El Entrego, L. M. D.

El PP de San Martín del Rey Aurelio exigió ayer a la empresa pública Hunosa que recompre el inmueble de Venturo XXI, «tal y como establece la cláusula duodécima» de la opción de compra sobre el edificio que la empresa Venturo XXI hizo efectiva en 2008. Según los populares, en la cláusula se obliga a la compañía a «continuar desarrollando su actual objeto social en los inmuebles vendidos, así como a no enajenarlos a un tercero durante un periodo mínimo de 5 años». De esta forma, la sede de la compañía, que fue adquirida por 382.500 euros cuando estaba tasada en 3,5 millones y para cuyo arreglo se utilizaron 1,8 millones de fondos mineros, debería seguir utilizándose para actividades de Venturo XXI al menos hasta 2013. «El incumplimiento de esta cláusula», afirmaron los populares, «daría derecho a Hunosa a instar la resolución del contrato, previo reintegro del precio pagado en contraprestación». Es decir, que la hullera «podría recuperar un bien público».

El portavoz municipal del PP de San Martín, Fernando Carrio, puso de manifiesto lo «chocante» que resulta que «primero Hunosa haya casi regalado a personas privadas un edificio tasado en más de 3 millones, por la módica cantidad de 360.000 euros» más IVA, «y segundo, que no haya exigido el cumplimiento de una cláusula que permitiría recuperar un bien público».

Desde la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CC OO de Asturias, por su parte, se acusó ayer al presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, de mentir sobre «el verdadero problema» que ha llevado a la compañía Venturo XXI a sufrir un concurso de acreedores. «El señor Marroquín afirmó que el agujero de Venturo se debía, en un 90%, a los costes de personal», se indicó desde CC OO, que desveló que el sueldo medio de los trabajadores «equivale al de 14 pagas de 945 euros al mes». El 40% del personal, además, «recibe una media de 823 euros en cada paga».

Justo Manuel Ruiz Rodríguez, secretario general de Comfia-CC OO en la región, quiso salir al paso de las afirmaciones de González Marroquín en su comparecencia en la comisión de Industria de la Junta General del Principado. En ellas, el también director del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) afirmaba que la deuda de Venturo XXI se había ocasionado, «en un 90%», por los costes de personal. Desde CC OO se le echó en cara a Marroquín que «el salario mensual medio de la plantilla, con las pagas extraordinarias prorrateadas, está por debajo de los 1.100 euros. Esto equivale a 14 pagas de 945». De esta manera, el sindicato quiere demostrar que el problema en Venturo XXI no fueron los costes de personal, sino «la gestión nefasta de los primeros años» de funcionamiento de la compañía, que generaron «una deuda que ahora ahoga a la empresa», máxime «en un momento en el que las administraciones», principales clientes de la cartográfica, «reducen sus contratos». CC OO recordó que Marroquín es además «uno de los miembros del consejo de administración», ante lo cual «cabe exigirle responsabilidades por su negligente actuación».

Según Comfia, tras unos primeros años de deudas, en 2009 la empresa «con una gestión más racional» obtuvo «un margen de explotación positivo», lo que demostraría «la viabilidad del proyecto, si se inyecta capital».

Por su parte, el Ayuntamiento de San Martín matizó ayer que el contencioso presentado por el PP sobre Venturo hace referencia únicamente al plan parcial aprobado por el consistorio para la zona, y no a la operación de compra de los inmuebles.