El lobo levanta pasiones. A favor y en contra. La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de proteger a la especie en toda España, y no solo al sur del río Duero, como hasta ahora, ha abierto un intenso debate con cinco actores principales: Unión Europea, Gobierno de España, comunidades autónomas, ganaderos y ecologistas.
El cúmulo de intereses y de visiones diferentes sobre esta emblemática y controvertida especie dificulta enormemente una solución pactada que satisfaga a todos. Es un conflicto “a la libanesa”: a menudo se enfrentan todos contra todos. Así que, con casi total seguridad, el debate dilucidará en los tribunales de justicia.
Primero, las cifras. El lobo mató el año pasado a más de 10.000 reses en las cuatro comunidades autónomas del Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León). Los gobiernos autonómicos tuvieron que desembolsar unos 3 millones de euros en concepto de pago de daños.
En Asturias, el Gobierno ha constatado la presencia en la región de 40 manadas, con 31 grupos reproductores. No es el máximo histórico: en 2017 se censaron 41 manadas seguras y 5 probables. El número de animales dañados por el lobo en Asturias ascendió el año pasado a 2.922. Fueron 1.103 de equino, 816 de ovino, 664 de bovino y 339 de caprino. El máximo histórico se registró en 2014, con 4.559 animales dañados. Un apunte: los ganaderos afirman que estas cifras son “irreales”, porque desde hace años no se denuncian buena parte de los daños porque muchos de ellos no se pagan. Otro apunte: También hay fraudes relacionados con los daños del lobo. La última investigación del Seprona, este año, supuso la detención de seis ganaderos por haber cobrado, presuntamente de forma indebida, 120 expedientes por daños del lobo, a través de los cuales habrían obtenido 60.000 euros.
En el apartado de indemnizaciones por daños de lobo, el Principado desembolsó el año pasado 834,262,25 euros, cifra alejada del más de un millón que abonó en 2013. En cuando a las capturas de lobos en controles poblacionales, fueron 20 abatidos y uno herido el año pasado en Asturias. Además se constató la muerte de otros diez ejemplares: cinco atropellados, dos por disparos, uno por envenenamiento y uno por causas indeterminadas.
En Castilla y León el lobo provocó el año pasado la muerte de 3.685 reses en 2.578 ataques. A falta de cerrar algunos expedientes, el Ejecutivo autonómico estima que las indemnizaciones por los daños causados no diferirá mucho de los 1,24 millones abonados en 2019. El 85 por ciento de los ataques (2.198) se registraron al sur del Duero y provocaron la muerte de 3.049 cabezas de ganado, el 83 por ciento del total. Al norte de ese río, disminuyeron. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco achaca este hecho a que el lobo es especie cinegética al norte del Duero, mientras que al sur goza de protección especial, la misma que ahora se propone aplicar en toda España el Ministerio.
En Galicia se registraron el año pasado 1.303 ataques de lobos, que ocasionaron la muerte de 2.310 reses. La Xunta indemnizó a los afectados con 646.000 euros. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha constatado en los últimos años “un incremento significativo de los daños producidos por el lobo”.
En Cantabria el lobo ocasionó 1.518 muertes en los 821 ataques denunciados por los ganaderos. El valor de las indemnizaciones ascendieron a 428.498 euros. Son casi 200.000 euros menos que en 2019, ya que también descendió el número de bajas entre el ganado (fueron entonces alrededor de 2.400).
Los planes y programas del lobo de las comunidades del Noroeste permitían matar 420 lobos en la temporada 2019-2020 en las cuatro regiones del Noroeste. En lo que desde algunos sectores ser ha considerado un desafío en toda regla a Teresa Ribera, el Principado acaba de aprobar el Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2021-22, en el que se permite la eliminación de, al menos, 32 ejemplares.
