La burocracia que asfixia a los ayuntamientos: comprar una grapadora de 5 euros exige un proceso de 14 pasos que puede llevar meses

Un empleado de un Ayuntamiento necesita una grapadora. Cuesta 5 euros en la librería situada justo enfrente del edificio consistorial. Cualquier persona ajena a la Administración y que no conozca al detalle la legislación vigente podría pensar que conseguir ese utensilio es tan sencillo como que el funcionario cruce la calle, lo compre y pase la factura a fin de mes para que le reembolsen el dinero. Pero no. El proceso puede llevar meses, requerir la dedicación de hasta diez personas y consumir un tiempo que, al cambio y en un cálculo aproximado, puede suponer cuarenta veces el precio de venta al público del instrumento de marras. Un tiempo que, además, deja de dedicarse al servicio de la ciudadanía.

El ejemplo citado es ficticio, pero similar a los que ocurren muchas veces al año en cualquier Ayuntamiento asturiano. Un bolígrafo, un tornillo, folios, una bombilla, una alcayata, un enchufe… Son materiales que pueden hacer falta en cualquier momento, pero cuya obtención supone en la actualidad un verdadero suplicio para los servidores públicos. Porque los ayuntamientos están maniatados por un muro a veces infranqueable, por un "corpus" de normas jurídicas y contables que consumen recursos humanos y materiales como nunca antes en la historia del municipalismo. Una situación que está dejando los servicios municipales al borde del colapso.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, explicó el pasado martes durante su participación en el Foro Municipalismo de LA NUEVA ESPAÑA de manera ágil y didáctica el papeleo y las incontables vueltas que debe dar un simple contrato menor, de solo 5 euros, desde que surge la necesidad del gasto hasta que completa su ejecución. Nada menos que trece o catorce pasos, según el caso, que ejemplifican el tortuoso camino de la burocracia, que se eleva a la enésima potencia cuando tienen que intervenir varias administraciones o departamentos con informes o autorizaciones. Una burocracia que distrae tiempo y personal para tramitar, por ejemplo, permisos urbanísticos, por los que en muchos casos los interesados tienen que esperar meses o incluso años. Sin ir más lejos, la licencia para reparar un hórreo no suele tardar menos de un año. Y si el bien para el que se solicita permiso está enclavado en un lugar afectado por algún tipo de protección o declarado de interés la tramitación se puede hacer eterna.

Los políticos que legislan "desde Madrid" están creando una administración más difícil

"Los políticos que legislan desde Madrid están creando una Administración cada vez más difícil", argumentó González Castro. Una tesis coincidente con las quejas repetidas por los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos que participaron en el Foro Municipalismo, celebrado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Alcaldes que representaban al 71 por ciento de la población asturiana. A pesar de que buena parte de las críticas, tanto de responsables municipales como autonómicos, se centran en la ley de Contratos del Sector Público, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, recordó que esa normativa gozó de un amplio consenso cuando se aprobó en el Congreso, en 2017, para trasponer directivas europeas sobre contratación pública.

El alcalde de Cangas de Onís detalló el "modus operandi" que está generando "una Administración al borde del colapso, en la que los trabajadores municipales trabajan tres veces más que hace seis años. La burocracia administrativa les ‘come’ muchísimo tiempo". Y todo esto no ocurre porque haya falta de personal, porque en el caso cangués, por ejemplo, se destina el 49,6 por ciento del presupuesto anual al pago de nóminas.

La descripción que hace González Castro del proceso de adquisición de un objeto cualquiera que cueste 5 euros, la grapadora por ejemplo, tiene miga. El primer paso obligatorio es que un político o un trabajador municipal realice una propuesta de gasto por ese importe. Por supuesto, todo por escrito. A continuación, esa misma persona tiene que elaborar una memoria en la que debe explicarse el gasto detallado. "Tienes que explicar qué quieres y para qué lo quieres". A ser posible, algo más que "para grapar". El solicitante, además, tiene que elaborar un informe que justifique la necesidad del gasto.

Los funcionarios trabajan el triple que hace seis años, pero no dan abasto, cada vez hay más trámites

Hasta este punto puede haber intervenido solo quien realiza la propuesta (o no), pero a partir de ahora empiezan a verse involucradas más personas y los documentos empiezan a pasar de despacho en despacho. Porque el cuarto paso es la elaboración de una nueva propuesta por parte de un responsable de contratos, que debe ser necesariamente un trabajador municipal. Este documento debe ser firmado, primero, por el responsable de contrato, y, a continuación, por el alcalde o el concejal en quien este delegue.

