El Principado estudiará fórmulas para que los beneficiarios del Salario Social trabajen, y no perciban la renta pública sin contraprestaciones, como ocurre en la actualidad. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Melania Álvarez, asegura que este planteamiento coincide con el del Ejecutivo regional de intensificar la colaboración con el Servicio Público de Empleo y proporcionaría una salida laboral. A 31 de julio, según los últimos datos cerrados, la nómina del Salario Social superaba los 71 millones de euros para más de 22.000 titulares.
La propuesta la realizó el diputado de IU Ovidio Zapico, en el último pleno de la Junta General planteando la posibilidad de crear empleo "verde y social". En concreto se refirió a la posibilidad de que los beneficiarios del salario social podían formarse para trabajar en la erradicación de especies invasoras, como la avispa velutina y el plumero de la Pampa.
El consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo no rechazó la propuesta. Señaló que el Principado estaba recurriendo al Serpa, pero admitió la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones hechas en agosto y que harán falta más recursos para abordar la lucha contra las especies invasoras.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales fue ayer más clara a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, y señaló que la propuesta del diputado de IU "está en sintonía con el planteamiento del Ejecutivo regional". Otra cosa, matizó, es que "habrá que estudiar cómo se concreta, en qué, para qué y cómo. Hay que pensar programas concretos y su diseño legal", indicó. Respecto a la idea en concreto planteada por Ovidio Zapico, Melania Álvarez señaló que "puede ser una más de otras tantas que se puedan plantear y que habría que estudiar".
Esta advertencia tiene que ver con los problemas que acabaron suponiendo otros programas anteriores, como los planes locales de empleo, que fueron denunciados y los tribunales le dieron la razón a los beneficiarios. La consecuencia fue que los ayuntamientos se vieron obligados a incorporarlos como personal fijo de plantilla y abonar cuantiosas cantidades de dinero en concepto de despidos.
Melania Álvarez señaló que el salario social "es un derecho, pero también conlleva obligaciones por parte de quienes lo reciben", y la propia ley que lo regula establece el compromiso por parte del titular de suscribir un programa personalizado de incorporación social con acciones orientadas, entre otras, a la inserción laboral.
Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos beneficiarios de esta prestación pública es que una vez que la están cobrando, si firman un contrato de trabajo temporal, dejan de percibir el salario social. Y una vez que dejan de trabajar tienen que volver a solicitar la prestación, que tarda meses en percibirla de nuevo. Durante todo ese tiempo, no recibirá ningún ingreso. Eso explicaría, en parte, por qué muchos de los beneficiarios rechazan algunos empleos que incluso son sólo para unos días o unas semanas. Solucionar esta burocracia y retrasos es otro de los retos que se plantea la Consejería.
La nueva ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación en el Parlamento asturiano, incluirá una mayor coordinación entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y el Servicio Público de Empleo, para facilitar un mayor control y la incorporación al mercado laboral de las personas que reciben el salario social.
