente ha analizado en un reciente informe la respuesta del sistema de financiación al “shock” que ha supuesto la pandemia, así como la repercusión de esta inyección extra de recursos por parte del Estado unido. Una de las conclusiones es que Asturias, Madrid, Cataluña y Castilla y León han sido las autonomías que “han mejorado su índice de financiación relativa”, mientras que en Andalucía habría empeorado.
La parquedad de los socialistas catalanes sobre su “Hacienda Federal” impide a los especialistas valorar a fondo esa propuesta
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda precovid, al cierre de 2018 (el último liquidado hasta ahora, ya que este cálculo se realiza siempre dos años después) situaban a Asturias como la cuarta comunidad autónoma con una caída de recursos más acusada en relación a su población ajustada, la que sirve de base para el reparto de fondos del sistema de financiación autonómica y que no es solo el número real de habitantes, sino que tiene factores de corrección en función de factores como la edad de la población o la dispersión, entre otros.
Ese retroceso encontraba su explicación en el comportamiento de la recaudación tributaria en la región y acercaba a Asturias a la media nacional, aún ligeramente por encima de la media.
El informe realizado por Fedea el pasado verano, tras esa liquidación, mantenía a Asturias en el noveno puesto de las 15 autonomías del régimen común. Traducido a euros, 2.762 por cada habitante ajustado, mientras que el valor medio del país estaba en 2.727 euros.
El nuevo estudio elaborado por De la Fuente, en el que incorpora a la financiación efectiva de 2020 los fondos extra por la pandemia, subiría esa cifra hasta los 2.938 euros por habitante ajustado cuando el promedio nacional sería de 2.884 euros. Un incremento que elevaría a Asturias al sexto puesto en ese reparto, encabezado, como es habitual, por Cantabria, con 3.300 euros y que cerraría Murcia, con 2.609 euros, que daría el relevo a la Comunidad de Valencia. Cataluña y Madrid compartirían el puesto 10, también por encima de la media.
El economista gijonés aboga precisamente en este último informe, de mayo, por la creación de “un fondo transitorio de nivelación, que permita complementar la financiación de las comunidades peor financiadas, mientras no se aborde la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica”.
De la Fuente aboga por la creación de “un fondo transitorio de nivelación, que permita complementar la financiación de las comunidades peor financiadas, mientras no se aborde la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica”
Entiende que “sería bueno poner un parche de urgencia que mejore la situación de las comunidades peor financiadas en un momento complicado para ellas. Esto sería muy sencillo de hacer: bastaría distribuir parte del fondo covid con un criterio de nivelación, esto es dando más a las que tienen una financiación más baja por habitante ajustado”, comentó a LA NUEVA ESPAÑA.
El hacendista ovetense Santiago Álvarez plantea aprender de los resultados de la profunda revisión acometida en 2009: “Puso de manifiesto los problemas que se producen cuando se reforma el sistema de financiación en medio de una crisis económica y con un elevado grado de incertidumbre sobre la evolución de los ingresos tributarios”.
Álvarez se pronuncia de forma inequívoca sobre si el escenario actual es el idóneo para una renovación en profundidad del modelo vigente: “Lo adecuado sería esperar a que se consolide la recuperación económica antes de acometer la reforma del sistema de financiación”.
Tanto De la Fuente, en su estudio, como Álvarez llaman la atención sobre el impacto negativo en todas las arcas autonómicas del año 2020 –marcado por el descenso de la actividad ligada al confinamiento– que se sentirá cuando toque afrontar la liquidación de ese ejercicio, el próximo año.
Para el ovetense Santiago Álvarez “lo adecuado sería esperar a que se consolide la recuperación económica antes de acometer la reforma del sistema de financiación”.
En el cálculo de los anticipos de la financiación de los años 2020 y 2021, el Ministerio de Hacienda “no ha tenido en cuenta los efectos de la reducción de los ingresos tributarios, lo que se hará a partir del año 2022, cuando se producirá la liquidación definitiva de 2020, y muchas comunidades tendrán que devolver lo recibido en exceso”, apunta Santiago Álvarez.
De la Fuente avanza en su informe que esa liquidación supondrá “una fortísima reducción”, con un saldo negativo “de unos 3.000 millones de euros” para las autonomías.
Toque antes la reforma del sistema, apremiada por la coyuntura política, o después, como aconsejan los hacendistas, el Gobierno asturiano llegará a esa negociación con los deberes hechos.
Hace ahora un año el Ejecutivo de Barbón consensuó con todos los partidos (excepto con Vox por su rechazo del Estado de las autonomías) un documento que ha de ser su hoja de ruta acerca de la posición de Asturias y en el que están marcadas como prioridad las alianzas con otras autonomías en situación similar, que en procesos anteriores han sido, sobre todo, las vecinas Galicia y Castilla y León.
La factura de la crisis covid llegará a partir de 2022, ya que estos dos años las autonomías han recibido adelantos muy por encima de los ingresos tributarios reales
Se trata, como ha reconocido la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, de hacer “mas fuerza” cuando llegue la hora del pulso sobre el nuevo sistema, con los intereses territoriales por encima de las siglas de partido.
Los socialistas Adrián Barbón y Ximo Puig, al igual que los populares Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, coincidirán en que sus autonomías necesitan más recursos, pero seguramente discreparán entre sí sobre el reparto más adecuado de una tarta que difícilmente pueda crecer a gusto de todos.
“Asturias generalmente ha estado por encima de la media en financiación por habitante ajustado, pero en años recientes se ha situado muy cerca de esa referencia. Más que tratar de mantener una financiación elevada, debería empujar por un sistema lo más igualitario posible, que nos ponga a todos lo más cerca posible de la media”, concluye el economista gijonés Ángel de la Fuente.
