07 de junio de 2012
07.06.2012
 
La gestión de la Administración municipal
 

El PP denuncia contrataciones «ilegales» y descontrol del gasto en San Martín

Los populares afirman que las adjudicaciones, que llevarán al fiscal, se hacían sin concurso como contratos menores, lo que critica la Sindicatura de Cuentas

08.04.2012 | 02:00
Joaquín Fernández.

Sotrondio,


Miguel Á. GUTIÉRREZ


El PP de San Martín del Rey Aurelio esgrimió un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la situación de las arcas municipales correspondiente a 2008 para denunciar la «negligencia, mala gestión e ilegalidades» detectadas en la forma de actuar del Gobierno local del PSOE. «Son continuas, como demuestra el informe, las ilegalidades en materia de presupuestos, personal, plazos legales de rendición de cuentas y procedimientos administrativos, con un nulo cumplimiento de la ley en lo que respecta a las contrataciones municipales», explicó Joaquín Fernández, presidente de la Junta Local del Partido Popular.


Fernández hizo hincapié en que el informe destaca que se recurre de forma permanente, a la hora de contratar obras y servicios, a la fórmula de contratos menores. «Esto supone adjudicar a dedo todo tipo de contratos sin realizar ningún tipo de concurso», expresó el dirigente popular para exponer a continuación que, bajo esta fórmula, según constata la Sindicatura, se adjudicaron, en 2008, 270 contratos menores por un importe de 3,5 millones. Además, cinco empresas se llevaron contratos por un importe de 1,8 millones.


El presidente de la Junta Local de San Martín aludió a un contrato adjudicado por valor de 35.000 euros a Almacenes Pumarín -imputado en el Caso Marea, según remarca Fernández- para el amueblamiento de las oficinas de los Servicios Sociales: «Este contrato fue adjudicado como menor cuando excede con creces la cantidad de 18.000 euros que marca la ley».


En la misma línea, Fernández subrayó que el informe de la Sindicatura indica que en ninguno de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento durante 2008 se deja constancia ni se motiva la necesidad e idoneidad del contrato, ni se justifica adecuadamente la elección del procedimiento. El dirigente popular apunta, además, que en ninguno de los contratos de procedimiento negociado se negoció con las empresas adjudicatarias y que a las firmas que obtuvieron contratos ni siquiera se les exigió estar al corriente de pago de las deudas tributarias y con la Seguridad Social, como marca la normativa.


También remarca el dirigente del PP que la Sindicatura entiende que en el presupuesto municipal de 2008 se consignaron ingresos no realizables y que el Ayuntamiento gastó ese año 38.493 euros en gratificaciones a funcionarios municipales sin justificar debidamente el motivo del pago, y otros 16.961 euros en los que ni siquiera se aportó justificación.


Fernández aseguró que, por todo ello, el PP «trasladará a la Fiscalía Anticorrupción la información para que se depuren responsabilidades por parte de los políticos que han ordenado estas contrataciones ilegales» y de los funcionarios que los «han apoyado con su firma y mirando para otro lado».

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