El asunto se complica porque el paso siguiente, el séptimo para quien haya perdido la cuenta, supone enviar el expediente al departamento de Intervención, donde se tienen que realizar la retención de crédito correspondiente al gasto, al coste de la grapadora. Pero todo gasto requiere el aval de un informe jurídico, así que el expediente vuelve a su inicio. El noveno paso involucra a la Secretaría municipal, que debe elaborar un informe sobre la legalidad del contrato menor y su no fraccionamiento ("recordemos que estamos hablando de cinco euros", indica con una mezcla de ironía y enfado González Castro).

El décimo paso exige que la Secretaría y la Alcaldía elaboren (si procede) la resolución de aprobación del contrato menor. Resolución que debe ser firmada por los máximos responsables de ambos departamentos o por aquellas personas en quienes deleguen. En este punto el expediente está listo, pero aún hay que notificar la resolución al proveedor y a los servicios económicos municipales.

Podría parecer que ya se puede comprar la grapadora, pero no es así, porque antes hay que dar cuenta al Pleno municipal, que en función del Ayuntamiento puede celebrarse cada mes, cada dos, cada tres… Entretanto, los folios sin grapar. Una vez enterados los munícipes de que se ha aprobado adquirir una grapadora, aún resta subir todos el contrato a la Plataforma de Contrataciones del Estado, según explicó el regidor cangués.

En el ejemplo elegido ahí se acaban por fin los trámites. No ocurre lo mismo si se trata de una obra, pues en ese caso, aparte de todo lo anterior, se necesita otra memoria más, firmada por un técnico competente. "Y ya no os voy a hablar, ni a contar toda la tramitación necesaria para el reconocimiento de la obligación y la aprobación de la factura y para posteriormente abonarla", clamó González Castro. Daría para otro capítulo similar a este.

La prioridad, mejorar los servicios públicos ante leyes muchas veces absurdas

La consecuencia de este vaivén de papeles, firmas, informes y memorias para un simple contrato menor también la puso sobre la mesa el alcalde de Cangas de Onís: "Todo esto requiere personal que, por lo tanto, no puede emplear su tiempo de trabajo en el desarrollo de otras funciones de servicio al ciudadano, al que, en consecuencia, se está desatendiendo. Hoy por hoy se da más importancia a la tramitación de un contrato menor que al objeto del mismo", planteó González Castro, que no se cortó un ápice al resumir su valoración: "La Administración debería ser todo lo contrario. Debería ser una herramienta de ayuda que facilite al vecino su relación con ella. Lo importante es mejorar los servicios públicos ante leyes muchas veces absurdas", añadió.

Pero las normas vigentes acarrean otros efectos indeseados. No se puede prever cuándo se va a romper una grapadora, pero conviene, por ejemplo, calcular cuántos bolígrafos, cuántas bombillas o cuántos folios se necesitarán en el Ayuntamiento durante el año. "Hacemos previsiones de ese tipo, pero hay que sacarlas a licitación. La consecuencia es que las pequeñas empresas locales, en las que a todos los alcaldes nos gustaría hacer este tipo de gastos, no pueden competir con las grandes, a veces incluso multinacionales, en los concursos. Total, que no podemos comprar en el pueblu", lamentó González Castro.

En su opinión, las normas vigentes para controlar el gasto público son un ejemplo más de que en España "somos más papistas que el Papa". Además, el supuesto control reflejado en las normas vigentes para evitar corruptelas, en realidad, puede sortearse: "El sinvergüenza y el ladrón lo van a seguir siendo. Si hay que hacer una obra que cuesta 3.000 euros pueden encargar un informe a un contratista externo que diga que cuesta 4.000 y quedarse los otros 1.000. Esto es una cuestión de principios y valores, de respetar el dinero de todos más que el propio, de vocación de servicio público", expresó el alcalde de Cangas de Onís.

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Aunque es muy complicado determinar cuánto puede acabar suponiendo a las arcas públicas toda la tramitación para comprar un utensilio como una grapadora, que cuesta 5 euros, puede hacerse una aproximación meramente indicativa. El tiempo que necesitan las nueve o diez personas involucradas en la tramitación del gasto podría situarse en torno a las veinte horas. Habida cuenta de que el sueldo medio de un trabajador municipal se sitúa entre 30.000 y 35.000 euros al año, y que por término medio un empleado trabaja unas 1.800 horas al año, el coste del tiempo dedicado a la grapadora estaría entre 180 y 200 euros; esto es, hasta cuarenta veces más de lo que cuesta comprarla directamente. "Siendo prudentes, las cifras asustan", concluyó José Manuel González Castro.

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