Las universidades españolas afrontan una nueva reforma con la ley orgánica del sistema universitario (LOSU), que modificará la actual norma, de 2001. El ministro de Universidades, Manuel Castells, presentó esta semana el anteproyecto en el Consejo de Ministros de una norma que cambia el modelo de elección al rectorado. Cuando entre en vigor, no será necesario ser catedrático o catedrática para aspirar al cargo, sino acumular determinados años de experiencia tanto en gestión, como en docencia e investigación. El tiempo máximo en el cargo será de seis años, añade el anteproyecto.
La LOSU también tiene por objetivo reducir la precariedad de los docentes y fija una tasa máxima de un 20% de la plantilla de investigadores y docentes con contratos temporales. Ninguna universidad española está entre las cien primeras del mundo. Entre otros motivos, por su frágil financiación. La LOSU no incluye un presupuesto específico, pero “promueve una financiación suficiente de las universidades” teniendo en cuenta el objetivo del Gobierno, recogido en la ley Celaá, de aumentar el gasto educativo de forma considerable durante los próximos años. La norma, explican fuentes de Universidades, llega en un momento en el que “es necesario afrontar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y superar los efectos de la crisis económica de 2008, que provocó precarización y un excesivo envejecimiento de las plantillas”. De hecho, en la próxima década se esperan jubilaciones masivas en los claustros.
Respecto a los alumnos, se garantiza “un acceso democrático a la universidad”, incluyendo las becas como un derecho de los estudiantes y estableciendo un procedimiento para limitar las tasas universitarias». Ambos aspectos ya estaban incluidos en normativas anteriores, aprobadas para tratar de frenar el abandono de las carreras. Estas son algunas de las claves de la futura ley.
Rectores y profesores. El rector o rectora de la universidad será elegido no por rango (ser catedrático, entre otros requisitos) sino por «su mérito», explicó Castells. Cualquier funcionario o funcionaria podrá aspirar al rectorado siempre que cumpla una serie de condiciones: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y una experiencia de cuatro años en algún departamento de gestión de la facultad. El rector será elegido por un comité de selección (el 30%, externos a la universidad) designado por el claustro.
El nuevo sistema para nombrar rector no es algo nuevo. En Cataluña, hace una década, ya se inició un debate para cambiar la gobernanza de los centros y hacer que los máximos responsables de las universidades tuvieran un perfil mucho más marcado en labores de gestión. El debate, sin embargo, no dio como resultado un cambio de normativa.
Sobre los profesores, la LOSU ordena la carrera académica con tres «niveles de progresión»: incorporación, consolidación y promoción. También reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador, pasando del 40% que marcaba la anterior ley al 20%. Asimismo, contempla pasar del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.
Docentes Asociados. Para dar un impulso a las enseñanzas superiores, la futura ley trata de atajar uno de los principales problemas, la «precariedad» en la que se encuentra parte de su personal, principalmente el profesorado asociado. «Acabar con esa situación estructural de precariedad se ha convertido en una demanda principal de muchos de los actores de la comunidad universitaria, conscientes de la relación directa que tiene con la calidad de la enseñanza», explican desde el Ministerio.
La ley ofrece varias vías de entrada y estabilización al profesorado asociado que no cuente con un trabajo principal fuera de la universidad y desee hacer carrera académica. Por un lado, establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para docentes asociados con título de doctor y con una relación contractual previa mínima de cinco años con la facultad. Por otro lado, se crea la figura transitoria del profesorado contratado no doctor destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante un contrato temporal. El objetivo es que obtengan el título de doctor o doctora. La LOSU introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.
Investigación y empresa. Sin investigación no hay universidad. Todas las facultades tendrán que dedicar como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, asegurando una reserva de plaza del 15% para investigadores e investigadoras. Castells subraya que lo se busca con esta iniciativa es «impulsar la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas». La relación con las empresas está también muy presente en la LOSU, que menciona tanto las pasarelas entre las carreras y los cursos de FP superior como la cobertura legal de las prácticas que realizan los estudiantes en las empresas.
Calidad universitaria. La LOSU introduce, por primera vez, la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente del profesorado y el impulso de la innovación docente. Se intensifica la importancia de las diferentes agencias, nacionales y autonómicas, de evaluación y acreditación reconocidas en Europa para reconocimiento de títulos y de la carrera del personal docente e investigador.
El departamento que encabeza Castells también ha elaborado un real decreto para que una universidad –ya sea pública, privada, online o híbrida– merezca llamarse como tal necesitará cumplir una serie de requisitos tanto en docencia como en investigación. Si los cumple, seguirá siendo una universidad. Si no, se le dará un plazo de cinco años para hacerlo. Sin ese periodo sigue sin acatarlos, se le retirará el título de universidad y pasará a ser otra institución, como un centro de estudios superiores o una escuela de negocios.
Igualdad. El ministerio también ha querido introducir en la nueva norma medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Habrá paridad en los órganos colegiados, se habilitarán unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, habrá planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, al igual que protocolos contra el acoso sexual. Se establecerá un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en las nóminas, se impondrán medidas de conciliación y corrección de los usos del tiempo, y se impulsarán proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.
