Suspensión del cobro de la Zona Baja en Emisiones tras la decisión del Supremo: se cobran multas de "dudosa legalidad" y futuro de las etiquetas

El distintivo ambiental que debemos llevar el coche es un elemtno imprescindible para ciruclar y controlar la Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) que se están activando en diefrentes ciudades de España. La clasificación de los vehículos a través del distintivo ambiental tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En algunas ciudades ya se está utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él.

Pero la polémica ha estado ligada estas nuevas zonas, obligando a la justicia a intervenir y tomar decisiones, como ha pasado en Madrid. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la paralización inmediata del cobro de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el pasado 6 de abril, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la admisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.

El pasado mes de marzo, el Pleno de Cibeles aprobaba, con los votos en solitario del PP, la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, año y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021, en concreto, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital a partir de un recurso de Vox.

Según ha señalado AEA en un comunicado, desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 el Consistorio ha impuesto un total de 3.361.751 sanciones, por un importe superior a 650 millones de euros, que podrían quedar sin efecto en caso de que el alto tribunal inadmitiera el recurso.

La asociación ha justificado su petición en "el daño económico que desde hace más de cinco años se está causando a cientos de miles de conductores madrileños", a quienes, a su juicio, se les están cobrando multas de "dudosa legalidad".

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid responde a una "estrategia dilatoria" y no a razones de interés general, con el objetivo de "seguir recaudando". Unas multas que, según ha explicado "luego no quiere devolver argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas".