Langreo, M. Á. G.

Los propietarios del pub de La Pomar denunciado por un vecino por exceso de ruido aseguraron ayer que el establecimiento «cumple con la normativa» gracias a las múltiples inversiones realizadas para mitigar el sonido ambiente. También rechazaron que exista pasividad por parte del Ayuntamiento en el control del ruido, tal como sostiene la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo. El fallo condena al Consistorio a indemnizar con 4.000 euros al vecino afectado por no actuar a la hora de garantizar su derecho al descanso.

El encargado de trasladar la opinión de la empresa Areski -propietaria del pub «Bábaro»- fue Jesús Quesada, el abogado que ha representado a la firma en el procedimiento judicial. Quesada explicó que sus clientes no recurrirán la sentencia y recordó que la resolución judicial no les afecta directamente, ya que el juez desestimó la clausura del local, así como la incoación de un expediente contra el establecimiento. También explicó que el «Bábaro» fue el primer local de copas de la comarca en implantar un limitador de sonido, al tiempo, que enumeró la lista de reformar realizadas para insonorizar el local y adaptarlo a la normativa: acorchamiento de paredes, forros especiales para las columnas, cambio de suelos y una rebaja en la altura del techo, entre otras.

En la misma línea, Quesada expuso que «sólo dos de las numerosas mediciones de ruido realizadas por los técnicos fueron positivas y además por un margen muy escaso, de dos y tres decibelios». El letrado explicó que el bar inició su actividad a principios de 2005 y que desde noviembre de ese año «no ha vuelto a recibir ninguna denuncia». El abogado que representa a la firma Areski también indicó que no ha existido pasividad por parte del Ayuntamiento. «Ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha sido escrupuloso en el cumplimiento de la normativa», apostilló.

Quesada manifestó la sorpresas de sus clientes ante la «alarma social» generada en los últimos días y apuntó que no existe un problema de ruido en el concejo. De esta forma, afirmó que el pub de sus representados cumple la normativa, «al igual que el resto de locales de copas». En este sentido, el letrado censuró al presidente de la Junta de Hostelería de Langreo, Javier Fernández, que criticó a los locales que incumplen la normativa por dañar la imagen del colectivo. «No entiendo que se realicen una serie de comentarios con tanta temeridad por parte de una persona que ni conoce el contenido de la sentencia ni representa a ninguna de las parte en litigio. Parece que están en contra del propio colectivo al que dice representar», argumentó Quesada.

El vecino afectado acudió a los tribunales al entender que el Ayuntamiento había desestimado, por silencio administrativo, la petición en la que reclamaba el cierre del local y una indemnización de 24.000 euros. El juez estimó, en parte, el recurso contencioso-administrativo presentado por el demandante y fijó el pago en 4.000 euros.