La multa de 200 euros que van a recibir en las próximas horas cerca de 10.000 conductores tras el endurecimiento con la señal R-120: la Guardia Civil extrema la vigilancia
"Apenas dos meses, una previsión de recaudación de entre uno y dos millones de euros y cerca de 10.000 denuncias"

01/08/2025 Varios vehículos en la A3, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha a las 15.00 horas de este jueves 31 de julio la 'Operación Especial 1º de agosto' para la que prevé 6.880.000 movimientos por carretera hasta las 24 horas del domingo 3 de agosto. La DGT cuenta con la total disponibilidad de los medios, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad) para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la que se considera la operación salida más importante del verano. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press
La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este martes las casi "10.000 sanciones en dos meses por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se regula con la señal de tráfico R-120, y ha exigido "suspender el régimen sancionador".
Morillas ha anunciado que en el próximo pleno del mes de junio presentará una iniciativa sobre la Zona de Bajas Emisiones y ha informado de datos a los que ha tenido acceso el grupo municipal Con Málaga sobre este asunto.
Al respecto, ha señalado que "el equipo de gobierno del PP durante el mes de febrero ha incoado 4.735 denuncias con procedimiento sancionador por la Zona de Bajas Emisiones, lo que significa que cada día se han impuesto 152 sanciones y que si las sumamos las que se impusieron en el mes anterior, el dato resultante es que, en apenas dos meses, han sido cerca de 10.000 procedimientos sancionadores motivados por la Zona de Bajas Emisiones".
Ha señalado que "si hacemos el cálculo en relación con la sanción, estamos hablando de que el Ayuntamiento en esos dos meses, en apenas dos meses, podría recaudar entre un millón y dos millones de euros en función de si se cumple la sanción de 200 euros que hay establecida en la ordenanza, o si se aplica el pronto pago, que es de 100 euros. Es decir, en apenas dos meses, una previsión de recaudación de entre uno y dos millones de euros y cerca de 10.000 denuncias".
Al respecto, Morillas ha manifestado que "el estudio de opinión que ha presentado el Área de Movilidad sobre la Zona de Bajas Emisiones, alumbra algunos datos que confirman lo que desde nuestro grupo veníamos diciendo, y es que el Ayuntamiento no ha hecho los deberes en materia de movilidad".
"El Ayuntamiento de Málaga suspende, y ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones sin haber acometido las actuaciones previas que eran necesarias para que esta herramienta sirviera de manera efectiva para reducir las emisiones y para reducir el uso del vehículo privado", ha apostillado.
Morillas ha desglosado algunos datos de dicho estudio como que "un 48% de malagueños y malagueñas consideran que son excesivas las medidas sancionadoras que se han contemplado, un 75% no ha modificado su hábito en el desplazamiento, lo que significa que esta medida no ha sido efectiva para reducir el uso del vehículo privado, y que un 66% de los malagueños considera que la ZBE debería haberse acompañado de medidas de fortalecimiento y ampliación de la red de transporte público colectivo, de manera que el uso del metro, del autobús urbano e interurbano, realmente pueda constituir una alternativa real de movilidad al uso del vehículo privado".
En suma, ha dicho, "el equipo de gobierno no ha hecho los deberes en relación con la Zona de Bajas Emisiones y esa sentencia del TSJA vuelve a confirmar lo que estamos planteando".
Por ello, el grupo municipal de Con Málaga plantea que el Ayuntamiento "debe de desistir y no recurrir esa sentencia, ya que de no hacerlo se podría estar incurriendo en un grave problema de inseguridad jurídica, tanto para los vecinos como para el propio Ayuntamiento".
"Porque esas cerca de 10.000 personas que pueden ser sancionadas en apenas dos meses pueden acabar interponiendo recursos judiciales frente al Ayuntamiento por la situación de inseguridad jurídica que se está generando en este momento", ha advertido.
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