Unos comparten su defensa del derecho de los padres -y "no de Estado"- a elegir el modelo de educación que prefieren para sus hijos, y otros consideran que sus declaraciones son "un insulto a nuestra sociedad", al amparar intereses económicos de empresas privadas y propugnar la enseñanza de creencias que sólo profesa una parte de la ciudadanía. Las declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, publicadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA, referidas a los cambios de la legislación educativa que propugna el Gobierno central, han generado una honda controversia. "Se está usurpando a los padres el sacrosanto derecho de educar a sus hijos según ellos consideren mejor: en vez de esto, se les dificulta hasta la imposibilidad que puedan hacerlo, y se les impone una ética de Estado para adoctrinar ideológicamente", subrayó el Arzobispo como respuesta a los planes del Gobierno central del PSOE sobre la asignatura de Religión, cuya nota ya no contará, y el proyecto de otorgar preminencia a la escuela pública sobre la concertada.
"El Arzobispo tiene perfecto derecho a opinar, como cualquier ciudadano", señaló Juan Luis González, secretario general de la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas). A juicio de Emma Rodríguez, portavoz del sindicato Suatea, hablar de "dictadura totalitaria", como hizo Sanz Montes el pasado viernes en su cuenta de Twitter, "es un insulto a nuestra sociedad". Rodríguez considera censurable que se critique "que el Estado debe garantizar la escuela pública por encima del interés de las empresas privadas dedicadas a la educación".
Desireé Fernández Peláez, presidenta en Asturias de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), sitúa la prioridad en "respetar la libertad de educación y la libertad religiosa, en definitiva el artículo 27 de nuestra Constitución". "El derecho de educar a sus hijos según sus convicciones es de las familias, no del Estado", argumentó Desireé Rodríguez.
Los trabajadores de la red concertada sostienen, en relación a la asignatura de Religión, que "la propuesta del currículum corresponde a los políticos, pero debe ser fruto del consenso". "No debe haber asignaturas de primera y de segunda", enfatizó Juan Luis González. Emma Rodríguez ve las cosas de un modo muy distinto: "Cada cual podrá profesar la religión o la ideología que considere, pero no es admisible que se imponga su estudio en la educación pública y mucho menos que sirva como mérito para entrar en la Universidad".
El secretario general de Otecas hace hincapié en que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda". Y agrega: "Cuando la ministra habla de dar prioridad a la red pública sobre la concertada, y al mismo tiempo habla de igualdad de oportunidades del alumnado, está incurriendo en una contradicción. Tendrá que explicar en qué consiste esa prioridad, y si supone menos recursos para una parte del alumnado". Para la presidenta de la Concapa en Asturias, "tiene que garantizarse la satisfacción de la demanda social, pues es la única manera de estar en un sistema democrático; si no se garantiza, pasamos a un Estado totalitario".
En la valoración de los partidos políticos, división de opiniones y silencio. El PSOE y Podemos no juzgaron las declaraciones del Arzobispo. El diputado David González Medina (PP) calificó de "lógica" la reacción del Sanz Montes ante "los ataques de la ministra de Educación porque no puede extrañar que el Arzobispo defienda su religión". El diputado aseguró que "la asignatura de religión no supone una catequización de los alumnos sino la enseñanza de su influencia en la historia, la cultura y el arte". Para Nicanor García, "el Gobierno debe abordar un tema tan sensible en la mesa sectorial de negociación de la escuela concertada".
Alejandro Suárez, el secretario de organización de Izquierda Unida insistió en sus críticas al prelado: "Como católico, además de como dirigente de IU, aspiro a que la iglesia católica me represente. El Arzobispo debe pedir perdón, confesarse y también le exigimos el propósito de enmienda".
