Las nuevas solicitudes para el Salario Social Básico del Principado de Asturias se han reducido hasta situarse en niveles similares al inicio de la crisis económica. Pero eso no significa una reducción del número de beneficiarios, que se mantiene contenido pero superando los 22.000 titulares. De hecho, el pasado mes de febrero (últimos datos disponibles) llegaba a las 22.506 personas. El coste de esta ayuda se situó el año pasado en 22.553.634 euros, una cifra que según las previsiones se mantendrá en este ejercicio.
Asturias es la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de titulares y personas beneficiarias. La Ley de Salario Social Básico, aprobada en 2005, entró en vigor en 2006 con 6.420 solicitudes, que a final del ejercicio se tradujeron en 4.317 beneficiarios. Las previsiones eran que, según las características socialdemográficas de Asturias, podría haber 7.000 hogares en situación de pobreza grave o exclusión.
La situación se mantuvo en ese entorno hasta que llegó la crisis. A partir de 2012, cuando la recesión económica impactó de lleno en la economía asturiana, se empezaron a disparar tanto las solicitudes como el número de beneficiarios. En cuatro años se superaron los 20.000 titulares de las ayudas, una cifra que siguió aumentando hasta el día de hoy, que parece estar estabilizada pero por encima de los 22.000. Esto se explica por varios motivos, como que su duración es indeterminada y muchas personas siguen en nómina porque la transformación del mercado de trabajo las ha dejado fuera del circuito laboral y carecen de otros ingresos.
La tasa de cobertura casi se ha cuadruplicado a consecuencia de la crisis, con un mayor incremento precisamente cuando más aumentó la tasa de pobreza. Una de las razones, quizás la principal, es que esta ayuda atendía a finales de 2016 a más titulares de los que cobraban el desempleo, el subsidio y la renta activa de inserción. Además se permitió compatibilizar los ingresos inferiores al salario social con esta prestación.
Esta renta mínima se convirtió así en el principal mecanismo de lucha contra la pobreza en miles de hogares, en los que una cuarta parte de los beneficiarios eran menores, tanto en familias monoparentales como de parejas con hijos a su cargo. Pero además, un porcentaje elevado son mujeres con bajas pensiones.
La mejoría económica
La mejoría económica, y el incremento de personal y recursos técnicos para atender a los demandantes y beneficiarios, permitió el año pasado reducir en un millar los expedientes pendientes de tramitar, y en más de 2.000 las solicitudes tramitadas, además de las altas y las bajas.
El registro actual muestra que el número de bajas se redujeron de manera constante, y más numerosa a partir de 2014, aunque la cifra de nuevas altas no empezó a descender hasta 2016, hasta quedar ambas casi a la par en 2018. Así, frente a 3.443 nuevas altas se produjeron 3.281 bajas ese año.
La tendencia se mantiene en los primeros meses de este ejercecio. Al cierre del mes de febrero (último datos disponibles), había 460 solicitudes, con 486 bajas y 501 nuevas altas. Los expedientes pendientes de tramitar eran 685, muy lejos de los más de 1.700 que se llegaron a acumular en 2016 y 2017. Y los que han sido tramitados durante los dos primeros meses de este año ascendieron a 2.287. Las nuevas solicitudes también han empezado a reducirse, hasta situarse a finales de 2018 en niveles similares a cuando se inició la crisis económica.
En el año 2012 se registraron 3.842 peticiones y al cierre del pasado ejercicio se estaba en 3.717. Si se analiza, por ejemplo, el mes de febrero de los últimos cuatro años se ve que ese descenso, en ese mes, es ahora la mitad que en el mismo mes de hace cuatro años.
Dicho de otra manera, en una década el Salario Social ha sido el último recurso económico para el triple de las familias de para las que fue diseñado. Y sigue siendo así.