El último informe sobre el lobo ibérico elaborado por la Unión Europea (UE) concluyó que la especie “no se encuentra en una situación favorable”. Y su última evaluación sexenal (2013-2018) concluyó que presentaba en España un estado de conservación “desfavorable e inadecuado”. Ocurre que las autoridades comunitarias, a diferencia de las comunidades autónomas, toman en consideración toda la población de lobo de la Península Ibérica en conjunto. Y visto que su situación global no es buena, ha exigido su protección en todo el territorio de España y Portugal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la política comunitaria sobre el lobo: en octubre de 2019 falló a favor de la protección inequívoca del lobo y en contra de que sea considerada especie cinegética allí donde esté protegida. El TJUE estableció que para permitir la caza del lobo es necesario, en primer lugar, acreditar y justificar un estado de conservación favorable de la especie. Y solo en último caso, excepcionalmente, pueden autorizarse medidas de control “selectivas y discriminadas” para no deteriorar el estado de conservación de la especie.
La Unión Europea afirma que el estado de conservación del lobo es "desfavorable e inadecuado"
El Gobierno central atendiendo a las exigencias de la UE, ha anunciado que antes del 25 de septiembre todas las poblaciones de lobo ibérico de España quedarán incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que significará el fin de la caza de esta especie, ahora permitida en Galicia, Cantabria y Castilla y León. El objetivo, afirma el Ministerio es la “cohabitación” del lobo y la ganadería extensiva”. Justifica el cambio del estatus del lobo en España con el argumento de que la actual situación de la especie, lejos de resolver el conflicto, “lo ha agravado”. Además, defiende que no es de recibo que el lobo tenga siete catalogaciones distintas en España, según la comunidad autónoma, y que la especie necesita “un único estatus para todo el territorio”.
Queda en el aire saber qué ocurrirá con el Plan de Gestión del Lobo del Principado de Asturias una vez incluido el lobo en el Lespre. Si bien el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, aseguró que es el ejemplo a seguir por otras comunidades, la protección de la especie impide la eliminación indiscriminada de ejemplares, como ocurre en la actualidad: solo se podrían abatir los “conflictivos” que protagonicen ataques continuados al ganado u otros daños. Y únicamente después de que estos se produzcan, nunca con autorizaciones con carácter previo como las actuales.
Pese a ello, el Gobierno central ha incluido un anexo en la orden ministerial con la que se propone proteger al lobo en el que señala que se mantienen los planes de gestión de la especie de las comunidades autónomas, lo que ha provocado que los conservacionistas pongan el grito en el cielo, al considerar que es ilegal.
El gobierno central indica que su objetivo es la "cohabitación del lobo y la ganadería"
Las regiones del Noroeste rechazan frontalmente la inclusión de sus poblaciones de lobo en el Lespre, al considerar que se invadirían sus competencias cinegéticas y en materia de gestión de la fauna. Apuestan por seguir gestionando a la especie mediante controles de población (en Asturias) y permitiendo su caza (Galicia, Castilla y León y Cantabria).
Auguran “problemas sociales” si se protege al lobo en toda España, porque dejarán de tener “herramientas para gestionarlo”, según el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Alejandro Calvo. El titular de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también manifestó su “rechazo total” a la protección del lobo y reclamó al Gobierno central que le permita continuar con la gestión “prudente y equilibrada” que realiza de la especie.
Los gobiernos del Noroeste aseguran que el lobo goza de “buena salud”, pues la población crece cada año y la especie va conquistando cada vez más territorio. Consideran “indispensable” controlar la población del lobo, y han lanzado una severa advertencia: se opondrán “con todos los medios, incluso en los tribunales”, a cambiar el actual estatus del lobo.
Las regiones del noroeste acudirán a los juzgados si se cambia el estatus del lobo
La Consejería de Medio Rural de Asturias lo tiene claro: “Hemos enviado alegaciones al Consejo de Estado (contra la inclusión de la especie en el Lespre) y agotaremos todas las vías administrativas y jurídicas para garantizar la aplicación de nuestro plan de gestión del lobo en todos sus términos, incluidos los controles de población; no se trata de que los controles quepan a nivel teórico sino que tengan seguridad jurídica para que puedan desarrollarse a nivel real”, indicó una portavoz de la Consejería.
