Langreo, L. M. D.

La semana pasada, el Gobierno del Principado de Asturias desvelaba que iba a tener que hacer frente al pago de 7.693.333 euros por haber sido avalista de la empresa Alas Aluminium, una operación que se llevó a cabo sin el beneplácito de la Dirección General de Presupuestos. Este aval formaba parte de una operación bancaria mucho más amplia, y cuyo objetivo, en principio, era dar a Alas Aluminium la posibilidad de seguir adelante con su actividad. Tan sólo cuatro años después de su creación, la gran apuesta de la reactivación económica en el Nalón ya estaba herida de muerte. El crédito avalado por el Principado se firmó el 24 de junio de 2009, y la hipoteca firmada tenía un valor de 34.988.824 euros. La quiebra de Alas supuso el progresivo despido de unos 270 trabajadores.

En esta operación, por la cual Alas Aluminium se quedaba prácticamente sin ningún activo en propiedad, participaron una docena de entidades bancarias: Cajastur (22,66%); el Banco Herrero (9,36); BBVA (8,2%); el Banco Español de Crédito (6,29); el Banco Santander (13,64%); Bankinter (3,51%); el Banco Popular (7,68); la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (5,52%); el Banco Guipuzcoano (5,44); la Caja de Ahorros de Galicia (8,22%); La Caixa (4,75%) y el Banco Pastor (4,56%). El principal aval de la operación fueron los edificios de Alas en la antigua escombrera del pozo María Luisa de Ciaño, un suelo que le había salido gratis a la empresa merced a la participación de Hunosa (a través de su órgano de diversificación económica Sadim) en el proyecto. La parcela en la que se asienta Alas tiene una superficie de 103.140 metros cuadrados, con una nave principal de 42.848 metros cuadrados; un edificio de oficinas de 1.830 metros cuadrados y una segunda nave de 3.999 metros cuadrados. Al margen de esta hipoteca, sobre los activos de Alas Aluminium también pesa un embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 443.624 euros.

Los propietarios de Alas Aluminium decidieron suscribir esta operación bancaria cuando la empresa, que recibió 16 millones de euros de fondos mineros (12 para su instalación y 4 más en una ampliación posterior), ya estaba con el agua al cuello. Pese a que la firma, entre ayudas, los terrenos gratuitos y la participación pública les salió prácticamente gratis a los socios, en 2009 arrastraba ya unas deudas que rondaban los 37 millones de euros. En 2011, cuando entró en concurso de acreedores, esta cantidad se había disparado hasta los 58,5 millones de pérdidas. Alas Aluminium es propiedad de seis socios privados: el Grupo TAS (Talleres Asipo); Fadasa; Alfer; José Pérez Noriega (de Aluminios de Teverga); Edinain y Alucris. Cuenta además con un amplio respaldo público, con Sadim, la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Sodeco.

Los trabajadores habían denunciado en su día la «nefasta» gestión de la dirección de la empresa. Esta gestión ha sido objeto de denuncia ante la Junta General del Principado por parte de la Plataforma de Defensa del Medio Ambiente del Nalón, que ya en su día, antes incluso de la instalación de la factoría, había denunciado «irregularidades» en su constitución y la ilegalidad de la construcción de la nave, demasiado cercana a poblaciones (El Entrego y Ciaño) pese a su actividad contaminante. Esta denuncia ha quedado temporalmente aparcada hasta que vuelva a retomarse la actividad parlamentaria en la Junta, y es uno de los temas pendientes que aún deberán tratarse.

La Plataforma reclama que «se determine si la descapitalización de Alas fue motivo de supuestas desviaciones millonarias a las empresas privadas», a sus socios, así como «investigar el baile de nombres en revocaciones, ceses y nombramientos en el Consejo de Administración de Alas Aluminium», donde ejercieron como apoderados y dirección «Francisco Mora Orta, Pablo Rodríguez López, José Manuel López Abad, Pedro Antonio Jiménez Carmona, Arcadio Álvarez Díaz y Gregorio Rabanal Martínez».