El Tribunal de Cuentas investiga la contratación del anterior plan informático del Ayuntamiento de Langreo dado que "pudiera ser constitutivo de un supuesto de responsabilidad contable por alcance". El órgano fiscalizador ha decidido, tras el análisis de la documentación remitida por el Consistorio el pasado mes de mayo, elevar las actuaciones a la sección de Enjuiciamiento para que proponga a la comisión de gobierno el nombramiento de un delegado instructor. Los hechos que se examinarán en esta fase del procedimiento se remontan a 2010, cuando Esther Díaz era alcaldesa de Langreo.
El caso fue destapado tras una denuncia de Izquierda Unida (IU), que alertó al fiscal de la existencia de presuntas irregularidades. Las investigaciones se centraron en la firma del acta de recepción de los servicios de las fases III y IV del plan informático municipal, que fue adjudicado a la empresa Andago Ingeniería, sin que el trabajo estuviese terminado. El Ayuntamiento perdió "213.000 euros de dinero público" y quedó en la "edad de piedra de la mecanización informática", destacó entonces la coalición.
Dentro de la responsabilidad contable, el concepto de alcance se refiere al "saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos", según refleja la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. El ministerio fiscal solicitó a principios de septiembre a la consejera de cuentas que propusiese a la comisión de gobierno el nombramiento del delegado instructor para llevar a cabo la investigación de los hechos trasladados para determinar si pueden ser o no generadores de responsabilidad contable. La resolución fue firmada el pasado 28 de septiembre.
La decisión de poner el caso en conocimiento del Tribunal de Cuentas y también de la Sindicatura de Cuentas fue adoptada en septiembre del año pasado en Pleno, tras una moción presentada por IU. La propuesta de la coalición obtuvo el apoyo de PP, Foro Asturias y Frente de la Izquierda además del de la organización promotora. El PSOE se abstuvo. Siete meses después la comisión dio el visto bueno a que se trasladase al órgano fiscalizador el expediente para que procediese a su enjuiciamiento contable y, según la moción de IU, determinase en su caso las responsabilidades directas y subsidiarias y exija, si procede, "la restitución por los responsables de la quiebra patrimonial sufrida por el Ayuntamiento".
Y se pidió a la Sindicatura de Cuentas de Asturias que se encargue de la fiscalización tanto de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento de la Administración General del Estado durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para la modernización de la administración y la implantación de la administración electrónica como de los contratos derivados de dichas ayudas".
El equipo de gobierno municipal que tomó posesión el pasado mes de junio destinó en el presupuesto de este año 350.000 euros a inversiones en informática en el Ayuntamiento. La mejora de estos servicios ya se ha puesto en marcha. La primera fase ya está adjudicada y en la comisión informativa de Hacienda celebrada esta semana se aprobó el pliego de condiciones para contratar la segunda fase. Este bloque de trabajos tiene un presupuesto de 225.000 euros.
