El decreto de estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea algunas dudas a los constitucionalistas, especialmente en lo que atañe a la gestión, que se ha dejado en manos de los presidentes de las comunidades autónomas. Para el catedrático Francisco Bastida, "el Gobierno tiene que tomar las riendas, no puede desentenderse de la gestión del estado de alarma". El catedrático Ramón Punset indica que la Constitución recoge únicamente que el estado de alarma puede decretarse para un solo territorio, en cuyo caso puede delegarse en el presidente regional, "pero no contempla que pueda extenderse a todos los presidentes de comunidad".
El anuncio de que el estado de alarma se extenderá hasta el 9 de mayo es también mucho suponer. "El estado de alarma solo puede ser por quince días y prorrogado por el Congreso por el periodo que le parezca. Lo que se propone es adelantar la solicitud de prórroga esta semana para extenderlo hasta mayo, sin perjuicio de que el Gobierno informe cada quince días. Pero el Gobierno solo está autorizado a declararlo, previa información a la Cámara, por quince días. El Congreso puede variar las condiciones de ese estado de alarma", expone Ramón Punset.
En cuanto a que sean los presidentes regionales quienes vayan a gestionar el estado de alarma, Punset admite que "suscita cierta perplejidad en la ciudadanía". Según la ley del estado de alarma de 1981, "la autoridad competente es el Gobierno central y, por delegación, el presidente de la comunidad (en singular) cuando afecte al territorio de esa región. Me pregunto si encaja esa delegación generalizada a la que se refiere el actual decreto, porque el legislador sólo ha pensado que pudiese establecerse en una sola comunidad, no contempla que se pueda extender a todo el territorio y que los responsables sean los presidentes regionales", añade Punset. "El legislador del 81 no contempló la posibilidad de una pandemia tan espectacular como la que sufrimos", cree.
No obstante, que sean los responsables los presidentes regionales no debería chocar tanto, puesto que las comunidades autónomas tienen conferidas las funciones de sanidad interior, remarca. "Al Estado le queda la coordinación general de la sanidad".
Por tanto, la idea de cogobernanza en esta materia "es admisible en un Estado complejo como este. Nadie como las comunidades para establecer la intensidad y la onerosidad de las medidas. El riesgo de que cada comunidad tome medidas diferentes no es ningún riesgo, es la capacidad de autogobierno".
Para el catedrático Francisco Bastida, la Constitución establece que la dirección del estado de alarma se centra en el Gobierno, pero puede delegar en las comunidades autónomas, "lo que no debería suponer un desistimiento por parte del Gobierno central, el dislate de que cada comunidad tome medidas que en unos casos priman la salud frente a la economía, o la economía frente a la salud".
Para Bastida, "debe haber un control por parte del titular de la competencia, que es el Gobierno central, porque puede haber comunidades que tomen decisiones por razones políticas y no en función de la situación epidemiológica, como ha ocurrido en Madrid y en otras comunidades". Y es que "el Gobierno tiene que tomar las riendas".
En cuanto a la pretensión de que el estado de alarma se alargue hasta mayo, "un horizonte muy amplio", "corresponde al Congreso establecer su límite". A Bastida, lo que le parece "absurdo" es la negociación que se produjo en cada prórroga del anterior estado de alarma.
Toda esta situación se hubiese evitado, cree el experto, si el Gobierno central hubiese aprobado en los últimos meses una ley de emergencias sanitarias, que evitaría los estados de alarma y sentaría las bases de cómo debe funcionarse en estas situaciones. "Ese trabajo no se hizo y ahora se pagan las consecuencias. Cada autonomía ha ido haciendo lo que quiso, y ahora se ha visto que no tienen capacidad para tomar las decisiones que deben o necesitan tomar. Es responsabilidad del Gobierno", sentencia el catedrático de Derecho Constitucional.
