Multado un conductor con 800 euros, que dio negativo en un control por el gesto que hizo a otros conductores tras arrancar: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La Guardia Civil ha denunciado a un hombre en Ciutadella por alertar de la ubicación de un control de seguridad vial a otros usuarios a través de una plataforma de internet. El hombre se enfrenta a una sanción de hasta 30.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero en un control de tráfico en las inmediaciones de Ciutadella. Según ha informado el Instituto Armado, los agentes detectaron en una aplicación de mensajería instantánea la publicación de un aviso que informaba de la presencia policial.

Los agentes intensificaron el seguimiento de la aplicación de mensajería, lo que permitió identificar a un conductor que facilitaba la localización del punto de control de la Guardia Civil.

El hombre, de 34 años y residente en Menorca, fue denunciado por una infracción grave por el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pone en riesgo su seguridad, la de sus familias o una operación, cuya sanción puede ir desde 601 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad y del perjuicio causado.

La Guardia Civil ha recordado que los controles de tráfico tienen como finalidad principal detectar y retirar de la circulación a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Avisar de su ubicación no es solidaridad, es permitir que un peligro inminente escape y ponga en riesgo a personas inocentes", han apuntado, antes de insistir en la importancia de la colaboración ciudadana para evitar este tipo de conductas.

Cabe recordar que avisar con ráfagas de luz está prohibido. El Reglamento General de Circulación sanciona el uso indebido de las luces cuando puede deslumbrar a otros conductores. La multa es de 100 euros. Además, avisar por redes sociales o mensajes. Puede ser ilegal si se trata de un control de alcoholemia, drogas o un operativo policial activo ya que estos avisos pueden obstaculizar la labor policial y poner en riesgo la seguridad vial.La base jurídica está en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. En el artículo 36.23 se sanciona la difusión de información que pueda comprometer el éxito de una operación o poner en peligro a los agentes. Las multas oscilan entre 601 y 30.000 euros.

Además, la modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía clarifica el uso de detectores o inhibidores de radares, así como los cascos de audio o auriculares. El Consejo de Ministros aprobó este martes el cambio en la normativa.

Según el texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad.

Asimismo, se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, aunque quedan excluidos de esta prohibición "los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico".