Langreo, M. Á. G.
El conflicto entre el Principado y los trabajadores del ERA por la decisión regional de privatizar la gestión del geriátrico de Sotrondio parece haber entrado en vía muerta. La viceconsejera de Centros, Familias, Infancia y Mayores, Teresa Ordiz, reiteró ayer que la intención del Gobierno regional es recurrir a una «fórmula de gestión externa», de acuerdo con el convenio alcanzado en su día con la sociedad pública Sedes. Este documento, según mantiene Bienestar Social, no hace una referencia expresa a que el Principado tenga una opción preferencial para hacerse cargo de la administración del equipamiento. Por otro lado, Ordiz adelantó que la intención de su departamento es «abrir el centro lo más rápidamente posible», en un plazo aproximado de «tres o cuatro meses».
La responsable regional realizó estas manifestaciones en la visita realizada en la jornada de ayer al centro social de personas mayores de Lada, en el que tuvo lugar un homenaje a los socios de más edad. También se entregaron los premios de juegos de salón.
Ordiz aludió a la protesta protagonizada por un centenar de trabajadores del ERA el pasado jueves en el Ayuntamiento de San Martín, aunque evitó entrar en polémicas. «Tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, como nosotros lo tenemos a decidir sobre los recursos existentes basándonos en lo que está firmado, y no nos vamos a salir ni un ápice de ahí», concluyó.
Los representantes del comité de empresa del ERA ya anunciaron el jueves en Sotrondio, después de la protesta que acabó con la suspensión del Pleno, que seguirán movilizándose hasta que el Principado dé marcha atrás y renuncie a la privatización de la gestión de la residencia de Sotrondio. Los trabajadores entienden que esta medida afectará a la estabilidad del empleo y a la calidad de la prestación asistencial que recibirán los usuarios. La plantilla del ERA también tiene el temor de que el caso de Sotrondio abra la puerta a la privatización de la gestión de otros centros.
