Langreo y San Martín del Rey Aurelio volverán a reunirse la próxima semana para reiniciar el proceso que ponga fin al conflicto que mantienen por sus límites territoriales. El encuentro de las comisiones de deslinde ha quedado fijado para el próximo martes en el Ayuntamiento de Langreo y asistirán representantes de los diferentes grupos políticos con representación municipal y técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El procedimiento se retoma, de esta forma, en la etapa de instrucción tras determinarlo así el Principado.
La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente decidió que las dos comisiones deberán acordar deslindar el tramo de línea límite que estimen conveniente pero "éste deberá quedar necesariamente circunscrito dentro del ámbito que se desprende del acta de 1889". Esta es la base sobre la que trabajarán las delegaciones de los Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo en la reunión del próximo martes.
El gobierno local de éste último Consistorio defiende la tesis ya expuesta en el mandato anterior, que se basa en los límites recogidos en el acta de deslinde del año 1889, aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez. Según su propuesta, se incluiría una "pequeña superficie" del polígono de Santa Ana, en El Entrego, que es propiedad de Hunosa y en la que se proyecta implantar un parque empresarial. San Martín ha abogado durante todo el proceso por recurrir al documento de 1918.
El Instituto Geográfico Nacional había trasladado a los dos Ayuntamientos y al Gobierno regional una propuesta de deslinde y el Servicio de Cartografía del Principado había emitido su informe técnico. El documento elaborado por el organismo dependiente del Ministerio de Fomento coincide en gran medida con la tesis defendida desde Langreo, lo que provocó que San Martín presentase alegaciones.
El litigio se ha centrado en una superficie de 306 hectáreas. En esa zona se encuentran los núcleos de El Carbayal y Folleo, que según el informe del Instituto Geográfico Nacional, pertenecen a Langreo. Las discrepancias entre los dos concejos se centran en el tramo comprendido entre los mojones 5 y 6, desde las proximidades de El Entrego al punto que separa los dos concejos de Mieres, el Pico de las Cruces.
Las comisiones de deslinde de los dos ayuntamientos acordaron que el conflicto quedaba limitado al tramo comprendido entre esos dos mojones del acta de 1918 aunque el documento declarado válido es el de 1889. Y el inconveniente fundamental surgió debido a que uno de los mojones de ese deslinde no coincidía en ningún punto con la línea trazada en el documento anterior. El IGN optó por unir esas dos líneas y ese es el punto conflictivo que se tiene que analizar de nuevo, según el dictamen del Principado.
El organismo del Ministerio de Fomento se basó en el deslinde de 1889, ya que aunque no fue el último practicado sí tenía el visto bueno de los dos ayuntamientos afectados. No obstante, el Principado reconoce en su informe que existen dificultades interpretativas de ese acta ya que se hace mención a una serie de parajes, lugares e hitos que seguramente eran conocidos en la época pero que ahora no son fácilmente identificables sobre el terreno.
Ese problema pudo ser superado por los servicios técnicos del centro de cartografía y del Instituto Geográfico al recurrir a otros documentos, entre ellos mapas, testimonios o fotografías aéreas. El Ayuntamiento de San Martín reflejó en sus alegaciones que en el texto de 1889 existen "imprecisiones", por lo que defendió que se recurriese al de 1918. Aunque a ese deslinde no se presentó la comisión del Ayuntamiento de Langreo, a pesar de que fue convocada. Para resolver expedientes de estas características, según sostiene el Instituto Geográfico Nacional en su informe, se tiene que recurrir al resultado de "deslindes anteriores, practicados de conformidad con los municipios interesados".