Los ganaderos llevan años denunciando el quebranto económico que les provocan los ataques del lobo. Anuncian acciones judiciales para detener lo que consideran “una barbaridad sin justificación”, pues afirman que la población del lobo en las regiones del Noroeste está creciendo de forma “notable y notoria”. Aseguran que los pagos por daños de la Administración, “cuando llegan”, no cubren “ni de lejos” los perjuicios sufridos. Y alertan de que el lobo está provocando la desaparición de la “reciella” (ganado menor) y pone en peligro la producción de productos artesanos como el queso, del que viven cientos de familias. Más aún: aseguran que el lobo es en la actualidad un “factor decisivo” en la despoblación rural. Las organizaciones agrarias han exigido la paralización inmediata del proyecto de Teresa Ribera para proteger al lobo en toda España, que consideran “una declaración de guerra”.
El regidor de pastos de la Montaña de Covadonga, Toño García Álvarez, capitanea desde hace años la lucha ganadera contra el lobo en Asturias. En su opinión, “donde hay ganadería extensiva no puede haber lobos”, de ahí que considera “completamente errónea” la decisión del Ministerio. Respalda la decisión del Principado de pleitear contra el Ministerio, pero exige pasar “de las palabras a los hechos”. Afirma que la única “especie” en peligro de extinción es “el profesional de la ganadería extensiva”.
Subraya que lo mismo que entendería que hubiera zonas “con lobos y sin vacas”, cree que en áreas como los Picos de Europa “no puede haber lobos”, porque es “la zona ganadera pastable con más ganado de Europa”: 28.000 hectáreas, la mitad de pastos, “con una orografía muy determinada y tradiciones y usos que no permiten manejos distintos a los que se llevan practicando desde hace milenios”. García augura que si el plan de la Ministra sale adelante la ganadería se convertirá en “segunda actividad”.
Los ganaderos consideran el plan de Teresa Ribera una "declaración de guerra"
La iniciativa de proteger al lobo en toda España fue presentada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) en octubre de 2019. La propuesta aportaba argumentos técnicos y legales sobre la necesidad de modificar el estatus del lobo al norte del Duero, a la vista del informe desfavorable de la UE sobre la especie. ASCEL reclamó la inclusión del lobo en el Catálogo de Especies Amenazadas, con la categoría de “vulnerable”, o en su defecto en el Lespre. El colectivo conservacionista subraya que el lobo es el único gran carnívoro de la Península que no está catalogado y que es objeto de controles letales de población, e incluso de caza.
Las consideraciones de ASCEL, que ya ha conseguido tumbar en los tribunales todos los planes de caza de la Junta de Castilla y León, fueron respaldadas por unanimidad por el Comité Científico que asesora al Ministerio. Pero en la orden ministerial que se pretende aprobar se autorizan los planes de gestión, en los que se decide de antemano cuántos lobos se matarán en el ejercicio siguiente.
Ignacio Martínez, presidente de ASCEL, sostiene que los planes de gestión son “incompatibles” con la inclusión del Lobo en el Lespre. Arguye que la protección de la que se dotará al lobo impide las matanzas indiscriminadas y hace que solo puedan eliminarse los ejemplares “problemáticos”, con “aval científico y con posterioridad a los daños, nunca antes, como ocurre ahora”.
Los ecologistas no creen de recibo "proteger una especie para matarla"
Martínez subraya que si el Gobierno mantiene su propuesta tal y como está redactada, permitiendo planes y programas de control indiscriminados, “tendrá otro conflicto legal. Con nosotros”. Subraya que no es de recibo “proteger una especie para matarla”. Y que esa posibilidad que ahora pretende el Ministerio es “peligrosísima”, “inasumible” y “un salto cualitativo hacia atrás”. El Gobierno pretende “la cuadratura del círculo: quedar bien con la Unión Europea, con las comunidades autónomas, con los ganaderos y con los ecologistas. Y eso es imposible”, concluyó Martínez.
