El futuro del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas "Stephen Hawking", de Barros, será analizado el próximo lunes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en una reunión a la que asistirá el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. Los representantes de las administraciones local y regional acuden al encuentro con el objetivo de arrancar un compromiso a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, para poner en funcionamiento las instalaciones, que carecen de equipamiento en su interior.

Pedirán aclaraciones además sobre la cuantía que se destinará finalmente al centro de discapacitados ya que el proyecto de Presupuestos del Estado no lo clarifica. El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) dispone de una cuantía global de más de 10 millones de euros que se emplearían en varias actuaciones, entre ellas la "finalización y puesta en funcionamiento del centro Stephen Hawking" pero también reformas, mejoras y reposición del mobiliario de los centros del Imserso en el país y para el funcionamiento de tres centros de referencia estatal creados en 2015 y ubicados en Valencia, León y Soria. El equipamiento previsto en el proyecto ascendía a dos millones de euros.

El encuentro se ha concertado después de que el regidor langreano remitiese una carta a los diputados y senadores nacionales por Asturias de las diferentes formaciones en las que les solicitaba que "se interesen" y luchen por el centro de discapacitados. El Ministerio de Sanidad aseguró cuatro meses atrás que elaboraría una auditoría con las actuaciones que tendrían que acometer en el centro de discapacitados "Stephen Hawking" para concluir los trabajos.

El presupuesto de la actuación ronda los 500.000 euros y se centra en la reparación de anomalías detectadas fruto del deterioro causado por el paso del tiempo en el edificio. Las obras de construcción quedaron paralizadas en octubre de 2012 tras entrar en preconcurso de acreedores la unión temporal de empresas (UTE) que ejecutaba la obra. Los trabajos fueron reanudados dos años después por Tragsa con un presupuesto de 536.000 euros.